Renuncia el subdirector de Seguridad Pública de Zihuatanejo; regresa a la UCD




El subdirector de Seguridad Pública municipal de Zihuatanejo, Bernardo Solís Radilla, anunció este sábado su renuncia al cargo con el argumento de que decidió dedicarse de lleno a la gestoría social en la Unión Campesina Democrática (UCD), organización que representa en la región de la Costa Grande.
En conferencia de prensa –en la que estuvo presente el dirigente nacional de la UCD, José Durán Vera–, Solís dijo que en los próximos días su organización requerirá de todo su tiempo, “porque son muchos los asuntos a los que tenemos que buscarles una solución y eso se lo expusimos al presidente municipal, Silvano Blanco Deaquino, y él aceptó de buen agrado mi dimisión”.
A pregunta expresa, el ex funcionario rechazó que haya sido presionado por Blanco para dejar su puesto, después de que como dirigente de la UCD en la región decidió apoyar a los dirigentes de colonias irregulares para exigir el cumplimiento del proceso de regularización y la destitución el director del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, Albert Vázquez Rosas.
“No, nada de eso, el alcalde jamás me pidió algo así, pero hablamos sobre mi quehacer en la UCD, le expliqué que me gusta ser policía pero que también me gusta luchar por las causas sociales y que prefiero dedicarme a la gestoría social porque hay mucha gente que necesita el apoyo de nuestra organización, les digo, el presidente lo entendió y quedamos en buenos términos”.
Durante la administración que encabezó el ex alcalde Amador Campos Aburto, Solís Radilla fungió como comandante de sector en la policía preventiva; y en el actual gobierno municipal, asumió el cargo como subdirector de Seguridad Pública, nombramiento que le fue entregado públicamente el 2 de diciembre de 2005 por el alcalde Silvano Blanco.
Entrevistado a ese respecto, el edil calificó la renuncia de su colaborador como “normal, hay compañeros que tienen actividades variadas y que toman decisiones personales y uno tiene que respetar esas decisiones”.
“Yo no influí para que dejara el cargo, esto (su renuncia) fue una decisión personal de Bernardo; platicamos en buenos términos, tengo entendido que tiene otras responsabilidades más a las cuales quiere dedicar tiempo y en ese sentido, lo único que tengo que hacer es respetar la decisión del compañero”.
Blanco dijo que la Dirección Municipal de Seguridad Pública funcionará sin la figura del subdirector, “hasta que nosotros posteriormente tomemos una decisión en torno a esto; siempre en este tipo de espacios hay que buscar a una persona que consideremos que aparte de que tenga capacidad, tenga también un compromiso serio con nuestro municipio porque la seguridad pública del municipio es un área de mucha responsabilidad”, expresó.

Resuelto, el conflicto entre un particular y posesionarios de Playa Larga: UCD



Brenda Escobar Zihuatanejo

El dirigente nacional de la organización Unión Campesina Democrática (UCD), José Durán Vera, informó este sábado que el conflicto que posesionarios de 6.2 hectáreas de terreno en Playa Larga, perteneciente al ejido de Agua de Correa, sostenían con el particular Alejo Maldonado Cuevas, ya quedó solucionado y que sólo hace falta que la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) le entregue a Maldonado 4 millones de pesos para que se cierre totalmente.
Durante una reunión en la casa ejidal de Agua de Correa, el sábado 29 por la noche, Durán Vera dio a conocer el resultado de la audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Unitario Agrario 41, en Acapulco, ante el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, donde el presidente del comisariado ejidal, Bernardo Solís Radilla, presentó una promoción.
Explicó que la junta se hizo en base a que “el ejido había hecho ya una propuesta totalmente generosa para resolver este asunto, si este señor Alejo Maldonado Cuevas, no aceptaba dar por cumplida la ejecución con estas condiciones, el magistrado ya estaba obligado a declarar inejecutable esta sentencia”.
Este conflicto data desde 1991, cuando Alejo Maldonado reclamó como suyas las 6.2 hectáreas de terreno que tienen en posesión 198 familias y durante el transcurso del litigio, un magistrado dictó que el particular tenía razón, pese a que jamás presentó un documento que acreditara la posesión de esas tierras, por lo que en ocho ocasiones, los ejidatarios y posesionarios se han opuesto a igual número de órdenes de desalojo, la última ordenada en octubre del año pasado.
Durán aseguró que si el magistrado no hubiera dado curso al recurso de promoción que presentó Bernardo Solís, “nosotros podíamos acusarlo ante el Tribunal Superior Agrario de no atender un reclamo jurídico que tenía absoluto fundamento en la ley de Amparo y en la ley Agraria en materia de ejecución de las sentencias, entonces, estaba puesto contra la pared, no tenía muchas opciones y ya el avance del conflicto jurídico que se había dado ponía en riesgo absoluto”.
Añadió que al finalizar este conflicto, “se logró detener el uso del dinero y de las influencias políticas de un sujeto”, y que con la firma de un acta que equivale a la ejecución de la sentencia del juicio agrario 35/97, concluye una lucha de más de 12 años.
“El magistrado, ya con esta acta de ejecución de la sentencia da por terminado el asunto de la pretensión de este señor Maldonado de que se le entregaran las parcelas, la superficie que supuestamente había ganado en la zona de la playa de Agua de Correa, ahí en la zona que ustedes le denominan playa Larga”, indicó.
El presunto afectado, Alejo Maldonado, recibirá por parte de la SRA, mediante el programa Focos Amarillos, un cheque por 4 millones de pesos, a modo de indemnización, el cual se será entregado a más tardar en este mes de mayo.
Además, “se respetará, porque es un hecho que este tipo tiene esa tierra en posesión, la totalidad de la parcela 577 que midió el Procede y cinco hectáreas de la parcela 578 y eso es todo lo que se le dará como compensación subsidiaria para darse como ejecutada esta sentencia (…) la forma de sacar a este señor del ámbito del ejido y no permitirle que sea parte del ejido es que esas parcelas se van a convertir en dominio pleno y van a estar absolutamente fuera del ámbito ejidal”, comentó.

El Ejecutivo federal pretendió eliminarel programa de Adultos Mayores: UCD

* Entrega su dirigente recursos en Cutzamala

Gregorio Urieta, corresponsal, Ciudad Altamirano * El dirigente nacional de la Unión Campesina Democrática, (UCD), José Durán Vera, dijo en entrevista que esa organización no permitirá que desaparezca el programa de Adultos Mayores, pues el Ejecutivo federal pretendió desaparecerlo para el presente año, cuando la Secretaría de Hacienda no programó recursos para su funcionamiento.

El también presidente de la comisión de Ordenamiento de la Propuesta Rural en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural e integrante de la comisión de Desarrollo Económico del mismo, dijo en entrevista, luego de participar en la entrega de recursos a adultos mayores de Guerrero y Michoacán, durante una reunión llevada a cabo en Cutzamala a instancias del coordinador de la UCD en Guerrero, Serapio Navarro Rayo, que las acciones ordenadas por el gobierno federal son producto de una movilización nacional de campesinos y que el gobierno las pretende convertir en acciones de respuesta inmediata a los campesinos y de la misma forma desaparecerlas, lo que la UCD no desaparecerá a pesar de las presiones de otras organizaciones que no movieron un dedo para lograr estos beneficios.

Dijo que para el presente año la Secretaría de Hacienda no había incluido al programa en la programación presupuestal y que el presidente Vicente Fox pretendió crear un Fondo de Atención a los Adultos para manejar ellos los recursos que logró la UCD. “Seremos inflexibles. Los recursos los logramos las organizaciones y no vamos a permitir que se quiten”, dijo Vera.

Respecto al cambio de normatividad para la operación del programa que presuntamente cambiaría a solicitud de los presidentes municipales priístas de Guerrero, dijo que las propuestas para cambiar la normatividad se reciben en el Consejo Agrario Permanente hasta el 28 de febrero y hasta este momento no se ha recibido ninguna.

En todo caso, dijo, la comisión que él preside tendría que aprobar el cambio en las normas de operación. “Sería un grave error cambiarlas sin consultarnos, pues las normas fueron elaboradas a la luz pública y en ello participaron presidentes municipales y gobernadores”, dijo Vera, quien aseguró que no están usando los recursos con fines partidistas, sino que se atiende a todos por igual.