En el tercer Encuentro nacional de familiares, amigos y organizaciones sociales por la libertad de los presos políticos, se denunciaron desapariciones, asesinatos y encarcelamientos políticos a quienes denuncian y exigen justicia ante los atropellos del Estado, y se exigió la libertad de los presos políticos en el país.
La líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado García dio la bienvenida a los asistentes en un enlace telefónico.
Dijo que desde Estados Unidos se mantiene la coordinación de acciones para seguir luchando por la libertad de los presos, y que se necesita la fuerza de todos para exigir la libertad de los presos, que el gobierno de México acepte las recomendaciones de la ONU, que ya no siga criminalizando y respete el derecho a la lucha, “tenemos que hacerles entender que nosotros sólo queremos paz y luchamos por el bien común”, pidió.
La integrante del Comité Nacional por la Libertad de los Presos y Presas Políticas del país, Yolanda Barranco dijo que el encuentro se da ante el aumento en México de la criminalización de la protesta social, la violación a los derechos humanos, y los montajes policiales y detenciones arbitrarias, que son una constante contra los luchadores sociales.
Yolanda Barranco aseguró que en el país sí hay presos políticos, y por eso organizaciones como la ONU se han manifestado contra las detenciones arbitrarias y las violaciones del debido proceso de los activistas, como en el caso de su esposo Damián Gallardo.
Entre las actividades en Olinalá, las organizaciones de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Guerrero coincidieron en caminar unidos ante las desapariciones forzadas, detenciones y asesinatos del Estado, que cuenta con las corporaciones policiacas y de justicia del país para inculparlos.
Llamaron a romper el cerco informativo de las grandes empresas de medios como Televisa y TV Azteca, y llevar la información a los vecinos, a las comunidades donde no llega, para que se enteren de que hay gente que está presa por defenderse.
En la mesa Defensa del territorio: las policías comunitarias y la justicia comunitaria como forma de defender el territorio, contaron las experiencias de las policías comunitarias de Olinalá, Huamuxtitlán, Metlatónoc, y las autodefensas de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
De Olinalá, el orador fue Giovani Torres Salgado, quien narró que se levantaron ante los secuestros y la nula intervención de la Policía municipal para frenar los delitos; dijo que cuando se incorporaron a la CRAC- PC molestaron a los grupos caciquiles, como el del presidente en turno, Eusebio Rodríguez González, y el síndico municipal, lo que llevó a la detención de Nestora Salgado.
De Huamuxtilán habló el policía Emiliano Cruz, de Tlalqueltzala, quien contó que surgieron porque una banda de delincuentes les robaba y acuchillaban a los vecinos, respaldada por el síndico procurador de Huamuxtitlán; aclaró que no son guerrilleros, que buscan justicia, vivir tranquilos y en paz, y criticó que los comunitarios permanezcan presos mientras a los delincuentes que detienen salgan libres en tres días.
El policía José Vázquez Espinoza confirmó que son campesinos y que se levantaron tras 17 secuestros en la cabecera municipal.
Por su parte, el policía Pablo Gonzaga Campos, de la comunidad de Tehuaxtitlán, contó que su padre fue secuestrado por las autoridades municipales cuando exigió sus derechos, “perdimos el miedo y nos dimos cuenta que hay jóvenes que se metían con la delincuencia”, dijo.
El comisario de la comunidad na savi de Vicente Guerrero, municipio de Metlatónoc, Amador Mendoza informó que tiene un mes de estar en la CRAC-PC de Huamuxtitlán ante los atropellos de los policías ministeriales que detienen a la gente por llevar leña o cualquier cosa, quitándoles dinero o encarcelándolos.
En la actividad participó la esposa de Gonzalo Molina, Ausencia Norato Vázquez, quien contó que la comunitaria empezó en Acatempa ante las extorsiones a los ladrilleros de la zona y los asesinatos; dijo que su esposo empezó a difundir el proyecto y ahora está preso por nueve delitos que no cometió.
Beatriz Gálvez Macario, mamá de Samuel Ramírez, de Zitlaltepec, contó que su esposo fundó la policía comunitaria porque ya no podían salir sin ser asaltados, secuestrados o, en casos de mujeres, violadas en las brechas de los pueblos, y que desde ahí los comunitarios son un estorbo para las corporaciones policiales, que no acuden a estas regiones cuando se les necesita o sólo lo hacen para extorsionar.
Consideró que el síndico de Cochoapa el Grande les tendió una trampa a los comunitarios que fueron a detener a una persona que disparo, por lo que repelieron la agresión y ahí iba su hijo con una carabina 30-30, “por esa arma está en la cárcel, es delito injusto, ya se presentaron las pruebas”.
De las autodefensas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Evangelina Contreras dijo que la gente que enfrenta a la delincuencia está presa o desparecida por defenderse, y que el gobierno los culpa de portación de armas cuando tenían permiso del mismo gobierno.
Coincidieron en que se tienen que crear un comité jurídico para la libertad de los presos, más allá de pedir su libertad, acreditar su inocencia, demostrar que el Estado comete actos ilegales para encarcelarlos, que viola derechos humanos o el debido proceso, y que esto se evitará con la movilización y lucha social.
Entre las organizaciones participantes acudieron el Congreso Social Nacional, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre de Puebla, la CCRI-Austria, el Bloque Revolucionario Estudiantil de Puebla, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Consejo Democrático Magisterial, Los Gastos Pendejos, Comité de Presos de la Ciudad de México, Frente Popular Francisco Villa, el Comité de Apoyo a la Revolución Peruana, el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), la Coordinadora General de Comerciantes, Partido Obrero Socialista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte de Tehuantepec (Ucizoni), Coordinadora Nacional de Movimientos Populares Línea de Masas AC, Movimiento Agrario indígena Zapatista (MAIZ), y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La comunidad indígena de Cherán, Michoacán, y la sección 22 del magisterio de Oaxaca, participaron con enlaces telefónicos, los invitó a seguir organizándose contra las injusticias.