Ayuntamientos y organismos descentralizados adeudan al ISSPEG casi mil millones de pesos

La titular del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) Verónica Montoya Garduño en la entrevista para El Sur en su oficina Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ayuntamientos y organismos públicos descentralizados arrastran adeudos por concepto de cuotas al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) por 959.6 millones de pesos, y la mayor parte de los recursos corresponden a deudas “históricas”.
La directora del organismo, Verónica Montoya Garduño, informó ayer en declaraciones a El Sur, que la dirección actual tiene que recurrir a los recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa (PAFEF) para pagar puntualmente y en una sola exhibición a los más de 6 mil jubilados y pensionados.
De acuerdo a los datos del organismo, las entidades que más adeudos tienen son el ayuntamiento de Chilpancingo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), el ayuntamiento de Acapulco, el ayuntamiento de Taxco, el Sistema Municipal DIF Acapulco, los ayuntamientos de Leonardo Bravo, Atoyac. Iguala y Tixtla, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), así como los ayuntamientos de Ometepec y Cuajinicuilapa.
De acuerdo a la directora del ISSSPEG, la situación cada vez se torna más difícil financieramente para el funcionamiento de la seguridad social en el estado, porque las condiciones van cambiando, “anteriormente había más cotizantes y menos jubilados, eso permitía que llevaran una administración mejor financieramente”, argumentó Montoya Garduño entrevistada en su oficina.
Reconoció: “Ahorita es más complejo, pero gracias al apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hemos ido avanzando, pagando en tiempo y forma las mensualidades de los jubilados y pensionados”, destacó.
Aseguró que también han venido pagando “en abonos”, adicionalmente, los pasivos; es decir, se cubren “abonos” a los adeudos que el ISSSPEG arrastra desde el año 2013. Según la directora son abonos de 50 mil pesos que también se obtienen del PAFEF, “y así, vamos avanzando gracias también al apoyo de la ciudadana gobernadora”.
Adeudos históricos

Informó que el adeudo general histórico que tienen ayuntamientos, organismos públicos descentralizados, así como el Gobierno del Estado y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) -aseguró que el Congreso local va al corriente con sus pagos-, es de 959.6 millones de pesos.
De los cuales el Ayuntamiento de Chilpancingo tiene una deuda histórica de 225.50 millones de pesos con corte a septiembre del 2021, cuando terminaron las anteriores administraciones municipales. En lo que va de la actual administración el ayuntamiento de Chilpancingo ha generado una deuda de 87.11 millones con corte a diciembre del 2023, y en total la deuda asciende a 312.61 millones de pesos.
El ayuntamiento con sede en la capital, es el que más adeudos tiene, según los datos consultados en el ISSSPEG.
En orden de mayor cantidad, le sigue la CAPAMA con un adeudo histórico de 261.65 millones de pesos con corte a septiembre del 2021. En tanto que en lo que va de la actual administración con corte a diciembre del 2023 se ha generado una deuda de 35.59 millones de pesos y la deuda general asciende a 297.25 millones de pesos.
Enseguida está el ayuntamiento de Acapulco con 230.04 millones con corte a septiembre del 2021, y a partir de entonces a diciembre pasado ese ayuntamiento adeuda 16.64 millones, en tanto que la deuda general es de 246.88 millones.
Sin embargo, la directora del ISSSPEG, declaró que la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, “ha venido pagando puntual, pero a raíz del Huracán Otis comenzó a tener retrasos, pero hemos estado buscando a los funcionarios para ver de qué manera podemos avanzar con los pagos”, acotó.
Otro de los ayuntamientos que están en la lista de deudores es el de Leonardo Bravo, que tiene su cabecera en Chichihualo, con 7.64 millones de pesos con corte a septiembre del 2021, y en lo que va de la actual administración hasta diciembre pasado había acumulado otra deuda de 4.25 millones de pesos y el total asciende a 11.89 millones.
Aunque con menores cantidades les siguen los ayuntamientos de Atoyac, Iguala, Tixtla, la CAPAMI, y los ayuntamientos de Ometepec y Cuajinicuilapa, mismos que están entre los primeros 10 de la lista con mayores adeudos.
La semana pasada, trabajadores del TSJ denunciaron que el Poder Judicial del Estado tiene adeudos por 34 millones de pesos por concepto de las cuotas ISSSPEG en un corte que contabilizaron hasta diciembre del 2022, de acuerdo a datos que, informaron, obtuvieron de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Sin embargo, de acuerdo a los datos del organismo el Poder Judicial tiene adeudos por 23.80 millones de pesos.
En tanto que el Gobierno del estado adeuda 100 millones. La directora Verónica Montoya, informó que precisamente el lunes pasado fue a “visitar” a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), para gestionar el pago del “adeudo reciente y me comentaron que en esta semana se resuelve”.
Informó que de los tres poderes el Congreso local no tiene adeudos.
Explicó que la negativa a pagar de algunas entidades es lo que genera la falta de recursos en el organismo para cubrir las pensiones de los 6 mil 455 pensionados.
Indicó que el problema se ha ido resolviendo con los recursos del programa federal PAFEF, cuyas ministraciones llegan a finales de cada mes “y es así como podemos hacer frente al abono de estos pasivos”.
La directora informó que para resolver a futuro el problema de los adeudos en marzo del año pasado la gobernadora envió la iniciativa de reforma a la Ley 912 del ISSSPEG misma que está en análisis en el Congreso local.
En esa iniciativa se propone que el Gobierno del estado realice la retención directamente de las participaciones a las entidades que no entreguen sus participaciones al ISSSPEG, sobre todo los ayuntamientos.
“Nosotros esperamos que los diputados hagan conciencia, necesitamos reforzar la presión para obligar a las entidades a pagar sus cuotas y aportaciones”, declaró Montoya Garduño.
Sin embargo, reconoció que se trata de una iniciativa compleja y que tal vez por ello los diputados aún no se ponen de acuerdo.