Lourdes Chávez

Chilpancingo

La ex magistrada Mónica Güicho González, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante su ponencia sobre Violencia y acoso laboral, en la especialidad de Derecho Burocrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, señaló que ha habido mucho trabajo legal por la igualdad y la no discriminación, con poco avance en el acceso a los derechos de las mujeres a la justicia.
En consulta, indicó que este problema requiere un trabajo integral, interinstitucional, porque la desigualdad y la discriminación afectan a toda la sociedad, pero la responsabilidad del acceso a la justicia recae en el Poder Judicial de la Federación y de los estados, que no puede seguir en el mismo ritmo de respuesta a la ciudadanía.
Señaló que la reforma del Poder Judicial de la Federación viene a refundar los conceptos del acceso a la justicia, donde “los juzgadores debemos ponernos creativos para solucionar lo que la gente exige. No ser ajenos sino estar dialogando, deliberando en conjunto con la sociedad, y hacer que la gente se sienta protegida. Eso no lo hemos logrado”.
Agregó que “hace falta mucho por hacer, pero pasar de la igualdad legal a una igualdad material, real, palpable, falta mucho terreno, los estudios, los indicadores, es algo que se tiene que hacer, porque lo que no se ve no existe”.
En particular, señaló que las mujeres, un grupo históricamente marginado, víctima de violencias y discriminación, ha motivado una serie de instrumentos, que surge con la primera convención de los derecho de la mujer, en 1945 con la fundación de la ONU, la Primera Conferencia de 1975 en México, que aceleró la creación de un párrafo que expresa la igualdad del hombre y la mujer en el articulo cuarto de la constitución mexicana.
Señaló también la convención de Beijing 1995, donde se reconoce que sin mecanismos, herramientas, instituciones que aceleren el cambio, los derechos reconocidos no sirven de mucho porque siguen las violaciones y la discriminación en el mundo. Ahí, se obtuvo un acuerdo de transversalizar los derechos que involucran a la sociedad, no solo al gobierno, para tener una mayor conciencia de respeto a la dignidad humana, un trabajo integral e interinstitucional.
Destacó que la acción de las mujeres activó otros a grupos por la igualdad de personas con discapacidad, de origen étnico, de adultos mayores y LGTB, que aceleró la conciencia ciudadana, y llevó a la primera mujer presidenta de la República.
Sin embargo, opinó que la soberanía que el pueblo reclama, por libertad, justicia, y la no discriminación, se va ejercer mediante estrategias establecidas en las leyes, y con autoridades más comprometidas e impulsoras.
Como referencia, señaló que en 2024, el Banco Mundial informó que las mujeres gozan sólo de dos terceras partes de los derechos que ejercen los hombres; 67 por ciento las mujeres, respecto del 100 por ciento de los hombres, debido a la doble jornada, con una carga de trabajo no remunerada.
Indicó que esta doble jornada genera brecha de género, desgaste físico, psicológicos, económico, patrimonial, porque culturalmente la mujer es la encargada de dar los cuidados a todos los miembros de la familia que lo necesiten.
Hacer valer la constitución y convenciones internacionales

En la clase de la especialidad de Derecho Burocrático, Güicho González señaló que el juicio de amparo directo e indirecto es de autoría mexicana, contra sentencias y los actos arbitrarios de la autoridad, respectivamente, pero los tribunales actuaron con tibieza durante 70 años de partido único.
Denunció que el poder judicial no respondió conforme lo exigía la realidad, porque los sistemas estaban diseñados con ingredientes que no permitían acelerar los procesos, hasta la reforma de 2011, que elevó a rango constitucional las convenciones y tratados internacionales, aunque reconoció que se requiere aún mucha sensibilización y capacitación.
En el ámbito laboral, destacó la convención 190 de la OIT en Ginebra, en 2019, donde las sindicalistas dijeron ‘somos víctimas violencia y acoso, vulneradas en los derechos’, los participantes concluyeron que pasaba lo mismo a en todo el mundo, que todas y todos podrían ser víctimas si no se resolvía bien este problema en el mundo del trabajo.
Además indicó que la convención 190 sobre violencia y acoso, fue ratificada por el Senado de la República en 2022, para hacerla efectiva hasta 2023, pero todavía no está armonizada en la Ley Federal del trabajo, en estatutos de los trabajadores, en las condiciones de trabajo de cuadre dependencia, o Contrato Colectivo, aún así son exigibles y hay que reclamarlos por la reforma de 2011 al primero constitucional.
Indicó que esa convención 190 modificó el concepto de relación laboral, que antes implicaba sólo patrón y trabajador. Ahora involucra a muchas personas alrededor, con la proyección del derecho humano laboral, según los principios de interdependencia e indivisibles, y que se extienden hacia el pasado y el futuro a todos los convenios y tratados.
Protege también para todos los efectos a niñas, niños y adolescentes. Protege de acoso y actos de discriminación a todas las personas, independiente de su relación contractual con la institucion, privada o publica.