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Xavier Carreto A.

El otro PRI y el otro PRD

Este martes 15 de junio comparecieron ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, denominada de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, los secretarios de Seguridad Pública Federal y del Distrito Federal, Alejandro Gertz Manero y Marcelo Ebrard Casaubón, para dar respuesta a la inquietud ciudadana por los secuestros y la inseguridad, en general, que se vive en el país. En Acapulco, por supuesto no nos escapamos a esta situación, en donde como lo informó El Sur, en su edición de ayer, se ha desatado una ola de robos que está afectando a los comerciantes establecidos en la Costera, sin que la policía pueda hacer algo para evitarlo. Es más, algunos mal pensados hablan de la posibilidad de complicidades entre los cuerpos de seguridad y los autores de los robos, a partir de ejemplos como el del proveedor que fue testigo de un asalto y se lo informó a los policías del módulo de la Diana, que simplemente le dijeron ¿para qué te metes?

De la comparecencia pudimos ser testigos los ciudadanos mexicanos, gracias a las trasmisiones que hace el Canal del Congreso, a través de los sistemas de cable que se ven en el territorio nacional. En este acto destacó la severidad con la cual fueron cuestionados los funcionarios Gertz y Ebrard, por el senador priísta que representa al estado de México, César Camacho, quien fue gobernador interino en esta entidad en los años de 1995 a 1999. El legislador Camacho no se anduvo con contemplaciones y les dijo, entre otras cosas que la Secretaría de Seguridad Pública “está al borde de la quiebra. No de la quiebra económica, sino de la quiebra política, de la quiebra operativa, de la quiebra legal. Las consecuencias de esto son de todos conocidas, un país que empieza ya no a ser tierra de nadie, sino tierra de delincuentes”. Asimismo, Camacho Quiroz les dijo que falta coordinación entre las corporaciones de seguridad; que éstas están convertidas en cotos de poder; que el problema principal es de operación política, en donde falta voluntad para servir; que se evaden responsabilidades; que las cifras dadas a conocer no reflejan la situación que la sociedad padece. En fin que la seguridad pública está ausente, que le cedan sus lugares a quienes tengan mejor disposición para servir.

Por su parte, Heliodoro Díaz, coordinador de los diputados federales priístas del estado de Oaxaca, les reclamó a los titulares de Seguridad Pública federal y del DF, que den una respuesta efectiva a la solicitud de seguridad que exige la población; les pidió que fueran transparentes y que no le teman a la crítica.

La diputada priísta de Jalisco, María Esther Sherman y la senadora Martha Tamayo, también del PRI, fueron muy estrictas en sus preguntas. En este misma posición estuvo en su participación, el senador Jesús Ortega, coordinador de la fracción perredista en el Senado, quien señaló que México, de acuerdo con datos de la ONU, ocupa el primer lugar en secuestros en América; octavo en el mundo en robo de vehículos. Falta que los responsables en este rubro trabajen mejor.

Mientras vemos a los legisladores federales priístas como Camacho, Díaz, Sherman y Tamayo actuar de manera enérgica y decidida defendiendo los intereses de la ciudadanía y protestando, no siempre con razón, por la inseguridad que afecta a la sociedad mexicana, al igual que el senador Jesús Ortega, en el estado de Guerrero hay otros priístas y también algunos perredistas, cuya responsabilidad deja mucho que desear como lo apreciamos cada vez que hay sesión ordinaria en el Congreso local. Nada menos ese mismo día, en la sede del Poder Legislativo guerrerense, el diputado perredista Víctor Buenrostro –que representa al distrito 12, en la Costa Grande–, acusó a los presidentes de las comisiones de Gobierno, Juan José Castro; de Seguridad Pública René Lobato Ramírez y de Justicia Cuauhtémoc Salgado Romero de anteponer los intereses políticos a la legalidad, convirtiendo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en instrumento para conciliar posiciones.

No le falta razón al diputado Buenrostro Marín, pues en primer lugar los priístas y su grupo de cómplices, nueve del PRD y dos del PAN; más los únicos del PRS, PT y Convergencia se opusieron a que comparecieran ante el pleno el secretario de Seguridad Pública y el procurador de Justicia aduciendo que lo harían ante comisiones y cuando esta presentación se lleva a cabo impiden que la gente interesada y los medios de comunicación accedan a la misma, cuando se trata de temas de interés público como el que preocupa a los padres de los menores que asesinaron en Tixtla y que no pudieron abordar al procurador. También hace falta saber qué está haciendo la Procuraduría para evitar los secuestros en una entidad en donde este hecho es una práctica reiterada, ocupamos uno de los primeros lugares en el contexto nacional.

Las comparecencias de Gertz Manero y Ebrard, las podemos ver hasta por televisión y ser testigos de la actitud firme y dura de nuestros legisladores federales para cuestionarlos. En cambio, en Guerrero a Arturo Lima Gómez y a Jesús Ramírez Guerrero no se les puede tocar ni con la mirada, gracias al sometimiento y a la complicidad de la mayoría de nuestros diputados locales, totalmente extraviados en el cumplimiento de sus responsabilidades con el pueblo que un mal día los nombró sus representantes.

Xavier Carreto A.

Un PRI de quinta en Guerrero

El legislador federal priísta Ángel Buendía Tirado es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Asimismo, es el presidente del Colegio Nacional de Economistas. Escuché al diputado Buendía hacer algunos planteamientos que vale la pena que los ciudadanos guerrerenses los conozcan. En primer lugar dijo el dirigente nacional de los economistas que habían acordado los legisladores que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir del ejercicio fiscal 2005, debería estar en la Cámara de Diputados a principios de septiembre, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, para que los integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura tuvieran el tiempo necesario para analizar el documento, hacerle las modificaciones pertinentes de tal forma que las asignaciones presupuestales se aplicaran con mayor cuidado. Con este envío oportuno se evitará que los diputados estén hasta el último día de año discutiendo este fundamental asunto para la vida nacional y no lo hagan bien preocupados por irse a sus casas para los festejos del fin de año.

Asimismo, los legisladores sugerían enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público algunas propuestas para que esta dependencia las incorporara a su proyecto y así adelantar la inclusión de los puntos de vista de éstos, lo cual ahorraría tiempo. Por otra parte, Buendía aseguró que hace falta hacer una evaluación más precisa de cómo se ejercen los recursos públicos de tal forma que hubiera la certeza de que éstos estaban sirviendo para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Es preciso, puntualizó el diputado del PRI, que los ciudadanos se dieran cuenta de que los impuestos que pagaban tienen un beneficio para ellos mismos. Esa es una función esencial de los legisladores.

En el Congreso del Estado de Guerrero, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es el diputado priísta Alvis Gallardo Carmona, ex presidente municipal de Florencio Villarreal, (Cruz Grande, en la Costa Chica). A diferencia de su compañero diputado federal Angel Buendía, que impulsa acciones para mejorar el ejercicio del erario público, Gallardo Carmona se caracteriza por hacer lo contrario. Por ejemplo no ha movido un dedo, al igual que los 18 diputados locales priístas restantes, para aprobar la iniciativa del diputado David Tapia para que el gobernador, al igual que el presidente Fox, envíe el proyecto del Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal en el mes de octubre y dispongan los diputados del tiempo suficiente para analizar la propuesta del Ejecutivo. Tapia entregó esta iniciativa a fines de noviembre de 2003 y es la fecha que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, presidida por la diputada Adela Román no la ha dictaminado. Si en este mes que concluye el periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado la propuesta del diputado Tapia Bravo no es aprobada en el pleno, entonces en los últimos días de diciembre, como ya se ha hecho costumbre cada año, los 46 integrantes de éste, de manera apresurada y sin mucha consistencia aprobarán el presupuesto de egresos de 2005, es decir, nuestros diputados no le están dando la importancia que tiene para los guerrerenses un ejercicio claro y transparente del presupuesto que es el principal instrumento económico para mejorar las condiciones de vida de este pueblo.

En cuanto a la posibilidad de que nuestros diputados locales pudieran sugerirle a la Secretaría de Finanzas y Administración estatal que integre a su proyecto de presupuesto algunas propuestas de éstos, como lo sugiere Ángel Buendía, parece una posibilidad lejana, pues los funcionarios de esta dependencia ni siquiera les aclaran las dudas que los legisladores les plantean con relación a la Cuenta Pública.

Respecto a que se haga una evaluación sobre la correcta aplicación de los recursos públicos y que se aprecie que hay un mejoramiento en las condiciones de vida de la sociedad, como lo plantea a nivel nacional el diputado priísta, tampoco parece probable su aplicación en nuestra entidad, toda vez que los diputados locales aprueban sin tener la información suficiente la Cuenta Pública al Ejecutivo, como ha sucedido con la aprobación del tercer cuatrimestre de 2002 y el primero y segundo de 2003.

Vistas las diferencias entre la forma de proponer que hacen los diputados del PRI en la Cámara de Diputados que es de avanzada, al pedir más tiempo para analizar y hacer propuestas para un mejor ejercicio del presupuesto público federal, así como la posibilidad de que sus sugerencias sean incluidas en el proyecto que presenta el Ejecutivo Federal y hacer una evaluación de cómo el recurso público se aplica para beneficio de los ciudadanos. En el Congreso guerrerense, los legisladores priístas no hacen lo propio para hacer que en nuestra entidad el dinero público sea correctamente gastado, proponer mejores formas para su ejercicio y evaluar para que beneficie al pueblo.

Para que el PRI sea un partido de vanguardia parece que lo que necesita es estar en la oposición, como en el nivel nacional, pues cuando los priístas son gobierno, como es el caso de Guerrero, se convierten en los más atrasados y conservadores. Entonces la conclusión es simple, no hay que votar por este partido para que se convierta en uno de primera y no sea más en Guerrero uno de quinta como lo es ahora. Y esperemos que así impulsen desde la oposición, con propuestas de avanzada, el desarrollo estatal.

Xavier Carreto A.

Sin voluntad para servir a Guerrero

Las designaciones de la Fiscal Especializada para Delitos Electorales y de los cinco magistrados numerarios y dos supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que ha hecho el Congreso local, vienen a confirmar que no existe la menor voluntad política ni del gobernador ni de la mayoría de los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, para que los procesos electorales locales sean más equitativos, transparentes y que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

Ciertamente que el nombrar un Fiscal Especial para Delitos Electorales, como fue uno de los acuerdos de la llamada reforma electoral, es un avance, pero resulta que no lo es tanto, cuando el gobernador Juárez Cisneros, en uso de sus prerrogativas constitucionales, envía una terna integrada por quienes han tenido un desempeño profesional estrechamente ligado al aparato de gobierno. Lo cual nos deja la impresión a muchos ciudadanos de que no habrá garantías de que las quejas de los partidos políticos o de particulares sobre posibles irregularidades que pudieran darse en sucesivos comicios electorales sean tratadas con estricto apego a derecho y sancionar a los potenciales delincuentes electorales.

Hubiera sido mejor hacer una convocatoria abierta a los profesionales de la rama del derecho, para que participaran en este evento; asimismo, que los colegios de profesionistas propusieran miembros de esas organizaciones ajenos al gobierno y sin vínculos con los partidos políticos para asegurarse que su quehacer sea imparcial y sin tintes partidistas. A la falta de voluntad del gobernador Juárez por tener Fiscal Electoral sin sospecha de futura actuación parcial como lo expresó el diputado David Tapia en tribuna, también hubo desinterés del gobernador por cumplir con la ley al enviar con retraso sus propuestas al Congreso, además de que no se han asignado los recursos necesarios para el funcionamiento de esta oficina de nueva creación que forma parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado como lo establece la ley.

En este caso no queda más que esperar que la fiscal nombrada, Violeta Carolina Parra Reynada, actúe con seriedad y que cumpla su palabra de que su lealtad será a la ley y no al gobernador de quien ha sido empleada.

En cuanto a la designación de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado, como está establecido legalmente, éstos son designados por el Poder Legislativo, a propuesta de los coordinadores de las fracciones parlamentarias en el Congreso, que como se sabe son tres PRI, PRD y PAN, pues son los únicos partidos que tienen más de tres legisladores. Una vez más los diputados David Jiménez Rumbo y Max Tejeda Martínez, coordinadores de las bancadas del PRD y PAN, se exhibieron como lo que son desde que inició la Quincuagésima Séptima legislatura, el 15 de noviembre de 2002: incondicionales del coordinador priísta.

Jiménez Rumbo firmó un día antes, sin el conocimiento de ocho de sus 16 compañeros de partido, el dictamen por el cual se avalaba la propuesta priísta de ratificar a la magistrada Olimpia Azucena Godínez, al tiempo que se designaba como nuevos magistrados a Alma Delia Eugenio Alcaraz, Raúl Calvo Barrera y Julio César Hernández Martínez, todos ellos con trayectorias profesionales estrechamente vinculadas al gobierno del estado y al Partido Revolucionario Institucional.

Los coordinadores del PRD y del PAN, así como los diputados que les apoyaron en la designación de los nuevos magistrados, no terminan de entender que son representantes populares y no del gobernador del estado. Esta designación de magistrados era una buena oportunidad de ciudadanizar el TEE, haciendo una convocatoria amplia a los abogados guerrerenses sin relación con el gobierno y los partidos. En lugar de optar por esta propuesta, la mayoría de nuestros legisladores priizaron el tribunal electoral, recibiendo a cambio prebendas personales, como ya se demostró en los casos de los diputados Heriberto Noriega Cantú y Max Tejeda, traicionando así a los electores que les depositaron su confianza.

Al coordinador panista se le olvida que las resoluciones parciales de los magistrados afectaron a su partido como sucedió con la asignación de las diputaciones plurinominales del proceso electoral del 6 de octubre de 2002, cuando el Consejo Estatal Electoral le concedió a Acción Nacional dos posiciones y el Tribunal Estatal Electoral se lo redujo a una, tuvieron que inconformarse los panistas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que éste, en última instancia, le entregara al PAN en Guerrero cuatro diputaciones plurinominales que le permitieron tener su fracción parlamentaria en la actual legislatura y que le ha servido a Tejeda Martínez para sus fines personales, que no para mejorar la presencia de su partido ante el electorado guerrerense.

Uy qué miedo

Xavier Carreto A.

El anuncio del presidente municipal de Acapulco, Alberto López Rosas, de que renunciará si cesan a Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal, me parece de lo más irresponsable y de poca seriedad. Creo que López Rosas puede y tiene derecho de demostrar su solidaridad con su compañero de partido en esta dura circunstancia que enfrenta, a lo que no tiene derecho es a mezclar una cosa con otra. Es decir, su responsabilidad como alcalde y un asunto que tiene lugar en la capital de la República.

López Obrador enfrentará un juicio de desafuero por haber incumplido un mandato del Poder Judicial de la Federación, el asunto está en marcha y no sabemos, en este momento, cuál vaya a ser su desenlace. Por lo que hemos visto en estos días en el acontecer nacional, de diferencias entre nuestros políticos, es imposible desvincular este hecho del enfrentamiento que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene con la Presidencia de la República, pero también debemos tener presente, por otra parte, que el perredista tabasqueño ha incurrido en un desacato a la ley y por ello tiene que enfrentar las consecuencias.

En un desplegado a toda la plana, publicado en periódicos de circulación nacional, este 19 de mayo el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dan una detallada explicación sobre los juicios de amparo relacionados con el predio El Encino. Precisan que el gobierno del Distrito Federal no acató la suspensión definitiva que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa dictó mediante el amparo 862/2000 para que se suspendieran los trabajos de apertura de vialidades en ese terreno.

Por otra parte, el PJF y el CJF señalan que la empresa propietaria de El Encino promovió el amparo penal 114/2003-5, contra diversas autoridades de la Procuraduría General de la República “por no haber decidido si procedía o no ejercer acción penal en contra de las autoridades responsables”.

También se hace referencia a la sentencia de fondo dictada por el mismo juez de distrito para resolver el juicio de amparo administrativo 862/2000. Finalmente, se menciona el incidente de inejecución de sentencia 40/2003, derivado del juicio de amparo administrativo ya citado. Asimismo, para los interesados en este asunto judicial, se ha puesto a su disposición la dirección electrónica: www.scjn.gob.mx/ELENCINO/

Es pertinente señalar que la Suprema Corte de Justicia ha emitido resoluciones en contra del Ejecutivo federal. Hoy en nuestro país se puede asegurar que tenemos un Poder Judicial independiente, que se preocupa por mantener y hacer respetar el Estado de derecho.

Alberto López Rosas fue elegido por el voto mayoritario de los ciudadanos acapulqueños para encabezar la administración municipal por tres años, a partir del 1 de diciembre de 2002 y hasta el 30 de noviembre de 2005. Estamos a la mitad de su mandato y los resultados del mismo han sido desalentadores para muchos ciudadanos, que estábamos en espera del mejor gobierno en la historia de nuestro municipio, por tener las mejores condiciones para su inicio. Se debe reconocer que no todo ha sido negativo, como el haber continuado con el reordenamiento del ambulantaje; el mejoramiento de las vialidades; sin embargo, las expectativas que se tenían no se han cumplido hasta ahora.

Lópes Rosas justificó su postura, en el asunto de López Obrador y en su posible renuncia, diciendo que el pueblo de Acapulco sabría entender. Creo que la mayoría de los ciudadanos no entendemos este exabrupto del alcalde y más de uno, esperamos que el presidente municipal se ponga a trabajar en serio en esta segunda parte de su mandato, en lugar de andar haciendo declaraciones populistas que a muy pocos convence.

Pero al parecer López Rosas se niega a entender, pues agrega que “si otro gobierno fuera víctima de abusos y escarnios, haría lo mismo, porque deben ser solidarios y rechazar esas actitudes que vienen a generar una desestabilización en el país”.

Con quien Alberto López debe ser solidario, es con esos ciudadanos acapulqueños que le depositaron su confianza para elegirlo alcalde y no les ha cumplido.

Ojalá el primer edil cumpla su palabra de renunciar, pues muchos estamos convencidos que, aunque con menos experiencia, pero con mayor sentido de responsabilidad, la diputada Irma Figueroa Romero haría un mejor papel.

Xavier Carreto A.

Uy qué miedo

Con quien Alberto López debe ser solidario, es con esos ciudadanos acapulqueños que le depositaron su confianza para elegirlo alcalde y no les ha cumplido.

Xavier Carreto A.

Y el candidato de la sociedad ¿cuándo?

No voy a repetir lo que cada día es más evidente: el estado de Guerrero vive una situación difícil en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, y un factor esencial que propicia esta situación es la forma en como vienen ejerciendo el gobierno quienes fueron responsabilizados para hacerlo. Destaca en esta situación, el Ejecutivo estatal, principal responsable de la conducción del gobierno, quien ha sido señalado en reiteradas ocasiones de hacer mal uso de los recursos públicos en su beneficio, el de familiares y amigos, sobre todo por quienes le acompañan en los principales cargos en la administración pública.

Los señalamientos de corrupción al gobernador provienen de diferentes fuentes, la más reciente de una corresponsal extranjera de un influyente diario estadunidense, pero también de ex colaboradores que, suponemos, conocieron bien los mecanismos internos de la administración estatal para advertirnos públicamente del incremento desmedido de la fortuna personal de nuestro principal gobernante. También han quedado evidenciados, en estos días con la exhibición de cheques provenientes de la tesorería estatal, la forma en cómo algunos integrantes del Poder Legislativo han sido sometidos a la voluntad del Ejecutivo, lo preocupante del caso es que se trata de diputados que no forman parte de la misma organización política a la cual pertenece el gobernador. De los legisladores de su partido, ni hablar, ya sabemos como se las gastan.

Este ambiente de corrupción, lamentablemente, no es privativo del gobierno estatal, sino que alcanza a los ayuntamientos, entre otros al más importante de los 77 que existen en la entidad, en donde lo decepcionante para la sociedad es que quien gobierna es un político de oposición, cuyo partido presume de estar cerca de la gente – ahora ya sabemos, en su caso, de la gente rica, parecerse a ella– en quien se había depositado la confianza ciudadana, harta de las corruptelas del partido político que nos había gobernado siempre. También podemos sumar a estas prácticas de usar el erario público para fines distintos a su propósito de beneficiar al pueblo, a gobiernos municipales modestos como lo son la mayoría de esta entidad.

En este contexto guerrerense, en donde las liebres de la corrupción saltan por todas partes, y por supuesto los señores comunicadores adscritos a la fuente del Congreso local también tienen lo suyo, se vive con gran intensidad en estos días, lo cual se habrá de intensificar aun más, la selección de los candidatos que aspiran a relevar al gobernador del estado.

El PRI, uno de los dos partidos con posibilidades de ganar la elección en los comicios del próximo año, ya tiene a su candidato. Esto le está permitiendo dedicarse a la afinación de la estructura de su partido, aunque lo está haciendo con los mismos vicios de siempre, lo cual no le está dando la ventaja que trae consigo no tener, formalmente, contricantes internos. Sin embargo, el obstáculo mayor para este aspirante proviene del desprestigio ganado a pulso por los miembros de su partido que han gobernado el estado, acentuado por estas recientes acusaciones en contra de quien está en funciones y por el cinismo para responder a ellas.

El PRD, la otra organización política, con mayores expectativas de triunfo, se disputan la candidatura cuatro aspirantes. Uno de ellos, de reconocida experiencia para gobernar con honestidad, el diputado federal Zeferino Torreblanca Galindo, es quien tiene las mayores posibilidades de conseguir la nominación. Así lo señalan las encuestas de opinión serias que hasta ahora se han realizado y la opinión de la mayoría de los ciudadanos consultados.

El retraso para la definición de esta candidatura, se explica, en parte, por la obstinación de uno de los tres contendientes, el senador Armando Chavarría Barrera, para reconocer que no tiene la aceptación social requerida, entre otras cosas, por sus antecedentes de aprovecharse de los recursos asignados a la institución de educación superior más importante de la entidad. Esta falta de aceptación lo ha obligado a hacer ofrecimientos que nunca habrá de cumplir porque no están al alcance de su mano y compromisos que denotan complicidad. De los otros dos aspirantes, Félix Salgado Macedonio ya tuvo su doble oportunidad de participar y sus mejores horizontes los encontrará en el mundo del espectáculo. El otro, Angel Pérez Palacios, aunque oriundo de esta tierra, es el menos conocido, pues trabajaba en una entidad vecina, tal vez base sus aspiraciones en su cercana relación con Cuanuhtémoc Cárdenas.

También la indefinición tiene que ver con las decisiones internas del propio partido, el cual vive el momento más crítico cuando cumple sus 15 primaveras.

Me parece que el Partido de la Revolución Democrática no debe desaprovechar que cuenta con un aspirante sólido, a quien la mayoría de la sociedad guerrerense está apoyando, consciente de que no quiere seguir desperdiciando otros seis años. Lo peor que le podría pasar a esta organización política, tan urgida de candidatos que no la desmeriten, es que ahora que ya lo tienen en Guerrero, lo dejen ir y triunfe sin ellos.

Xavier Carreto A.

¿Ajuste de cuentas político?

Cuando muchos pensábamos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), había resuelto con relativo éxito la selección de su candidato al gobierno del estado para la elección del 6 de febrero de 2005, ahora resulta que no ha sido así de fácil como parecía.

El diputado Carlos Sánchez Barrios, uno de los aspirantes y el más cercano al gobernador René Juárez Cisneros, se ha declarado legislador independiente. Esta decisión del ex alcalde de Zumpango del Río ha puesto al PRI de cabeza y obligado a los 20 integrantes de su grupo parlamentario a distanciarse entre sí, lo cual no había sucedido en el casi año y medio que tiene la Quincuagésima Séptima Legislatura, pues, aunque con algunas diferencias, parecían estar muy unidos. Debemos reconocerle a Sánchez Barrios que con su actitud ha conseguido lo que no han podido hacer todos los llamados partidos de oposición en el Congreso local: quitarles la tranquilidad a los priístas, empezando por el gobernador.

La rebeldía de Sánchez Barrios empieza a dar mucho de qué hablar. Para comenzar nos hemos enterado que el síndico y seis regidores del Ayuntamiento de Zumpango, están acusando al presidente Bertín Sánchez Reyna, primo hermano de Carlos Sánchez, de desviar recursos públicos a la precampaña de su pariente, algo que sospechábamos pero que no teníamos la certeza. Lo relevante de estas declaraciones es que los regidores lo sabían, pero asumieron “una actitud flexible, porque creímos que las aspiraciones de nuestro paisano eran legítimas”. Ahora como se sale Sánchez Barrios del control priísta, resulta que sus aspiraciones no son legítimas como lo reconoce el regidor perredista Francisco Rodríguez Cisneros. Este mismo edil de oposición, explica que se mantuvieron al margen de las precampañas “para no contribuir con la pugna que existía entre Sánchez Barrios y el senador Astudillo”. Asimismo, precisa este adalid de la oposición que el alcalde Sánchez Reyna asumió el compromiso de que “al término de su participación –de Sánchez Barrios durante la precampaña– dejaría de usar los recursos del Ayuntamiento de Zumpango”.

Como diría Modesto Brito, alcalde perredista de Teleoloapan, ya no se quién es del PRI y quién es del PRD, pues se comportan igual. Uno le tiene que agradecer a Dios de que los priístas se peleen, ya que es la única forma de que dejen de usar los recursos de un municipio tan necesitado como el de Zumpango. Pero seguramente nos vamos a enterar que lo mismo está sucediendo en Zitlala, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Mochitlán y Tlalixtaquilla. Aunque, supongo, igual deben estar destinando recursos públicos para la precampaña de Astudillo, los alcaldes de Chilpancingo, Taxco, Ometepec, Tecpan, Pungarabato (Ciudad Altamirano), entre otros, ya que usted se encuentra anuncios espectaculares, bardas pintadas y toda clase de propaganda del ahora candidato priísta por prácticamente todo el territorio estatal y éstos cuestan caros. Así también no dude que en esos contingentes tan nutridos con los cuales el PRI ha querido impresionarnos, en el registro y en la toma de protesta de su candidato, han sido cubiertos con el erario de muchos municipios gobernados por ellos, entre los cuales se encuentran los ya citados

Asimismo, gracias a Carlos Sánchez, se ha confirmado, una vez más, que los diputados de oposición en el Congreso local reciben recursos del Ejecutivo, a cambio de aprobarle todo lo que les mande. Heriberto Noriega Cantú, uno de los más favorecidos, ha propuesto, y ésta ha sido aprobada por unanimidad, una nueva forma de comparecer de los miembros del gabinete estatal ante el Congreso con motivo del Quinto Informe de Gobierno. En esta ocasión, en una única sesión, estarán todos los secretarios de despacho y el procurador de Justicia para responder a los cuestionamientos de los legisladores. Se supone que los miembros del gabinete acuden al recinto legislativo a ampliar la información, pues el Ejecutivo entregó por escrito su informe, por lo cual esta presentación no cumple con este propósito, pues no se dispondrá del tiempo suficiente para que los integrantes del llamado Poder Legislativo puedan preguntar de temas relevantes para la vida de nuestra entidad. Y así como son nuestros diputados de trabajadores, jure usted que esta comparecencia no durará más de dos días, eso sí con sus respectivos recesos para que los legisladores tengan tiempo de recuperarse de tan fatigosa tarea.

El diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú es, hay que reconocerlo, un verdadero actor, si usted lo viera con qué empeño participa en las sesiones del Congreso, convendría conmigo en que a simular nadie le gana. A desenmascararlo ha contribuido de manera destacada el diputado Carlos Sánchez, y eso la sociedad guerrerense debe agradecérselo.

Xavier Carreto A.

La clave para entender el quinto informe

Si usted realmente quiere enterarse de lo qué está pasando en nuestra entidad, la clave para hacerlo es que entienda al revés lo que dice el gobernador René Juárez Cisneros en su Quinto Informe de Gobierno, entregado al Congreso local, como lo marca la ley, el pasado 1 de abril.

Esa Disneylandia que Guerrero no es en los hechos, como él mismo lo ha reconocido, resulta que en su documento, con el cual nos da cuenta a los guerrerenses de lo realizado en su quinto año de gestión, sí lo es.

Veamos algunos ejemplos. En educación, rubro en el cual se gasta la mitad de los casi 20 mil millones de pesos que tiene de presupuesto el gobierno estatal, dice el Ejecutivo, en su informe escrito, que la tasa de analfabetismo se redujo en un 4.6 por ciento y el promedio de escolaridad de los guerrerenses aumentó de 6 a 6.8 años de estudio. En la realidad, los ciudadanos nos enteramos todos los días, por los medios de comunicación, de los problemas que impiden la realización de un servicio educativo que nos dé resultados como los descritos en el informe. El secretario de Educación ha sido cambiado en cuatro ocasiones, desde que empezó este gobierno, lo que se traduce en una continua rotación de funcionarios y ya se anuncia, como resultado de negociaciones para convencer a Vicario de no aspirar a ser gobernador, la llegada de un quinto secretario de este ramo. Además, por el triste desempeño de la mayoría de los titulares de la SEG y por la corrupción en que está sumida la dependencia, éstos han carecido de autoridad moral para exigirles a los profesores que cumplan con la responsabilidad por la cual cada quince días reciben un salario.

En el caso de los servicios de salud, cuya asignación presupuestal es la segunda más alta, con mil 736 millones de pesos, las quejas de los guerrerenses más desfavorecidos se multiplican por todo el territorio estatal. Tan malos son los servicios de salud en Iguala como en Tlapa, Atoyac, Zihuatanejo, Acapulco, Ciudad Renacimiento. Se carece de todo desde personal médico y de enfermería, materiales de curación, medicamentos, infraestructura adecuada y un etcétera interminable. La corrupción del personal directivo es un ingrediente fundamental para que todo esto ocurra.

Respecto a la seguridad pública, dice el gobernador que los delitos han disminuido. Tal vez eso sea cierto por el maquillaje de las cifras, pero en la percepción del ciudadano común y corriente, los actos delictivos siguen en el orden del día. Los robos de vehículos, los asaltos a negocios, secuestros, narcomenudeo, prostitución infantil, entre otros, continúan al alza. Lo grave de esto es que son los propios miembros de la policía, particularmente la Judicial del estado, quienes contribuyen de manera esencial a que la delincuencia crezca. Resultado también de la falta de castigo a quienes delinquen, la impunidad en Guerrero es la más elevada del país.

A donde quiera que usted dirija la vista, encontrará la corrupción que ha prevalecido en esta administración estatal: obra pública para los cuates que se ponen a mano, concesiones de transporte y otras prebendas para postrar a dirigentes de partidos políticos de oposición, aviadores en las nóminas, adquisiciones a precios inflados, ingresos propios que no se registran y sígale contando sin parar.

El gobernador Juárez ha hecho en su gobierno lo que ha querido, y quienes por ley lo pueden acotar no lo hacen. Prefieren los integrantes del Poder Legislativo gozar de las canongías que el Ejecutivo les ofrece. El mejor ejemplo es que siempre le han aprobado la Cuenta Pública, a pesar de las deficiencias que presenta: no se entregan los estados financieros, no se informa sobre el patrimonio del estado, no se sabe cómo se reestructuró la deuda. Eso sí, el auditor general del estado concluye que todo está razonablemente bien, no tenemos nada de qué preocuparnos los guerrerenses. Más con estos diputados opositores como David Jiménez, que protestan airadamente por las calles de Chilpancingo porque a los alcaldes de su partido no les entregan los recursos a que por ley tienen derecho, y también se retrata con su cuate el gobernador cuando éste lo visita en el Congreso.

Para que todos en Guerrero creamos en el paraíso que vivimos, el cual nos ha pintado el ciudadano gobernador en su informe anual, en los próximos días la radio y la televisión locales, principalmente, así como los periódicos, pagados con el erario, nos dirán hasta el cansancio que este gobierno está haciendo hasta lo imposible por mejorar a esta sociedad.

Aunque sería como pedirle manzanas al limonero, ojalá nuestros diputados locales tomaran el ejemplo de los senadores priístas que, en su afan de silenciar al presidente Fox, presentaron en la sesión ordinaria de este martes 30 de marzo, una iniciativa para modificar el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos , sobre las obligaciones de los funcionarios para quedar como sigue: “Abstenerse de contratar y emitir propaganda o publicidad de acciones, servicios u obras de gobierno, empleando su nombre, voz o imagen, utilizando para ello los recursos, espacios o tiempos oficiales, fiscales o de Estado que tengan asignados con excepción de aquellos mensajes o boletines… encaminados a prever o remediar cualquier calamidad pública”.

Si esto se aprobara en Guerrero, entonces nuestros gobernantes, incluidos los presidentes municipales, se tendrían que poner a trabajar en serio para convencernos de que están haciendo las cosas bien. En lugar de que sean los medios de comunicación con mensajes que llegan al hartazgo, pagados con el erario, los cuales nos tratan de convencer, sin conseguirlo, de que tenemos gobernantes honestos, serios y comprometidos con el pueblo.

Xavier Carreto A.

En donde quiera que se encuentre

Veo en la primera plana de la edición del jueves 18 de El Sur, la fotografía que nos entera de la marcha de los alcaldes y diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para exigirle al gobernador del estado, en su residencia oficial, 100 millones de pesos para realizar la obra pública demandada por los ciudadanos, en los municipios que gobiernan.

Me sorprende que tres destacados integrantes de esta organización política formen parte de esta protesta: el diputado y coordinador de su bancada en el Congreso local, David Jiménez Rumbo; el alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas y el senador Armando Chavarría.

En el caso de Jiménez Rumbo, vale la pena tener presente que es un legislador que ha aprobado todas las Cuentas Públicas Cuatrimestrales del gobernador Juárez Cisneros. También dio su visto bueno para el Presupuesto de Egresos 2004 del gobierno del estado. Es el mismo parlamentario que siendo presidente de la Mesa Directiva del Congreso, abandonó sus funciones para que, con recursos públicos, se fuera a Cancún a un evento turístico del cual no informó nada a su regreso. Recordemos, asimismo, que estando los trabajos para concretar la reforma política, voló a Europa para acudir a la Feria Internacional de Turismo, efectuada en Madrid, España. Suponemos que a pasear, pues tampoco hasta la fecha ha informado qué de benéfico ha tenido la industria turística guerrerense con su viaje.

Respecto al alcalde de Acapulco, cada día son más los ciudadanos de este municipio desencantados por su triste desempeño. Todas las mañanas los periódicos locales nos enteran de las corruptelas de los funcionarios de este ayuntamiento. El presidente López Rosas, en lugar de corregir, acusa que las denuncias de corrupción son una nueva estrategia para manchar la honra de su gobierno. Como si los ciudadanos le dijéramos a Juárez Soto que trafique con las licencias de construcción o solicitáramos que sus funcionarios les den empleo a sus familiares en la administración municipal como el mismo lo hace.

Haría bien Alberto López Rosas en hacer caso de lo escrito por Marcial Rodríguez cuando señala: “Para la transición democrática en México, es positivo que se conozcan a través de los medios los actos de corrupción de los políticos, pues esto (los) llevará no sólo a cuidarse a que no sean grabados, sino sobre todo a no cometer actos que pongan en entredicho su honorabilidad”. (La mediocracia, El Sur, 17/03/04).

Con relación al senador Armando Chavarría existen diversos testimonios de integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) de que ha utilizado recursos destinados a la institución para promover su candidatura al gobierno del estado por el PRD. Para esto ha contado con el respaldo decidido del rector de la institución Nelson Valle López. Lo anterior afecta de manera sensible el compromiso de la universidad para cumplir con los propósitos para los cuales fue creada.

Existen otras acusaciones en contra de este legislador federal como el que ha recibido apoyos del gobierno estatal para respaldarlo en sus anhelos políticos. Sin embargo, debemos lamentar que no se cuente con el video correspondiente que lo demuestre. Pero sí los comentarios de algunos comunicadores en este sentido.

Por lo señalado, valdría la pena conocer el punto de vista del coordinador de los presidentes municipales perredistas y alcalde de Teloloapan, Modesto Brito, quien tiene fama de ser un militante honorable de este partido. Así como de otros distinguidos miembros del PRD. ¿Porqué permitirle a estos tres caballeros participar en estos eventos partidistas de protesta para exigir el cumplimiento al gobernador de los recursos que, como el partido que más guerrerenses gobierna, tiene derecho a demandar para cumplir con las peticiones justas de los ciudadanos que les confiaron su voto?

Si su sola presencia afecta esta petición por tratarse de personajes vinculados con quien le están demandando el cumplimiento de un compromiso gubernamental. Particularmente, tratándose de los legisladores tanto el federal como el local. Y de un alcalde cuya honestidad está en entredicho.

Hoy que el partido del sol azteca vive el momento más difícil, desde su fundación, por los casos de corrupción documentados en el gobierno del Distrito Federal. Los perredistas deberán atender la sugerencia de su fundador principal el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para limpiar la vida pública del país, empezando por su propio partido. La corrupción debe combatirse en donde quiera que se encuentre, no solo la relacionada con los competidores políticos.

Xavier Carreto A.

En Guerrero y en Acapulco, ¿cuándo?

Ahora que estamos siendo enterados por los medios nacionales de comunicación, particularmente los electrónicos, de la corrupción en la cual se desenvuelve nuestra clase política nacional es pertinente, y me parece un momento oportuno, que también se ventilen en nuestra entidad las prácticas nocivas que cotidianamente llevan a cabo los integrantes de la clase política guerrerense.

No tenemos, por supuesto, nada que envidiarles a los habitantes de la capital de la república, en donde recientemente se han exhibido videos que muestran la corrupción de políticos de diferentes partidos con registro nacional. Sólo que en el caso de nuestro estado todavía no hemos tenido acceso a la función de videos que muestren a nuestros políticos recibiendo propuestas indecorosas o dinero que, por no tener cabida en el portafolio, tengan que guardarlo en las bolsas del saco, incluidas las ligas.

Empecemos por recordar el desfalco en contra de la Secretaria de Educación Guerrero (SEG), del que es responsable el titular de la propia dependencia, Daniel Pano Cruz, por el orden de los mil 790 millones de pesos, el cual hasta ahora no ha sido aclarado, pues lo último que se dijo es que la Auditoría Superior de la Federación estaba practicando una auditoría integral a la SEG, sin que se conozca cuándo terminan estos trabajos. Ello con la complicidad de los integrantes del Congreso local que no han movido un dedo para exigir el esclarecimiento de los hechos y el castigo a quienes resulten responsables.

Nuestros legisladores locales están más preocupados y ocupados en qué hacer con el dinero que de buena o mala manera están obteniendo por ocupar esta responsabilidad.

No menos grave es lo que está ocurriendo en la Secretaria de Salud, en donde los mil 736 millones de pesos presupuestados para este año, para cuidar de la salud de los guerrerenses, están siendo mal aplicados, pues nos enteramos todos los días, por los medios locales, de las deficiencias que suceden en los hospitales generales, clínicas, centros de salud, diseminados en todo el territorio estatal, para atender la salud de los habitantes de esta entidad, señaladamente a quienes no cuentan con otro tipo de servicio médico. Es probable que los recursos asignados sean insuficientes para atender todas las necesidades, pero al robárselos se hacen todavía más reducidos.

En cuanto a la seguridad pública, tal parece que los guerrerenses estamos pagando para que nos maltraten, pues los principales autores de hechos delictivos están relacionados con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sobre todo los integrantes de la Policía Judicial. Los secuestros continúan en la entidad, colocándonos en el tercer lugar nacional tratándose de estos delitos.

Otras áreas de la administración pública estatal, en las cuales la corrupción no puede ocultarse es en la Dirección y en las Delegaciones de Transportes, oficinas en las cuales los cobros sin entregar recibos son una práctica reiterada, siendo los lunes cuando se da con mayor frecuencia. Eso sí los ciudadanos somos las víctimas permanentes del exceso de vehículos de transporte público que circulan por nuestras calles, en donde los conductores de taxis y autobuses hacen de las suyas un día sí y toda la semana también.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Acapulco también tiene lo suyo en actos de corrupción. En este rubro destaca el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Juárez Soto, quien ha sido señalado repetidamente de traficar con licencias de construcción y de entregar la realización de la obra pública a sus amigos y al mejor postor. En este caso, la conclusión parece simple: si el alcalde Alberto López Rosas no ha despedido al arquitecto Juárez Soto, entonces el beneficiario directo de las irregularidades cometidas por éste en el desempeño de sus funciones es el propio presidente municipal, quien está demostrando que es muy inteligente para beneficiarse con este cargo público.

Grave, por otra parte, que el síndico Marcial Rodríguez Saldaña, pudiendo quedarse callado, nos hable de la corrupción del senador Jorge Emilio González y del secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal (Los escándalos políticos, El Sur, marzo 3, 2004), cuando él forma parte de una administración caracterizada por lo mismo, y en la cual él mismo ha hecho aportaciones importantes.