Organizaciones de la sociedad civil exigen que se le dé entrada urgente a la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado en Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 9 de marzo de 2020. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exigió que se declare urgentemente la alerta de violencia de género por agravio comparado en Guerrero, porque a un año de que fue solicitada, los poderes legislativo y ejecutivo estatal han incumplido con las acciones de la alerta de género declarada para revertir el contexto de violencia contra las mujeres y niñas.
El pasado sábado, en un comunicado, se informó que las organizaciones de la sociedad civil exigen que se le dé entrada urgente a la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado en Guerrero, que permitiría la interrupción legal del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
Demandaron que, a un año de que fue solicitada la declaratoria en Guerrero, los poderes legislativo y ejecutivo estatales han incumplido con las acciones para revertir el contexto de violencia contra las mujeres y niñas.
Externaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no ha garantizado la coordinación federal y estatal para la implementación de las acciones recomendadas.
Se lee que ha transcurrido un año desde que las organizaciones de la sociedad civil Justicia, Derechos Humanos y Género AC y OBVIO Guerrero, AC, solicitaron la declaratoria por agravio comparado para Guerrero, pues el contexto de violencia en contra de las mujeres y niñas en la entidad sigue siendo grave, pues no se garantiza el acceso a servicios especializados de salud, que incluyen la interrupción legal del embarazo en casos de violación.
Un caso paradigmático es el de la niña Esmeralda, de 14 años de edad, con discapacidad intelectual, quien quedó embarazada víctima de una violación. La niña fue atendida en el Hospital Donato Alarcón, sin embargo, no se le garantizó la interrupción del embarazo, a pesar del riesgo que corría su vida. La hija de Esmeralda murió al nacer por un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía. Tenía 27 semanas de gestación, midió 37 centímetros y pesó un kilo 1 y 85 gramos.
Criticaron que el sistema de salud en Guerrero no garantiza la interrupción del embarazo, incluso en casos de violación, a pesar de la vigencia de la NOM 046, para la atención de víctimas de violencia familiar y sexual; así como que continúa la falta de capacitación y resistencia de muchos prestadores de servicios de salud, quienes han normalizado la violencia contra las mujeres.
Se recomendó al estado, entre otras cosas, revisar y reformar la legislación relacionada con la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación, en específico el artículo 159 del Código Penal del estado, y se pidió al poder ejecutivo coadyuvar con el legislativo para hacer efectiva la propuesta de reforma planteada.
También se recomendó a la Secretaría de Salud estatal, fortalecer el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el estado de Guerrero y extender la cobertura de los servicios de salud, para que puedan realizar interrupciones del embarazo, procurando la gestión de acuerdos interinstitucionales para mejorar el acceso de las mujeres a los servicios.
Manifestaron que desconocen si en Guerrero se rindió el informe sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y si este informe fue remitido al grupo para su análisis y determinación de la declaratoria de alerta de violencia de género, ante el evidente incumplimiento de las recomendaciones, por parte del gobierno estatal, a lo largo de los 6 meses que se le otorgaron de plazo para la implementación de recomendaciones.
Durante este periodo, la Conavim no ha garantizado realizar las acciones de coordinación estatal y federal para revertir este contexto de violencia. Su retardo injustificado, en solicitar información al estado de Guerrero sobre el cumplimiento de medidas, su omisión de coordinar al Grupo de Trabajo para la revisión del informe del estado y la determinación de la declaratoria de alerta por violencia de género en su modalidad de agravio comparado, pone en riesgo a las mujeres y niñas en el estado de Guerrero, a quienes se les sigue negando el acceso a servicios especializados de salud, como lo es el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación, lo que violenta sus derechos humanos, se lee en el comunicado.
Texto: María Avilez Rodríguez / Jessica Torres Barrera
