Guerrero es el cuarto lugar nacional en agresiones y desde 2010 suman 440 en el país, según su informe.
Acapulco, Guerrero, 1 de abril de 2019. Guerrero está entre los estados con más ataques a personas defensoras del medio ambiente, según un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Incluye el homicidio y criminalización de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) en dos casos diferentes, las agresiones físicas y amenazas del paro de labores en la minera Media Luna en Cocula, además de un homicidio relacionado con la actividad minera en Ayutla.
El lunes de la semana pasada el Cemda dio a conocer el quinto Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales México 2018 que se encuentra en la página web de esa organización.
Este documento registra 49 ataques –16 son homicidios de los que resultan 21 víctimas– a defensores en el año pasado y que al sumarse a los registrados desde 2010 dan como resultado 440 en el país.
Puebla tiene el mayor número de casos con ocho. Le siguen Oaxaca y Chihuahua con seis y luego Guerrero con cuatro, al igual que el Estado de México. Son 17 entidades federativas que tienen al menos un caso.
En Guerrero el primer caso es el de los dos enfrentamientos del 7 de enero de 2018 por el que hubo 11 muertos y 38 detenidos, entre los que se encontraban el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, quien sigue en la cárcel con otros 16 integrantes de esa organización y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Cemda señala al Estado como el agresor.
El Sur informó que el primer enfrentamiento ocurrió a las 3 de la madrugada. El saldo fue de seis civiles armados que se encontraban en la comisaría de La Concepción en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, entre ellos un menor de 16 años, además de los dos policías comunitarios Ulises García Martínez y Eusebio Elasio Martínez.
El segundo enfrentamiento ocurrió a las 11:30 de la mañana en el que participaron policías federales, ministeriales y el Ejército, en el que fueron asesinados tres policías comunitarios.
Cemda documenta un segundo caso de criminalización contra el Cecop en septiembre. Por esas fechas esa organización denunció la detención del comunero Clemente Cabrera Benítez, quien fue llevado de “manera violenta” por policías ministeriales fuertemente armados el 29 de agosto en la comunidad del Tasajeras, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, según el boletín que emitió el 31 de agosto y se publicó en estas páginas.
El tercer caso de Guerrero es en febrero en Cocula por el que Cemda señala al Estado y la empresa minera de agresión física y amenazas contra la comunidad. El conflicto se remonta al 3 de noviembre de 2017 cuando trabajadores de la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold Resources, pararon labores en demanda de la cancelación del Contrato Colectivo de Trabajo que tiene con un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), para que se reconociera su relación laboral con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). El conflicto dejó 7 siete muertos.
El 22 de febrero los ejidatarios de Real del Limón se incorporaron al movimiento y tomaron tierras que le habían arrendado a la minera, en protesta porque los representantes de no dialogaban con los trabajadores inconformes, además de que la empresa no había cumplido el contrato del arrendamiento.
El 28 de febrero se publicó que el SNTMMSRM alertaba que la minera Media Luna intentaría “reprimir” a los trabajadores de la mina, y llamó a los gobiernos federal y estatal, así como al gobierno de Canadá, a intervenir para evitar una salida represiva al conflicto. En abril terminó la protesta tanto de los ejidatarios como los trabajadores de la minera.
El cuarto y último caso que CEMDA documenta en Guerrero es el homicidio relacionado con la minería en Ayutla en agosto y cuyo perpetrador no se encuentra identificado.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: El Sur
