Los pocos recursos gubernamentales de apoyo al campo están enfocados en el asistencialismo, “es similar a las dádivas electorales que venían dando los gobiernos anteriores, y está demostrado que sirven para encubrir y arraigar la pobreza pero no para erradicarla. Además, dichos programas se están manejando con opacidad, con exclusión y clara orientación electorera”, señalan en Chilpancingo
Chilpancingo, Guerrero, 5 de agosto de 2020. Dirigentes de organizaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP) y del Foro Permanente de Organizaciones Sociales, además de otras que no pertenecen a ninguno de los dos bloques, integraron ayer la Alianza Guerrerense Campesina y Popular para promover políticas públicas para el desarrollo del campo, debido a que, se quejaron, el gobierno federal “ha dejado solos y a su suerte a los campesinos”.
Denunciaron que los pocos recursos gubernamentales de apoyo al campo están enfocados en el asistencialismo, “que es similar a las dádivas electorales que venían dando los gobiernos anteriores, y está demostrado que sirven para encubrir y arraigar la pobreza pero no para erradicarla. Además, dichos programas se están manejando con opacidad, con exclusión y clara orientación electorera”.
La formación de esta alianza se hizo pública ayer en conferencia de prensa al pie del busto del agrarista Emiliano Zapata Salazar, ubicado en el andador que lleva su nombre, en el centro de Chilpancingo.
Los dirigentes de las organizaciones leyeron un pronunciamiento y al final aclararon que no contestarían a preguntas, hasta en una nueva presentación en la que darán a conocer su plataforma de lucha.
Dicha alianza la integran las 25 organizaciones del Foro Permanente de Organizaciones Sociales, las más representativas son el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Guerrero, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), El Sistema Producto Mezcal, el Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor, Intercambio Social, Tlalmecac, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) y la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP).
También las 16 agrupaciones del CAP o Movimiento Campesino Guerrerense, las más representativas: la Central Campesina Independiente (CCI), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas (Unorca).
Así como algunas organizaciones independientes como Antorcha Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Alcanos y Fuerza Guerrerense de Acapulco.
Asistieron unos 20 dirigentes de agrupaciones y los que dieron lectura al documento fueron Daniel Flores Magayón del Foro Permanente de Organizaciones Sociales y Marco Antonio Reyes, de la UNTA.
Asimismo estuvieron Juan Pablo Rojas de la agrupación Intercambio Social, Celerino Tlacotempa de Unorca, Maclovio Avilez de la CCI, Evencio Romero de la Liga de Comunidades Agrarias, José Juan Bautista de Antorcha Campesina. También estuvo el integrante del movimiento Pro AMLO Rodrigo Cortés.
“La peor crisis” de la historia de Guerrero
El escrito refiere que el campo enfrenta “la peor crisis” registrada a lo largo de la historia de Guerrero, y que a los rezagos ancestrales se suman las malas políticas del gobierno federal actual, que en los dos primeros años disminuyó de manera fuerte el presupuesto destinado al desarrollo productivo. Aunque en el documento no se especifica a cuánto asciende la disminución.
Explican que a esta crisis se suman los efectos de la pandemia que azota a la población, y que además de ser un grave problema de salud, ocasiona un daño tremendo en particular a los productores del campo.
“La crisis económica y de salud que enfrenta el país se está acrecentando de manera exponencial en el campo guerrerense, porque arrastra un retraso en el desarrollo frente al resto del país”, refieren en su escrito, y agrega que la pandemia está provocando una considerable baja del consumo local y el alza descontrolada del precio de los insumos para la producción.
“Dichas circunstancias están provocando la quiebra económica de la mayoría de los pequeños y medianos productores de Guerrero, que han sostenido la producción agropecuaria en el estado”.
Destacan que a pesar de ello los productores siguen trabajando en sus parcelas aunque les represente un gran sacrificio, “por las penurias que enfrentan” y que gracias a la producción rural se sigue manteniendo el empleo y el auto empleo de cientos de miles de guerrerenses.
Se quejan de que frente e esta situación el gobierno ha dejado solos y a su suerte a los campesinos.
“Los pocos recursos gubernamentales de apoyo al campo están enfocados al asistencialismo, que es similar a las dádivas electorales que venían dando los gobiernos anteriores, y está demostrado que sirven para encubrir y arraigar la pobreza pero no para erradicarla. Además, dichos programas se están manejando con opacidad, con exclusión y clara orientación electorera”, denuncian.
Cuestionan los limitados recursos destinados a la inversión productiva en los programas Crédito Ganadero, A la palabra, Sembrando Vida y Precios de Garantía, así como en el del Fertilizante que, dice el documento, “tienen un impacto casi nulo en la producción tanto por los pocos recursos que se destinan para ellos como por los claros vicios de corrupción con que se operan”.
Agregan que el “más patético” ejemplo son las compras que el gobierno ha hecho en el programa Crédito Ganadero a la palabra.
Reprochan que en estos meses de pandemia al gobierno federal se le olvidó que existe el campo, y no se han tomado medidas serias para incentivar la producción y reactivar la economía campesina.
“Por el contrario, se siguen retirando recursos destinados al medio rural ya aprobados por el Congreso. Tal es el caso de los recursos al crédito rural, a la producción del medio ambiente y al programa de Fertilizante”.
Advierten: “esta situación de crisis económica y de abandono del gobierno está creando la tormenta perfecta para que estalle en el campo una situación de empobrecimiento, agravamiento de las desigualdades, violencia y hambruna no vista en décadas”.
Añaden que los efectos alcanzarán a las ciudades y a todo el país, “dado que si no producimos los alimentos que consumimos y no se controla la pandemia se ahondará la dependencia alimentaria”.
Consideraron urgente y necesario que el gobierno federal modifique la visión con la que destina los presupuestos, “no para regresar al pasado ni a las viejas prácticas de clientelismo y corrupción, sino para iniciar un gran diálogo nacional con la población rural y sectores populares y gremiales de la ciudad”.
Para plantear sus propuestas, los dirigentes llamaron a una convención estatal campesina y popular el próximo 23 de agosto en el Congreso del Estado, con el fin de generar una fuerza capaz de exigir al gobierno que se abran espacios de diálogo y participación a las organizaciones campesinas y populares en la definición de las políticas públicas, “para que desde el Congreso de la Unión y el poder Ejecutivo se apruebe y ejecute un plan económico y social emergente para hacer frente a esta crisis económica y de salud pública”.
Llamaron a participar a todas las fuerzas campesinas y sociales para dar una salida democrática a la producción y a la productividad, a la crisis económica y de salud que se vive “y que amenaza con agudizarse”.
Demandan diálogo y un plan emergente para el campo
Algunos de sus planteamientos son: que los tres niveles de gobierno abran espacios de dialogo con la participación de la sociedad rural, y de manera participativa se acuerde y ejecute un plan emergente con los suficientes recursos que impulsen las actividades productivas en el campo.
Que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión reconozcan a la hora de decidir y ejecutar las políticas públicas para el desarrollo del campo, que la economía campesina e indígenas son factores indispensables para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria del país.
También que se apoye con paquetes tecnológicos a los productores rurales como una forma de compensar el alza de los precios de los insumos para la producción frente a la descapitalización que está padeciendo el campo guerrerense.
Además que se universalicen los programas Sembrando Vida, Crédito Ganadero, Crédito a la Palabra y Precios de Garantía a Granos Básicos para que mediante convocatoria todos los productores que cumplan con los requisitos puedan acceder a ellos.
Exigen que se detenga el desmantelamiento de las dependencias federales destinadas al campo, que se acote el centralismo para que el estado y los municipios tengan mayores responsabilidades y recursos para impulsar las actividades agropecuarias.
Asimismo, que se evite la entrada al país las semillas transgénicas y evitar el saqueo de la biodiversidad. También evitar la intermediación y generar mejores precios para los productores primarios.
Piden que se destinen recursos y se realicen acciones para facilitar y generar las condiciones para la conformación de las cadenas productivas.
Demandan el reconocimiento de las organizaciones productivas y las representaciones organizadas “ya que es un derecho constitucional que este Gobierno está negando”.
En particular demandan un trato digno y justo a las organizaciones sociales que realizan labores de capacitación, gestión y trabajo comunitario en las regiones indígenas más marginadas de Guerrero.
Asimismo, piden el reconocimiento del papel que desempeñan las mujeres y que se destinen recursos y programas que incentiven la equidad de género en el medio rural, y también demandan esas políticas en el caso de los adultos mayores por su participación en el medio rural.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
