Marcial Rodríguez Saldaña
Este martes 15 de enero del 2019 se instaló en las oficinas de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal la Comisión de la Verdad y la Justicia, para coadyuvar en el esclarecimiento de los crímenes y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, perpetrados el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
1.- La instalación de esta Comisión es consecuencia del decreto del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de diciembre de 2018. Se trata de un acto muy trascendente en la vida pública del país, toda vez que constituye una decisión de Estado para la protección de los Derechos Humanos (DH). Expresa la voluntad política del nuevo gobierno de la República de un compromiso real con la defensa de los DH como una política de Estado. El cambio de régimen político no se puede entender sin que haya una vocación gubernamental con los DH a diferencia del régimen anterior que se caracterizó por su autoritarismo y en muchas ocasiones represivo como en los ataques a los movimientos de médicos, maestros y ferrocarrileros a fines de la década de los años cincuenta y luego los asesinatos a los estudiantes en 1968 y 1971, la guerra sucia en Guerrero en los primeros años de la década de 1970, las matanzas de Aguas Blancas y El Charco, entre tantos más.
2.- Ante las múltiples represiones del pasado, el régimen actuó con impunidad, protegió a los autores intelectuales y materiales de las graves violaciones a los Derechos Humanos, como ha sido el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, en el cual el gobierno de Peña Nieto actuó con indolencia, negligencia, con falta de responsabilidad, lo que ha propiciado la confusión, incertidumbre, injustica, la angustia y daños irreparables hacia las víctimas. De lo que se trata ahora es esclarecer los hechos, conocer la verdad, puesto que en un régimen democrático como el que se está construyendo en México debe prevenirse que no haya violación a los DH, investigarse los que se hayan cometido en el pasado –puesto que los crímenes de lesa humanidad no prescriben– sancionar a todos los responsables, proteger a las víctimas y hacer el máximo esfuerzo en la reparación del daño.
3.- La Comisión estará integrada por: la Secretaria de Gobernación a través del subsecretario Alejandro Encinas, quien es un luchador social de izquierda comprometido con los DH; el secretario de Relaciones Exteriores; por un representante de la Secretaría de Hacienda; madres y padres de familia –cuya participación es absolutamente indispensable–, y organizaciones defensoras de los DH como el centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz, lo cual garantiza un trabajo profesional, imparcial y sobre todo humano, toda vez que la inclusión de los familiares de los alumnos desaparecidos genera confianza en las investigaciones, las cuales retomarán las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los informes y conclusiones de los especialistas forenses de Argentina y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4.- Junto a un programa social de bienestar de un pueblo debe procurarse necesariamente la paz y la justicia. Pueden existir regímenes políticos autoritarios, represivos y hasta dictaduras que impulsen el crecimiento económico, el desarrollo material, incluso el empleo –como lo hicieron Hitler y Pinochet en su momento– pero si no hay respeto a los derechos humanos, no hay paz ni justicia y así de nada sirve un gobierno. La Comisión que creo AMLO que ya quedó instalada, es un signo inequívoco de que se impulsa un verdadero cambio de régimen en donde los DH son una prioridad. Esperemos que los representantes en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes públicos actúen en consecuencia, puesto que esta Comisión y sobre todo sus resultados es y tendrán un significado de los más relevantes de la Cuarta Transformación de México.
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