Gerardo Arreola
En un acto oficial, la hija de un guerrillero termina su discurso y saluda al presidente López Obrador, que la abraza, pero en el trayecto la mujer ni siquiera mira al secretario de Defensa.
La estampa resume el conflicto que ahora se abre en México: un plan de reconciliación basado en la “obediencia debida” frente a otro que intenta documentar la verdad y buscar la justicia por crímenes ejecutados por militares y policías durante la guerra sucia, las décadas de represión a movimientos sociales e insurgentes.
El choque quedó expuesto desde la escenografía. El acto que simbolizaba la apertura de archivos militares, el pasado 22 de junio, citó de manera errónea a la instancia investigadora: Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. En el panel de fondo de la ceremonia la última parte del nombre se sustituyó por “…Impulso a la Justicia de los Hechos Ocurridos…” El acto era en el Campo Militar Número 1, antiguo centro de tortura, donde ahora el Ejército eliminó hasta del título las “violaciones graves…”
El general secretario Luis Cresencio Sandoval expuso la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil y a la ley, no habló de los atropellos. Por el contrario, anunció un “mecanismo integral de reconciliación social” y un homenaje a los militares muertos en la guerra sucia.
López Obrador confirmó que entendía ese acto como señal de “reconciliación” y argumentó explícitamente la “obediencia debida”: “La responsabilidad principal, incluso legal, recae en las autoridades civiles”, dijo el presidente. “Actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las Fuerzas Armadas han estado vinculados, relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles (…) fue una orden dada desde arriba”.
Ya el grupo de expertos precisó que el plan de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional no incluye ninguna reivindicación ni homenaje a militares. Lo mismo dijo tácitamente la Comisión. El conflicto sobre la reivindicación y reconciliación está abierto. Aún falta el debate sobre la “obediencia debida”.
Nada es extraño. Conflictos similares, en mayo o menor medida, han surgido en la ejecución de mecanismos de justicia transicional como en Colombia, El Salvador, Irlanda del Norte, Ruanda o Sudáfrica.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó a la Brigada Blanca, el escuadrón de la muerte que operó en México como lo hicieron la Alianza Anticomunista Argentina, el Batallón 3-16 de Honduras o los Grupos Antiterroristas de Liberación de España. La Brigada era de composición mixta, de militares y civiles, procedentes de cuerpos como la Policía Judicial Federal, la Dirección Federal de Seguridad, las policías judiciales del Distrito Federal y de algunos estados y la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia capitalina.
Dentro y fuera de la Brigada jefes policiales normalizaron el terror y la tortura y se cobijaron bajo la impunidad no sólo en la operación contra guerrillas y movimientos sociales, sino también frente a la delincuencia común. Su investigación será muy relevante.
