18 enero,2023 5:16 am

La inestabilidad política peruana llegó para quedarse

Gaspard Estrada

 

Perú está en llamas desde hace varias semanas. Desde el pasado fin de semana la presidenta en funciones, Dina Boluarte, ha extendido una declaración de Estado de emergencia en varias zonas del país, incluyendo a Lima, la capital, así como a otras ciudades de provincia, en particular en el sur del país. Estos territorios han sido el palco de múltiples manifestaciones, que han degenerado en escenas de violencia urbana, y se han traducido en más de 50 muertes. La orden de 30 días, que se aplica a Lima, Puno y Cusco, suspende ciertos derechos constitucionales. La orden también impone un toque de queda en Puno, donde se ha producido la mayor concentración de muertes de manifestantes.

La razón de este nuevo movimiento social es conocida: la destitución del presidente Pedro Castillo por el Congreso, tras la intentona del entonces jefe del ejecutivo de romper con el equilibrio de los poderes al intentar disolver la Cámara de Diputados. Si bien Castillo era extremadamente impopular –según la última encuesta de opinión publicada por la encuestadora IEP antes de su caída, su tasa de rechazo rondaba el 80 por ciento de la población general–, el saldo de opinión del Congreso era también pésimo: más del 85 por ciento de los peruanos rechazaba la gestión de los congresistas. Ante el funcionamiento opaco de la Justicia peruana, es posible decir que la mayoría de las instituciones peruanas sufren de un gran descrédito, lo que hace mucho más compleja una solución pactada de la crisis política y social que vive Perú desde finales del año pasado. Por ello, cuando el Congreso decidió destituir a Castillo, pero no convocar a elecciones generales de manera inmediata, buena parte de la opinión pública (en particular los más humildes, que viven en buena parte en el sur del país) decidió salir a las calles y expresar su insatisfacción.

Infelizmente, esta inestabilidad política no es una novedad en el país andino. Desde el final del mandato del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), y el surgimiento de la operación judicial Lava Jato en Perú, en 2017, el país parecer haber entrado en una espiral política y social cada vez más compleja y peligrosa. Durante la legislatura anterior del Congreso, no menos de cuatro presidentes se sucedieron en el palacio de gobierno. La acumulación de escándalos de corrupción, que fueron  fruto de las investigaciones del poder judicial, pero también, en buena medida, de la información transmitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a sus pares peruanos y a los medios de comunicación, crearon un ambiente de hostilidad hacia los políticos y la política. De la misma manera que en Brasil y en otros países de América Latina.

Está claro que si estas investigaciones hubiesen permitido disminuir la corrupción, fortalecer las instituciones democráticas del país y decretar el fin de la impunidad, las cosas hubieran ido por el buen camino. Sin embargo, esto no ha sido el caso. Por lo contrario, la corrupción continúa arraigada en la sociedad y en el poder –el propio expresidente Pedro Castillo está siendo investigado por supuestos actos delictivos en favor de familiares. Y las instituciones peruanas han mostrado su disfuncionalidad al tener no menos de seis presidentes de la República en seis años– un récord para la democracia de ese país.

En este sentido, parecería indispensable reformar de manera estructural el sistema político y el funcionamiento institucional del país, para permitir un funcionamiento más armónico de los poderes. Sin embargo, las cosas van por otro camino: el del status quo, y por ende, del agravamiento de la tensión social: si bien la destitución de Castillo fue el detonante de las protestas, la ira que alimenta la movilización popular tiene sus raíces en algo más profundo. Sin un cambio profundo de las prácticas políticas y de la política misma, está claro que los días de Dina Boluarte están contados. También podrían serlo para su eventual sucesor si nada cambia.

 

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

Twitter: @Gaspard_Estrada