Texto: Apro / Foto: EFE
Managua, Nicaragua, 29 de abril de 2018. La marea humana, unas 700 mil personas, recorrió 6.5 kilómetros hasta la sede de la Universidad Politécnica (Upoli), bastión del levantamiento cívico en Nicaragua, y al pasar frente a la sede de la Policía Nacional, un rugido popular chocó contra las paredes y los cristales de los responsables directos de la represión contra los estudiantes. “¡Asesinos!”, “¡Perros!”, “¡Malditos!”, gritaba la multitud una y otra vez.
El repudio era justificado. La institución cuyo lema es “Honor, Servicio y Seguridad” y que de acuerdo con su propia ley es “un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante”, ha reprimido con violencia el levantamiento popular que hasta el momento ha tenido el mayor saldo trágico de las últimas décadas: más de 30 muertos, así como decenas de detenidos y desaparecidos.
El levantamiento popular se inició el miércoles 18. Dos días antes el gobierno de Daniel Ortega sorprendió a los nicaragüenses con el paquetazo, un paquete económico inesperado y brutal. En primer lugar, a los pensionados mayores de 60 años se les deduciría 5% de sus jubilaciones para costear su atención en salud.
En segundo lugar, la cuota de los cotizantes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que pagan un “régimen integral” cubierto por el empleador y el trabajador, aumentaría 4.25% entre el 1 de julio de 2018 y el 1 de enero de 2020, alcanzando un total de 22.5% del salario total. El economista Néstor Avendaño estimó que esto significaba que Nicaragua tendría la tasa de cotización al seguro social más elevada de Centroamérica.
En un comunicado emitido 24 horas después, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reveló que en marzo de este año el gobierno le presentó nueve medidas para mejorar la sostenibilidad financiera del INSS.
Tras analizarlas, consideró que no planteaban una reforma integral al sistema y presentó una contrapropuesta con medidas para mejorar la sostenibilidad del INSS en el largo plazo, basadas en sugerencias del FMI. Sin embargo, éstas no llegaron a ser discutidas debido a que, dijo, el gobierno no estaba dispuesto a ceder en sus propuestas originales. Se cerró así el “espacio del diálogo y consenso” entre los representantes del sector privado y el gobierno, que se mantenía desde 2009.
Por su parte la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, un centro de pensamiento en el país, advirtió dos días después que ese paquete de reformas propuesto por el gobierno significaría que dejarán de circular en la economía unos 200 millones de dólares, lo que equivale a 1.5% del PIB, convirtiendo esta medida en “una de las mayores políticas fiscales desde 1990”. Por tanto, estimaba que redundará en una desaceleración del consumo, una mayor informalidad y menor empleo.
Los “camaradas” critican
El pueblo salió a manifestarse de manera pacífica al caer la noche del miércoles 18. Sin embargo, fuerzas de choque afines al gobierno, junto con policías antimotines, reprimieron salvajemente la protesta, con saldo de decenas de heridos y asaltados ante la indolencia de la Policía Nacional.
A un periodista radial, Julio López, le provocaron una conmoción cerebral con una enorme piedra. A Ana Quirós, activista feminista, la atacaron las turbas con un bate, golpeándola en la cabeza y provocándole fracturas en los dedos de la mano derecha. Su rostro ensangrentado le dio la vuelta al mundo y ocupó las portadas de los diarios nacionales.
Los manifestantes se replegaron en la Universidad Centroamericana (UCA), de los jesuitas. Hasta allá llegaron las fuerzas represivas. Destruyeron la entrada principal del recinto, que apenas habían inaugurado semanas atrás las autoridades universitarias. Los jóvenes se refugiaron para ponerse a salvo de la lluvia de piedras, gas lacrimógeno y balas de goma.
“Rechazamos la agresión física que se ejerció de manera injusta y desproporcionada en contra de los estudiantes y demás ciudadanos que el miércoles 18 de abril protestaban pacíficamente desde el portón principal de la UCA. Las imágenes y videos divulgados en medios de comunicación mostraron la saña con que grupos simpatizantes del gobierno actuaron contra nuestros estudiantes, trabajadores y autoridades de la universidad.
“Fueron cuantiosos los daños causados a nuestras instalaciones como parte de dicha agresión, ataque realizado de forma impune al contar con la indiferencia y pasividad de la Policía Nacional”, señaló la Compañía de Jesús en un comunicado suscrito entre otros por el provincial de los jesuitas en Centroamérica, Rolando Alvarado.
El comandante Jaime Wheelock Román, de la Dirección Nacional Histórica del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lideró el derrocamiento de la dictadura somocista, cuestionó la reforma del seguro social y la represión contra la población civil y estudiantes universitarios en una carta abierta dirigida a su excompañero de armas Daniel Ortega, fechada el pasado domingo 22.
“A causa de ello, una importante mayoría de la población al frente de la cual están los estudiantes universitarios y hasta hijos de altos dirigentes del ejército, la policía y del FSLN, se han movilizado para expresar su legítima protesta”, señaló Wheelock.
Y agregó: “La reacción de las autoridades ha sido desproporcionada con empleo de armas de fuego por la policía y grupos de choque, que han causado decenas de muertos y centenares de heridos entre nuestra población”.
Por otra parte, Bayardo Arce, asesor presidencial para temas económicos, reconoció ante la cadena televisiva Univision el lunes 23, que Ortega se había equivocado con la reforma al INSS.
Hartazgo popular
La primera estructura metálica de unos 15 metros de altura, que la vicepresidente Rosario Murillo bautizó años atrás como “árboles de la vida”, fue derribada por ciudadanos y estudiantes el jueves 19, en una de las jornadas más intensas de la insurrección cívica.
Al anochecer cayeron al menos tres o cuatro más, cada uno construido por el capricho de la pareja presidencial Ortega-Murillo a un costo estimado extraoficialmente en 25 mil dólares, cifra que no incluye el gasto anual de energía eléctrica. El pueblo los bautizó como “arbolatas” o “chayopalos”, en alusión al nombre de Murillo. En su lugar fueron plantados árboles reales.
Durante la masiva marcha en apoyo a la lucha estudiantil y en homenaje a los jóvenes muertos, convocada por el Cosep, otras consignas virales que se enarbolaron fueron: “Daniel, Somoza, son la misma cosa” y “¡Que se vayan!”
Carlos Fernando Chamorro, connotado periodista nicaragüense, hijo del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidente Violeta Barrios, refirió que la conciencia popular está asociando a Ortega y su familia con la dictadura somocista; por tanto, la naturaleza de la crisis ahora es política.
“La gente se hartó y la respuesta del movimiento estudiantil se trasladó y se convirtió en una rebelión nacional, en una rebelión cívica, en una especie de insurrección cívica. Este es un gobierno que tiene las manos llenas de sangre. Ortega y Murillo perdieron toda autoridad moral para gobernar Nicaragua”, apuntó en entrevista con CNN.
Agregó que el pueblo está demandando en primer lugar castigo a los culpables de la represión contra más de 30 jóvenes y estudiantes, que se investiguen los hechos, que se identifique a los culpables de la represión. Además, como primer paso, afirmó que deben renunciar o ser retirados de su cargo Aminta Granera y Francisco Díaz, primer y segundo jefes de la Policía Nacional, respectivamente, ya que son cómplices de la represión y están inhabilitados para realizar esa investigación.
“Necesitamos que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), Amnistía Internacional, a establecer la verdad sobre estos crímenes que ha cometido el régimen, que los culpables sean sometidos a la justicia, de otra manera sería absolutamente imposible que la rebelión pueda cesar”, insistió Chamorro.
Al respecto, la CIDH en un comunicado oficial fechado el martes 24 y emitido desde Washington, recordó que los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que constituyen una amenaza al orden público.
Agregó que los operativos de seguridad deben ser planificados con protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo.
“La CIDH hace un llamado a las autoridades a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones y establecer las sanciones correspondientes”, señaló y anunció que solicitará formalmente la anuencia del Estado de Nicaragua para realizar una visita de trabajo.
Al respecto, Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, recordó que el dictador Anastasio Somoza, tras la insurrección armada de septiembre de 1978, aceptó que llegara al país una misión de la CIDH que investigó concienzudamente y luego confirmó las denuncias de genocidio.
Ortega nunca ha aceptado ni autorizado una misión de la CIDH durante su largo periodo presidencial (de 2007 a la fecha).
Millennials indignados
Juan Carlos Gutiérrez, sociólogo y catedrático universitario, en su ensayo “La insurrección cívica de los autoconvocados en Nicaragua”, asegura que los millennials indignados, son los protagonistas de esta insurrección cívica en el país. Refiere que días antes de las protestas, el martes 10, un centenar de estudiantes universitarios realizaron una concentración para manifestar su descontento por la mala gestión gubernamental del incendio en la reserva de la biosfera Indio Maíz, en el sureste del país.
“La concentración fue convocada por un grupo de estudiantes adolescentes y jóvenes que apenas se conocían, utilizando las redes sociales y el sigilo para poder realizar la invitación. Una convocatoria joven, sin estructura, pero con energía para transformar su realidad. Esta expresión obtuvo gran reconocimiento por parte de la población, por su frescura en liderazgo y agenda.
“Se plantó así el germen de la voz no gubernamental en la calle. El incendio amainó, pero el hashtag #SOSIndiomaiz cobró vida y reconocimiento, mientras el gobierno movilizaba a las fuerzas de seguridad para controlar las calles y evitar expresiones críticas de manera pública”, agrega Gutiérrez.
Tras la reforma a la seguridad social –que debió ser revocada por Ortega al quinto día de protestas– el hashtag se transformó en #SOSInss. Y, a partir del lunes 23, día de la marcha multitudinaria en apoyo a la lucha de los estudiantes universitarios, Gutiérrez asegura que se viralizó el hashtag #SOSNicaragua.
El pasado martes 24, por primera vez desde que comenzaron las protestas en casi todo el territorio nacional, los jóvenes que luchan en la sede de la Upoli, en el oriente de la capital, mostraron sus rostros durante una conferencia de prensa. Ante una batería de periodistas nacionales y extranjeros, tres jóvenes indicaron que pasarán a denominarse Movimiento Universitario 19 de Abril, en homenaje a sus compañeros asesinados en la lucha cívica.
