Acapulco, Guerrero, a 23 de enero de 2026.- Además de la disculpa pública, la recomendación 98VG/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) plantea que el gobierno estatal debe realizar un diagnóstico de las necesidades de las víctimas de la guerra sucia de 1965 a 1990 y una “reparación integral”, erigir sitios de memoria, cambiar la nomenclatura de los espacios públicos con nombres de perpetradores y quitar sus monumentos.
Advierte que la ocupación militar y la violencia política prevalecen en el estado, “convirtiéndose en una ocupación permanente e imprimiendo renovados episodios de violencia política del Estado mexicano y de Guerrero en las nuevas generaciones”.
Tras el rechazo generalizado por el homenaje del 9 de noviembre al natalicio del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa, unas de las tantas autoridades señaladas por la CNDH como responsables de las violaciones graves a derechos humanos durante el periodo de la contrainsurgencia, el gobierno estatal ha dado a conocer recientemente reuniones y acuerdos para cumplir con la recomendación de 98VG/2023, enfocándose en la disculpa pública.
La disculpa pública es sólo la primera de las seis recomendaciones de la CNDH al gobierno morenista de Evelyn Salgado Pineda, consiste en llevar a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad por “las atroces graves violaciones a derechos humanos registradas en el periodo de 1965 a 1990 con la aquiescencia de funcionarios del Estado de Guerrero, Policías Estatales, Gobiernos Municipales y Policías Municipales”.
“Así como por la violencia estructural perpetrada en ese tiempo contra militantes y población en general, debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”, dice el documento publicado el 18 de abril de 2023 y dado a conocer por El Sur en un primer momento, tres días después.
La segunda recomendación al gobierno del estado es establecer un equipo multidisciplinario en el marco del mandato de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (CoVEH), creada en 2021 y finalizada en 2024, y en coordinación con la CEAV, para que colabore con el diagnóstico de las necesidades relacionadas con el acceso a los derechos a la salud, alimentación y educación del estado.
La tercera recomendación plantea “coadyuvar con la CEAV en el plan de reparación integral, mediante el diseño de políticas públicas de desarrollo integral (salud, vivienda, medio ambiente) de las regiones afectadas por la violencia política” del estado.
La CNDH también recomienda al gobierno estatal “colaborar administrativa y presupuestariamente, para establecer y erigir los sitios de memoria referidos en la presente recomendación, en coadyuvancia con la CoVEH y con la participación de sobrevivientes y familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas en el periodo comprendido entre 1965 a 1990”.
“Se deberán proponer sitios visibles y concurridos para la ubicación donde se erigirá el sitio de memoria”, precisa el organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra, hija de la mítica madre buscadora Rosario Ibarra de Piedra.
También le pide al gobierno estatal realizar “las gestiones necesarias para que la nomenclatura de calles, los monumentos públicos, nombres de escuelas y otros lugares públicos, que refieran a perpetradores señalados en el presente instrumento recomendatorio, sean señalados públicamente como violadores a derechos humanos”.
Asimismo, “en conjunto con las víctimas sobrevivientes y familiares de violencia política de Estado, se establezcan alternativas de cambio de nomenclatura y/o desmonte de monumentos o estatuas que refieran a perpetradores”.
El cumplimiento de tal recomendación significaría cambiar los nombres a todas las escuelas, calles y colonias con los nombres de Figueroa Figueroa, su antecesor Israel Nogueda Otero, y los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo, por mencionar algunos políticos señalados por la CNDH como responsables de violaciones graves de derechos humanos.
La sexta recomendación es designar a un servidor público como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación; en los hechos, tal función recae en el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, quien se reunió con representantes del organismo defensor de derechos humanos el 15 de enero pasado.
Plan Telaraña, operación de “exterminio” contra la sociedad civil
De la vasta información que contiene la recomendación, destaca la conclusión de la CNDH sobre la aplicación del Plan Telaraña de parte del Ejército en 1971 contra las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que “se concretó como una operación de verdadero exterminio en contra de la sociedad civil de Guerrero, ya que implicó detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas”.
Otros operativos militares en el estado que reseña la CNDH son Operación Cerco, Plan Luciérnaga, Operación Atoyac, Operación Amistad y Operación Rastrilleo.
“Dicha ocupación militar, así como la violencia política aún prevalece en estas regiones y en muchas otras del estado de Guerrero, convirtiéndose en una ocupación permanente e imprimiendo renovados episodios de violencia política del Estado mexicano y de Guerrero en las nuevas generaciones”.
La recomendación también expone los Vuelos de la Muerte de la Base Militar de Pie de la Cuesta, desde donde salían aeronaves en la década de 1970 rumbo al mar para lanzar a campesinos acusados de pertenecer a la guerrilla.
Afirma que la ejecución en el estado durante las décadas de 1960 y 1970 del Plan de Defensa Nacional II, conocido como “Plan DN-II” (Orden Interno) y aplicado ante alteraciones graves al orden público cuando los cuerpos de seguridad policiacos son superados, “nos muestra lo riesgoso que ha sido su aplicación, por las violaciones a derechos humanos que generó”.
Sostiene que un “factor central” para el desarrollo de la guerrilla en la Sierra de Guerrero es que “la gente vivió de generación en generación la explotación y represión a la que también, históricamente, han sido relegados”.
Del caso de Atoyac, donde se originó la guerrilla del Partido de los Pobres, la CNDH expone la miseria en la que vivían los productores y la “cultura caciquil” que permeó la cotidianidad de la vida campesina en el municipio de la Costa Grande desde mucho tiempo atrás, entre los más importantes están Enrique Juárez, supervisor del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), y la familia Figueroa.
También influyeron los guardias blancas, quienes “llevaron a cabo, por medio de la violencia, el amedrentamiento de campesinos con fines de lucro y acaparamiento ilegal e injusto a cambio de pagos de los caciques”.
El organismo público de defensa de los derechos humanos señala que el “cerco mediático de los hechos perpetrados en la zona dio un manto de permisividad a grupos de poder y al Ejército para realizar escandalosas atrocidades, teniendo en cuenta que no llegaron a difundirse más allá de la zona guerrerense”.
“Sobre las instituciones de justicia, su injerencia en las dinámicas sociales fue de nula autonomía ante los caciques y autoridades municipales, fueron, y hasta el día de hoy son, parte del complejo caciquil rural al permitir y solapar la impunidad con la que actuaron”.
Para la elaboración de la recomendación, la CNDH recopila un gran número de testimonios guerrerenses y califica a las detenciones en las comunidades como “masivas, aleatorias y ejemplificantes”.
“Los objetivos de la eliminación de la disidencia política adquirieron escalas superiores, cuando el impacto de la violencia política de Estado fue determinante, que no solo afectó el tejido social, sino que lo eliminaron, ello se ejemplifica con la desaparición de comunidades completas como la comunidad de Río Chiquito y El Salto Chiquito en el municipio de Atoyac”.
Como parte del análisis de contexto para la elaboración de la recomendación, la CNDH puntualiza que en Guerrero “el vínculo de parentesco fue determinante para llevar a cabo las estrategias de violencia política que derivaron en los hechos violatorios de los que da cuenta el instrumento”.
Ramón Gracida Gómez
