El ministerio de Defensa justifica la presencia militar en las protestas por la “amenaza terrorista”. Duque anuncia la creación de una mesa de diálogo tras siete días de intensas manifestaciones en el país. La ONU y la UE condenan el uso excesivo de la fuerza
Bogotá / Madrid, 5 de mayo de 2021. La Defensoría del Pueblo, órgano defensor de los derechos humanos en Colombia, registró al menos 19 muertes, entre ellas al menos un policía, y compartió un listado de 87 personas que según las denuncias siguen desaparecidas.
En Colombia hay un reclamo generalizado por denuncias que recaen sobre agentes de la policía a los que se les vio incluso disparar a quemarropa contra manifestantes.
La policía es objeto de serias acusaciones que incluyen ataques sexuales, violencia física y detenciones arbitrarias, y además fue señalada por la muerte de muchos manifestantes, en su mayoría gente joven.
Además, hay registro de un ataque de policías contra una misión humanitaria de la Procuraduría del País, la Defensoría del Pueblo y la ONU.
La Policía Nacional anunció que investigará más de dos docenas de denuncias de brutalidad.
Aunque el paro nacional contra varias medidas impopulares del gobierno de Duque preveía actos y marchas pacíficas, las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta.
Durante las protestas también se realizaron saqueos y actos de vandalismo. Según el Ministro de Defensa, los actos fueron cometidos por integrantes de grupos armados ilegales que infiltraron las protestas pacíficas.
El Presidente Iván Duque anunció previamente que las ciudades afectadas por actos de vandalismo, saqueos y bloqueos tendrían asistencia militar para restaurar el orden, pero los alcaldes de Bogotá y Medellín rechazaron el ofrecimiento.
Las protestas comenzaron la semana pasada por una reforma tributaria ampliamente impopular, y rechazada incluso por miembros del partido del Presidente Iván Duque.
La reforma, que el gobierno considera necesaria para aumentar la recaudación y calmar dudas sobre la deuda del país, gravaba ventas, rentas, y afectaba directamente a personas de clase media y a pensionados.
El fin de semana la propuesta fue retirada del Congreso por el gobierno y el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció. Sin embargo, las protestas se convirtieron en un amplio grito contra la pobreza y lo que manifestantes y algunos grupos de derechos consideran como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Además de rechazar la Reforma Tributaria, la movilización enarboló como otras banderas de lucha el retiro de la reforma de salud, la reforma laboral y la reforma pensional, así como que el gobierno proteja a los líderes sociales y firmantes de la Paz, quienes son sistemáticamente asesinados.
A partir de la represión, los manifestantes también reclaman que se haga justicia con las víctimas, se desmantele el Escuadrón Móvil Antidisturbios.
La suroccidental ciudad de Cali se convirtió en el epicentro de las protestas y en su jurisdicción se registraron 11 de las 19 muertes confirmadas por la Defensoría del Pueblo y al menos 35 de las personas reportadas como desaparecidas.
“No más sangre en Cali”, dijo el Acalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, en un mensaje de Twitter a primera hora de ayer.
Duque dijo que su gobierno elaborará otra propuesta de reforma resultado de acuerdos con los partidos políticos, la sociedad civil y las empresas, y utilizó su programa nocturno de televisión para llamar a la unidad.
El Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, justificó ayer la presencia militar en las calles del país y afirmó que con ella se brinda apoyo “excepcional” a la policía frente a “la amenaza terrorista”, a la que responsabilizó de los actos de violencia que se viven en los últimos días durante las protestas por la ya retirada reforma tributaria del gobierno.
Esta presencia, continua, “permite garantizar el abastecimiento en ciudades para que víveres, elementos de sanidad y combustible no falten. Se protegen aeropuertos, importaciones y exportaciones y la infraestructura vial, todo enmarcado bajo los Derechos Humanos”, asegura.
Molano señala que “el impacto de las acciones terroristas” de los últimos días dejaron un policía muerto y más de 800 heridos, entre agentes y civiles, así como un gran número de infraestructuras públicas y negocios privados dañados, aunque no hizo referencia a los otros 18 fallecidos durante las manifestaciones.
Por su parte, la Fiscalía de Colombia aseguró ayer que tras las investigaciones, lograron determinar que “los desórdenes y hechos vandálicos” que se registraron en Cali están relacionados “con estructuras del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció ayer la creación de una mesa diálogo nacional que incluirá a los sectores y actores del país con el objetivo de llegar a soluciones al descontento ciudadano expresado en el paro nacional que llenó de protestas el país los últimos siete días en rechazo a la reforma tributaria.
La ONU y la Unión Europea llamaron ayer a la calma y advirtieron del uso excesivo de la fuerza en las protestas contra el gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, mientras las muertes de manifestantes siguen aumentando y las manifestaciones continuaron durante la noche.
Texto: Agencia Reforma / Europa Press
