Héctor Manuel Popoca Boone
Con especial atención para la C. secretaria de Gobernación, la C. gobernadora de Guerrero y el C. director general de la Auditoría Superior de la Federación.
En Guerrero, la gran corrupción institucional no es menor con el gobierno de Evelyn Salgado Pineda y su partido Morena. Está presente, prohijada y ocultada, en asociación con sus fracciones parlamentarias respectivas, que han integrado la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la presente y anterior Legislatura.
Así lo demuestran los asuntos en torno a la destrucción y construcción de la biblioteca pública del Congreso local. La misma tónica puede presentarse hoy en día en lo que corresponde a la rehabilitación física de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. ¡Sálvese quien pueda!
Desde que se autorizó hace más de dos años (10/junio/2021), en las postrimerías del sexenio del ex gobernador, Héctor Astudillo Flores, la fraudulenta demolición y construcción del desaparecido inmueble, a instancias de la gestión inicial individual del diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel –en ese entonces fungía como coordinador de la Jucopo– de una autorización de recursos públicos, partida presupuestal de índole federal, a fin de reparar los daños (ojo: remodelación; no demolición) ocasionados al edificio de la Biblioteca, a consecuencia de las diversas manifestaciones de protesta de tipo vandálico, que se realizaban, de vez en vez, a las puertas de la entrada principal del recinto legislativo local.
El otrora gobernador Astudillo, da la instrucción a su secretario de Finanzas de darle al titular de Obras Públicas (SDUOP), Isaac Ocampo Guzmán, 10 millones de pesos (del fondo de aportaciones de recursos federales) para la “Rehabilitación del Inmueble del Congreso del Estado”. En menos de un mes, Ocampo Guzmán recibe la primera ministración para inicio de obra, por 5 millones de pesos (¡más del 50 por ciento del costo de la reparación!) que, ni tardo ni perezoso, firma el 21 de julio de 2021, irregular contrato, por adjudicación directa, con la compañía Entre-Trazos, Diseño y Construcción, por 9 millones 471 mil 268 pesos. La rehabilitación contemplaba la planta baja, área de biblioteca, aire acondicionado, mobiliario, equipo de oficina y escaleras.
La gran premura en la autorización, aprobación, contratación y otorgamiento de la mitad del dinero que cubría el costo de la obra a la empresa constructora, se debió a la prioridad que señaló Astudillo de realizarse en el menor tiempo posible y daba como plazo de entrega el 22 de noviembre de 2021; no contando aún, en ese entonces, con un expediente técnico-presupuestal debidamente integrado de la obra de reparación; mismo que fue entregado por el director responsable de la obra hasta el segundo día del mandato de la nueva gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.
El dictamen de seguridad estructural final contemplaba que, para la rehabilitación del inmueble; los cimientos, el concreto de las vigas y las columnas tenían una resistencia aceptable. Cabe advertir que los planos estructurales originales del inmueble nunca se encontraron. La empresa ganadora, ya mencionada, era novel: tenía menos de un año de haberse dado de alta ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero (28 de septiembre de 2020).
El 22 de octubre de 2021, el diputado, Alfredo Sánchez Esquivel, mediante oficio a la SDUOP, solicitó que los recursos autorizados para la rehabilitación de la obra fueran reorientados para la demolición y la construcción de un nuevo edificio de dos pisos.
A ocho días de entrar en funciones la flamante gobernadora de Guerrero, su recién estrenada secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Irene Jiménez Montiel, recibió instrucciones de solicitarle a la empresa constructora contratada para la obra, presentar un nuevo presupuesto que contemplara la construcción de un segundo piso del edificio de la biblioteca, para albergar oficinas y cafetería. Al mismo tiempo, informaba al coordinador de la Jucopo de “la terminación anticipada” del contrato inicial de rehabilitación debido a los nuevos y ampliados trabajos autorizados para el inmueble.
Pero el 9 de noviembre de 2021, la compañía constructora inicial Entre-Trazos, solicita la segunda ministración para la rehabilitación de la obra, por un monto de cinco millones de pesos, ¡sin haber finalizado los trabajos contratados! Con fecha 23 de noviembre de 2021, el secretario de Finanzas de la gobernadora constitucional, Evelyn Salgado, ¡pagó el dinero solicitado! O sea, se le entregaron a la inicial empresa constructora la totalidad de los diez millones de pesos pactados no existiendo rehabilitación alguna de la biblioteca.
Finalmente, el 10 de diciembre de ese año, el gobierno de Salgado Pineda decidió dar por terminada, en forma anticipada, el contrato de rehabilitación, pidiendo a la empresa contratada que reintegrara a las arcas públicas los diez millones de pesos otorgados. Ignoro si fueron reintegrados o no. Trece días después, la secretaria de la SDUOP, Jiménez Montiel, firma un nuevo contrato, sin mediar licitación pública alguna, con otra empresa, Corporativo de Ingenieros Civiles, AVICAT, por un monto de nueve millones 604 mil 167 pesos, de fondos de recursos federales transferidos al estado.
El 28 de diciembre, la Secretaría de Finanzas y Administración realizó la transferencia de los fondos a la SDUOP de los cuales otorgó a la nueva empresa contratada un anticipo de 2 millones 808 mil pesos 613 pesos, para que iniciara, en sigilo, los nuevos trabajos. El plazo de ejecución fue del 25 de diciembre al 31 del mismo mes del 2021. Es decir, los siete días más inhábiles del año. Finalmente, en agosto de 2022, la obra quedó suspendida e inconclusa por falta de fondos.
En resumen podemos decir que, a la fecha, se han gastado 20 millones de pesos de recursos transferidos por la federación al gobierno estatal, para una obra plagada de irregularidades, donde la Auditoría Superior de la Federación espera que el gobierno estatal solvente el pliego de irregularidades detectadas en materia del uso de los recursos federales, detalladas en la auditoría de la cuenta pública del gobierno estatal de 2021, fundamentalmente en cuanto a la no observancia del contenido del expediente técnico original autorizado: llevar a cabo una rehabilitación, más no una demolición y nueva construcción. ¡Zas!
PD. Artículo síntesis elaborado a partir de la lectura de los ensayos periodísticos de José Miguel Sánchez y de Emiliano Tizapa Lucena. 12 de mayo y 30 de julio del 2023, respectivamente. Amapola Periodismo.
