Vidulfo Rosales Sierra
A la administración del presidente de la República no se le puede juzgar con blanco y negro, dado que la política social es atinada. Las carreteras artesanales están generando empleos y mejorando la comunicación en las comunidades, los programas sociales están llegando a los pueblos y algunas obras de gran impacto como los hospitales en proyección en Acapulco y Tlapa harán más accesible la salud para todas y todos.
Sin embargo, los temas de derechos humanos, la reversión de la impunidad y la violencia incontenible que enluta hogares a lo largo y ancho del país son su talón de Aquiles.
Los casos de la guerra sucia y Ayotzinapa no se han resuelto, por el contrario, la alianza estratégica del jefe del Ejecutivo con el Ejército mexicano, señalados como responsables, parece indicar que las familias seguirán esperando verdad y justicia. Las desapariciones, fosas clandestinas y cuerpos sin identificar son una realidad que lacera la vida de las personas.
El índice de homicidios cada día va al alza. El propio presidente en sus mañaneras ha tenido que reconocer esta triste realidad. Hay regiones en el país donde el crimen organizado ejerce un autogobierno. Allí, las layes y el estado de derecho no existen. El orden y las reglas de convivencia la imponen los grupos del hampa.
Esta situación la viven en carne propia las mujeres y hombres indígenas que viven en la zona que conforman los municipios de Zapotitlán Tablas, Copanatoyac, Acatepec y Atlixtac en la Montaña alta de Guerrero, donde se han suscitado feminicidios, homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado.
En ese contexto, allí han ocurrido decenas de homicidios y desapariciones que no merecen la más mínima investigación. Hace más de dos meses fue desaparecido el profesor Uriel Espinobarros Sierra. La investigación no presenta ningún avance, pese a que la carpeta de investigación fue remitida a la Fiscalía especializada, las pesquisas están estancadas, el pretexto de los agentes del Ministerio Público es que están concentrados en Acapulco por lo del huracán Otis mientras tanto los montañeros tenemos que esperar. Los feminicidios de las hermanas Kenia y Avelina de la comunidad de Tlatquetzalapa municipio de Copanatoyac sigue impune. El responsable que está plenamente identificado no ha sido detenido, abogados de Tlachinollan tuvieron que promover un amparo por la negativa de la Fiscalía de ejecutar las órdenes de aprehensión, pero de nada ha servido pues la institución de procuración de justicia sigue sin hacer nada.
Recientemente las indígenas Nahuas Jesenia de Ostozingo y Margarita de Copanatoyac fueron asesinadas, los primeros datos de prueba parecen indicar que los responsables son sus parejas, pero la Fiscalía se apresta a cerrar el caso argumentando que los dictámenes médicos indican que se suicidaron.
El caso de don Ángel, su esposa e hija de nueve años asesinados y quemados en su camioneta permanecen sin avances y sin poder detener a los responsables que también están identificados.
El 14 de diciembre en las comunidades de Tierra Colorada, Plan de Injerto y Huixtlatzala municipio de Zapotitlán Tablas ocurrieron diversos enfrentamientos donde murieron mujeres y niños cuya investigación tampoco presenta avances.
A las 8 de la noche de ese mismo día a la casa de Enriqueta ubicada en Huixtlatzala municipio de Zapotitlán Tablas llegaron hombres armados que le dispararon. Enriqueta cayó al suelo privada de la vida, mientras sus hijos lloraban. Los gatilleros los golpearon y les dijeron lárguense de aquí, si mañana los vemos, los matamos. Las hijas e hijos lloraban la muerte de su madre, pero también temían por su vida, la escena de terror no era para menos. Los hijos de Enriqueta tuvieron que salir del pueblo dejando todo. Antes la abuela les dijo: “no podemos dejar a mi hija así, su cuerpo lo van a comer los animales”. Rápidamente cavaron y enterraron a su mamá dentro de la casa, por las prisas sus pies todavía quedaron al descubierto. Se fueron lejos de Guerrero. Pero no podían dejar ahí a su madre, regresaron a Tlapa y pidieron apoyo a Tlachinollan. Se interpuso la denuncia y se le pidió al Ministerio Público subir para ubicar el cuerpo y hacer el levantamiento correspondiente. Los funcionarios de la Fiscalía se negaban a recibir la denuncia aduciendo que tenían mucho trabajo y que regresáramos después. A duras penas se hicieron las entrevistas a los testigos, pero hubo problemas para subir a levantar el cuerpo. Navidad estaba próxima así que la familia tuvo que esperar. El cuerpo de Enriqueta pasó la Navidad en la gélida obscuridad de su cuarto abandonado, mientras sus hijos fuera del estado llorando su ausencia, porque los funcionarios de la Fiscalía tenían vacaciones. Un servidor se cansó de llamar a las autoridades. Nadie contestó.
Hasta el 28 de diciembre el Ministerio Público pudo subir a levantar el cuerpo que luego fue llevado a Chilpancingo para la necropsia. Ahora el problema era cómo regresar el cuerpo, quién pagará a la funeraria su traslado, donde serán sepultados los restos de Enriqueta, si en su comunidad el grupo delictivo no lo permite y tenemos un estado débil que ni siquiera eso puede garantizar.
La familia decidió que la va a sepultar en Tlapa, pero para eso hay que tener un terreno en el panteón para su inhumación el cual cuesta 20 mil pesos. Hemos hablado con todas las autoridades, pero nadie responde. A nadie le interesa la muerte de una mujer indígena, ni lo que pasa en la Montaña.
Dónde están los presidentes municipales, los regidores, la Fiscalía, la CEAV, la Secretaría de la Mujer, dónde están las instituciones, dónde está la Iglesia que pregona de este mes, regocijo por el nacimiento de Jesús, dónde están las buenas nuevas.
Mujeres a la intemperie olvidadas por todos, sufriendo en silencio los estragos de una violencia irracional, que padecen la justicia y un gobierno frívolo e indolente.
