El teniente del Ejército retirado, detenido este viernes por el caso de los 43 normalistas desaparecidos, estuvo sólo 10 meses como secretario de Seguridad del gobierno de Ángel Aguirre porque fue removido tras los hechos
Chilpancingo, Guerrero, 1 de noviembre de 2022. Leonardo Octavio Vázquez Pérez, teniente retirado del Ejército, detenido el pasado viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada y acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue el secretario de Seguridad Pública estatal durante 10 meses en la administración del perredista Ángel Aguirre Rivero, también ocupó cargos de seguridad con los perredistas, Zeferino Torreblanca Galindo en el gobierno estatal, y Alberto López Rosas, en el Ayuntamiento de Acapulco.
El pasado viernes, Leonardo Octavio Vázquez Pérez fue detenido en Nayarit por el delito delincuencia organizada y acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando era secretario de Seguridad Pública estatal.
De acuerdo con información publicada en El Sur, el 7 de enero de 2014 Vázquez Pérez fue nombrado encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) para suplir al almirante Sergio Javier Lara Montellano, quien renunció un día antes con motivo del ataque de un comando armado al penal de Tuxpan, en Iguala, que dejó un saldo de 10 muertos y el asesinato de tres reclusos que habían sido trasladados de esa cárcel al reclusorio de Las Cruces, en Acapulco.
El entonces gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, instruyó nombrar “encargado de despacho” a Vázquez Pérez, quien en ese momento era subsecretario de Prevención y Operación Policial de la dependencia, y quien fue ratificado como titular el 13 de enero.
Vázquez Pérez era el cuarto titular en la SSPPC estatal, en lo que llevaba de gobierno Ángel Aguirre, pues Lara Montellanos ocupó el cargo a partir del 4 de junio de 2013, tras la destitución del cargo de Guillermo Jiménez Padilla, quien había sido designado ante la renuncia el 13 de diciembre de 2011 de Ramón Almonte Borja, debido al desalojo violento de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, que dejó dos estudiantes muertos a balazos y también muerto un empleado de una gasolinería ubicada a un costado del lugar.
En enero de 2014, cuando fue nombrado titular de la dependencia, Vázquez Pérez tenía 37 años, era teniente de la Fuerza Aérea, egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
Desde el 17 de mayo de 2013 había sido nombrado por el gobernador perredista como subsecretario de Operación Policial, y por unos días se encargó de la dependencia de forma interina entre la destitución de Jiménez Padilla y el nombramiento de Lara Montellanos.
También Vázquez Pérez se desempeñó en el periodo en la alcaldía de Acapulco de Alberto López Rosas, de 2002-2005, como comandante de la Policía Turística.
Asimismo participó en el área de seguridad en la campaña de Zeferino Torreblanca por la gubernatura y cuando éste fue gobernador, por el PRD, Vázquez Pérez fue nombrado responsable del Área de Operación Policial de la SSP bajo el mando del general Juan Heriberto Salinas Altés.
Durante el gobierno de Zeferino Torreblanca (2005-2011) ocupó los cargos de director general de la Policía Montada, director de la Unidad de Reacción Inmediata y Aeromóvil de la SSP y coordinador general de Seguridad al Sector Turístico de la Secretaría.
Una vez en el gobierno Ángel Aguirre, Vázquez Pérez ocupó el cargo de coordinador operativo de la Policía Estatal región Acapulco, y de subsecretario de Prevención y Operación Policial en sustitución en diciembre de 2011 de Ramón Arreola por el desalojo de los normalistas de Ayotzinapa de la Autopista del Sol en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011.
Antes de asumir su nombramiento como titular de la SSP, en julio de 2013, en diferentes puntos de la periferia de Acapulco fueron dejadas costalillas con restos de perros adentro, con cartulinas con mensajes escritos a mano y hojas blancas esparcidas en el suelo contra el subsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
Días después de haber rendido protesta como secretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez enfrentó el 28 de enero de 2014 el ataque armado en Chilpancingo contra el empresario Pioquinto Damián Huato, y su familia, donde resultó asesinada su nuera, Laura Rosas Brito. Vázquez Pérez señaló que la encargada era la Procuraduría General del Estado y que su dependencia revisaba los videos de las cámaras de vigilancia a manos del Centro de Control, Comando y Cómputo (C4).
Otro caso que públicamente atendió Vázquez Pérez se suscitó en marzo de 2014 cuando encabezó el operativo Sellamiento Michoacán y Guerrero, con el que buscaban evitar que las autodefensas de este estado vecino rebasan los límites y entraran al estado, a quienes advirtió que serían detenidos, además afirmó, habían decomisado drogas y armas.
El 8 de mayo de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero firmó un convenio para establecer el Mando Único Policial con los alcaldes de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tixtla, Teloloapan y Zihuatanejo, encargó a Leonardo Octavio Vázquez poner en marcha y dirigir el mando único en los seis municipios, con el que pretendió revisar a las policías municipales, para evaluarlas y certificarlas como lo mandataba el gobierno federal del priista Enrique Peña Nieto.
Ese mismo día el entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, consideró positiva la determinación del gobierno del estado y la federación de incluir a su municipio en el nuevo modelo policial y que era buena la investigación que se hacía de funcionarios, alcaldes y diputados para evitar que tuvieran nexos con la delincuencia.
El 22 de mayo públicamente el hijo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, Rubén Figueroa Smutny, cuestionó al gobernador Aguirre Rivero y al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez, porque el 14 de mayo agentes de la Secretaría de Marina liberaron a 40 personas que presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana tenían secuestrados en Arcelia, y señaló que parecía que ni estaban enterados porque no actuaron.
Durante su periodo también fue detenid, torturado, y trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Nayarit, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y Vázquez Pérez argumentó ante los reclamos de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que fue para salvaguardar la integridad física del vocero del Cecop, porque dijo que había riesgo latente de que fuera atacado por sus rivales en las cárceles del estado.
En julio de 2014, Leonardo Vázquez señaló que la violencia que se vivía en Chilapa se debía a la confrontación de los grupos delincuenciales Los Rojos, Los Ardillos y Guerreros Unidos, e indicó que el 12 de julio un enfrentamiento entre policías estatales con uno de los grupos delictivos dejó siete presuntos sicarios y un policía estatal muertos.
En Chilpancingo, desde el 2 de marzo de 2014 la seguridad estuvo en manos de la Policía Federal y la del Estado, que dividieron la ciudad en cuadrantes para atender por zona los delitos y bajo el mando de Vázquez Pérez, y el 24 de mayo el entonces alcalde priista, Mario Moreno Arcos, precisó que Leonardo Vázquez era el encargado de informar de los hechos violentos, de extorsiones, robos, asaltos y secuestros.
Antes de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa, Vázquez Pérez atendía en Acapulco un conflicto con cerca de 300 policías municipales que rechazaban ser despedidos al ser acusados de no pasar los exámenes de control y confianza.
El 22 de octubre de 2014 El Sur informó que según un presunto policía municipal de Iguala en una carta enviada a diferentes medios de comunicación y dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, y al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam –actualmente preso por la construcción de la verdad histórica del caso Ayotzinapa– señaló que Leonardo Octavio Vázquez ordenó la detención de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala y que entregaran a los detenidos a policías ministeriales de Chilpancingo.
El 30 de octubre de 2014, el entonces secretario de Seguridad Pública estatal de Guerrero declaró como testigo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Un día después, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Rubén Figueroa Smutny dijo que el fiscal general Iñaki Blanco Cabrera y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, deberían ser investigados para determinar si tuvieron o no responsabilidad en los hechos violentos acontecidos en Iguala.
Fue así que el 3 de noviembre Leonardo Vázquez Pérez dejó el cargo de secretario de Seguridad Pública estatal y en su lugar quedó como encargado de despacho el contador público Vianey Alvarado Olmedo, quien estaría al frente de la dependencia en lo que el gobierno federal proponía al gobernador interino Rogelio Ortega, el nombramiento de un nuevo titular.
De Mauleón señala nexos con el cártel de los Beltrán Leyva
Tras la detención de Vázquez Pérez, este viernes, el columnista Héctor de Mauleón difundió un mensaje en Twitter en el que remite a su columna publicada el 7 de diciembre de 2021 en El Universal.
El periodista señaló una serie de omisiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 por Vázquez Pérez, que aseguró fue minuciosamente documentada en las páginas 628 y 674 de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2018.
Según el periodista, la noche que desaparecieron en Iguala los 43 estudiantes, el secretario Vázquez Pérez recibió del comandante regional de la Policía Estatal, José Adame Bautista, un reporte de que estaban ocurriendo detonaciones y que había lesionados, y que a pesar de que fueron continuos los reportes, no se tomaron acciones porque la Policía Estatal decidió no intervenir.
Añadió que la CNDH concluyó que Vázquez Pérez no sólo estuvo enterado y determinó que la Policía Estatal no actuara en la contingencia, por el contrario existe constancia de que sus elementos participaron en la agresión tanto en Juan N. Álvarez como en Santa Teresa.
De Mauleón escribió que Vázquez Pérez fue acusado recibir dinero del Cártel de los Beltrán Leyva y que en repetidas ocasiones se ha señalado que su hermana fue pareja sentimental de Arturo Beltrán y que ambos vivieron en una casa propiedad del capo.
Según el columnista, el nombramiento de Vázquez Pérez como secretario de Seguridad Pública en Guerrero fue a propuesta de Jesús Ernesto Aguirre, sobrino del entonces gobernador Ángel Aguirre y por encargo de los Beltrán.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena
