Chilpancingo, Guerrero, 13 de agosto de 2021. Para que Guerrero no haya cumplido en cuatro años una sola de las 21 medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida, influyeron los cambios en áreas responsables de su seguimiento en el gobierno del estado, y la renovación de los ayuntamientos en el trienio pasado, señaló la peticionaria Marina Reyna.
Ante los próximos cambios en la gubernatura y en los ayuntamientos, pidió a las autoridades electas que vean este mecanismo como una oportunidad de coordinación con el gobierno federal y los poderes del estado, y no como un estigma, que fue como se recibió en 2017.
Consideró además que faltó seguimiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género hacia la Mujeres (Conavim) a las acciones financiadas por el gobierno federal para la Alerta en el estado, también, debido a los cambios en este sexenio, que ya suma dos comisionadas.
En consulta telefónica sobre el dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la AVGM, del segundo informe del periodo 2018-2019 que se dio a conocer en estas páginas, recordó que el gobierno estatal hizo un plan de trabajo pero no estableció la metodología de coordinación y evaluación de los avances.
Confirmó que el segundo informe visibilizó la falta de coordinación entre las instituciones para el cumplimiento a las medidas de la alerta por violencia feminicida, y con las otras instancias con la que tenían que articularse, como la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior del Justicia como lo municipios. También señaló la falta una coordinación al interior de los nueve ayuntamientos alertados.
El dictamen dice que de las 21 medidas de la declaratoria de AVGM, el informe sólo tenía información para evaluar diez, y de éstas, sólo una está en “proceso de cumplimiento”, tres están “parcialmente cumplidas” y seis “no cumplidas”.
Dijo que la Conavim tendría que notificar el dictamen también a los municipios alertados, no solo al gobernador Héctor Astudillo.
Reyna Aguilar también es integrante del GIM, y aclaró que las discusiones del grupo son confidenciales, no obstante, como activista puede señalar que el proceso de cumplimiento de la Alerta no está focalizado en evaluar los impactos de los proyectos que presentó el gobierno estatal.
Agregó que varios proyectos fueron subsidiados por la federación a través de la Conavim, y la comisión tampoco evaluó el alcance de las acciones que financió. En la entidad, no se transparenta el ejercicio del presupuesto etiquetado por el estado y la federación a la alerta.
A cuatro años de la declaratoria, señaló que se debe hacer un replanteamiento del trabajo coordinado porque va a llegar gente nueva que no conocen la Alerta.
Pidió a las nuevas autoridades que se reconozca la AVGM no como un “estigma”, sino como “una oportunidad que nos sirve para mejorar las condiciones de vida y de seguridad de las mujeres y del ejercicio de sus derechos humanos”.
Texto: Lourdes Chávez
