Texto: Tatiana Maillard / Foto: El Sur
Ciudad de México, 3 de octubre de 2018. Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, diputados federales y senadores de Morena y autoridades municipales de Guerrero presentaron este martes, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la reforma al artículo 14 constitucional y la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas.
El documento, firmado por la síndica procuradora municipal de Malinaltepec, Evangelina Martínez Bernardo, quien estuvo presente, advierte que estas reformas transgreden los derechos de los pueblos indígenas, desconocen la labor de la Policía Comunitaria y violan el principio de progresividad que establece el artículo 1o de la Constitución.
La modificación al artículo 14 de la Constitución de Guerrero y a la Ley 701 sobre derechos y cultura indígenas fue promovida por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y aprobada por la mayoría en el Congreso del Estado el pasado 17 de agosto.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, expresó en conferencia de prensa que las reformas, aprobadas a mediados de agosto, se realizaron al vapor y por capricho del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores.
“El gobernador del estado argumenta que, para las reformas, se realizaron seis foros de consulta. Sin embargo, éstos no cumplen con los estándares internacionales, que establecen que la consulta debe ser previa, informada, adecuada y accesible, en los mismos pueblos y comunidades indígenas”, expresó Rosales.
Por su parte, el consejero y fundador de la CRAC, Juan Horta Cruz, indicó que la controversia cuenta con el respaldo de seis organizaciones, integradas por 450 representantes de las comunidades indígenas de Guerrero.
Destacó que las reformas al artículo 14 y a la ley 701 exponen a las policías comunitarias a persecuciones y hostigamiento, y citó los casos de la senadora Nestora Salgado, el líder indígena Arturo Campos y el promotor de la CRAC Gonzalo Molina quien, a diferencia de los dos primeros, aún permanece preso.
“Las reformas nos dejan fuera del marco legal”, indicó Horta Cruz, quien también aseguró que la Policía Comunitaria de la CRAC es la única reconocida por la ley desde 1995 y, a su vez, ha sido la más reprimida por la Policía Estatal y el Ejército.
Rubén Cayetano García, diputado federal por Morena, reprochó que durante dos años el Congreso de Guerrero fue omiso en su labor de armonizar la ley 701 con la Reforma Integral a la Constitución del Estado de Guerrero, promulgada en 2014. También acusó al gobernador, Héctor Astudillo, de promocionar una contrarreforma para abolir el sistema de autoridades comunitarias y borrar a la CRAC de las reformas al artículo 701. “Esto deja a las policías comunitarias al margen de la ley, para actuar sobre ellos”, aseguró.
Policías comunitarias seguirán operando
En entrevista con El Sur, el consejero Juan Horta Cruz aseguró que las policías comunitarias seguirán operando con normalidad.
“La policía sigue. Todo sigue normal. Las comunidades tienen conciencia de que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –sobre pueblos indígenas y tribales– ampara las actuaciones de la Policía Comunitaria. No se puede construir un poder popular encargado de la seguridad pública si no hay organización de las comunidades y desde 1995, el asunto de la seguridad está en las propias manos de los pueblos. La impartición de justicia a través de usos y costumbres se lleva a cabo de manera automática, y se realiza desde mucho antes de que existiera la ley 701”.
Indicó que la CRAC propone que, a nivel nacional, se legisle para que se establezcan sistemas comunitarios de seguridad y justicia en las regiones indígenas, con la condición de que los pueblos estén organizados.
Por su parte, el vocero de la CRAC, Sabás Aburto Espinobarro, declaró a El Sur que para evitar la infiltración del crimen organizado a las policías comunitarias, cuentan con las disposiciones de sus reglamentos internos.
“Ahí se establece con claridad que los elementos que forman parte de las policías comunitarias, se nombran en asamblea y no deben tener antecedentes penales. Desde ahí se empieza. Además, se cuenta con la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias donde se establece quiénes deben ser los coordinadores y los comandantes regionales. Ese es el sistema. Quien se desvíe del reglamento interno o se sospeche que anda metido en otros grupos, son expulsados o se van solitos, ya cuando ven que la voz se corre de aquí para allá”.
Al igual que Horta Cruz, Aburto Espinobarros advirtió que, en caso de que la Suprema Corte no falle a su favor, las policías comunitarias seguirán realizando sus labores.
