Habrá una audiencia intermedia el 31 de diciembre para los detenidos acusados de homicidio, informa el abogado de Tlachinolan Vidulfo Rosales. No hay una fecha para que se resuelva el procedimiento político para la libertad de defensores y luchadores sociales en el país, informa Vidulfo Rosales.
Chilpancingo, Guerrero, 29 de diciembre de 2018. Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) que podrían acceder a la amnistía del gobierno federal, entre ellos el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, y su hermano Vicente, tienen programada una audiencia intermedia este lunes 31 de diciembre, por los hechos del 7 de enero de este mismo año, en la comunidad La Concepción.
Este sábado está a diez días de que se cumpla un año de los dos enfrentamientos, donde hubo 11 muertos: ocho durante la madrugada, seis civiles y dos comunitarios; y a mediodía la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios, en una operación de desarme que implementaron horas después distintas corporaciones policiacas, estatales y federales.
El vocero del Cecop desde 2003, Marco Antonio Suástegui, denunció en su momento que estuvo detenido en condiciones indignas durante los primeros ocho meses de reclusión, lo que agravó los daños que le causaron la golpiza y tortura que le dieron policías ministeriales y estatales, cuando fue detenido el 7 de enero.
Después de 10 meses de encierro, El Sur informó que Marco Antonio Suástegui seguía segregado de la población penitenciaria, supuestamente porque las autoridades no garantizaban de otro modo su seguridad dentro del penal.
A la fecha, son 18 los activista del Cecop prisioneros en Acapulco, varios de ellos, policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en los Bienes comunales de Cacahuatepec. El 21 de agosto, 16 fueron vinculados a proceso con prisión preventiva, por el delito de homicidio calificado, en una audiencia donde nueve fueron puestos en libertad tras la reposición total del procedimiento, desde la audiencia inicial, que ordenó un juez federal.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, explicó que uno de los 18, Maximino Solís Valeriano, fue puesto en libertad por este caso, y sigue en prisión por otra orden de aprensión, que promovió un empresario gravillero, quien tomó posesión de un predio de los bienes comunales.
En consulta telefónica, precisó que los 18 hombres están en la relación del proyecto de amnistía que analizará en el Senado, para determinar los casos que cumplen con los requisitos para recibir esta prerrogativa. Añadió que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, les dijo que no hay una fecha para que se resuelva el procedimiento político para la libertad de defensores y luchadores sociales en el país.
Por lo tanto, el proceso judicial sigue su curso.
El abogado recordó que el 15 de agosto se desahogó de nueva cuenta la audiencia inicial de formulación de imputaciones, repuesta a partir de la resolución de amparo federal, que declaró ilegal el auto de vinculación que dictó un juez de control el 15 de enero, contra 25 presuntos responsables del delito de homicidio calificado, por violaciones al debido proceso. El último movimiento procesal fue el 21 de agosto.
Ese día, la juez determinó dejar en libertad a nueve detenidos y procesar a 16, bajo tres pilares de datos de prueba, que Rosales Sierra insistió en que no son confiables.
Indicó que el primer bloque de pruebas para sostener el auto de vinculación, antes auto de formal prisión, son seis testimonios que señalan cómo Marco Antonio y Vicente Suástegui y otros campesinos del Cecop llegaron a una fiesta en la madrugada del 7 de enero, en la comunidad de La Concepción y dispararon a la distancia.
El segundo es la prueba de rodisonato, para establecer el uso de armas de fuego, donde 19 personas dieron positivo en elementos de plomo y bario en distintas partes: mano, palmar o dorso. Y el dictamen de balística, que concluye que 14 armas aseguradas a la Policía Comunitaria en la comandancia están en buen estado y funcionan.
Insistió en que los testimonios son inconsistentes, que los testigos dijeron de memoria las características de 25 personas imputadas de los delitos, lo que evidencia que fueron puestas por el agente del Ministerio Público para inculparlos.
Además, destacó que los testimonios están redactados de forma muy similar, como si hubieran sido copiados y pegados en computadora. Los horarios de las declaraciones muestran una sincronía casi automática, donde median unos 10 minutos entre una y otra declaración.
Por otro lado, aseguró que todo lo que dicen de los comunitarios es falso: mencionan que todos son de La Concepción, cuando más de la mitad de los detenidos son de otra población, y que todos son comunitarios y no es así; por lo tanto, insistió en que las declaraciones tendrían que ser invalidadas.
De las pruebas de rodisonato, subrayó que está demostrado que no son confiables para establecer el uso de armas de fuego de una persona, además, fueron obtenidas sin la presencia de un defensor, lo cual está penado en el sistema penal acusatorio.
Aunado a lo anterior, están las detenciones arbitrarias, torturas y demoras en las puesta a disposición que argumentó la defensa.
Sobre todo, destacó que a Marco Antonio y Vicente Suástegui no se les confiscaron armas, ni se les practicó prueba de rodisonato, que siguen detenidos “por puros señalamientos imprecisos”, denunció.
Informó que se interpuso un amparo contra el nuevo acto de vinculación a proceso, que está pendiente de resolver, y el 31 de diciembre en Acapulco se programó la audiencia intermedia, para revisar las pruebas que serán llevadas a juicio oral.
Amenazas a Marco Antonio y deterioro de su salud
Por su parte, activistas y defensores de derechos humanos exigen la libertad de los presos políticos del Cecop y de la CRAC, con protestas en lugares y actos públicos y a través de comunicados, en particular por Marco Antonio Suástegui, dado su estado de salud, agravado en detención, y por las amenazas que se ciernen sobre él y su familia.
El mes pasado, se dio a conocer que la madrugada del 13 de noviembre, personas desconocidas quemaron cuatro motos acuáticas propiedad de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Cecop, en la playa Icacos.
La agresión fue interpretada como una amenaza y advertencia por las denuncias públicas que realizó el luchador social a la periodista Maribel Gutiérrez los días 5, 6, y 7 de noviembre. Tlachinollan declaró que es “evidente que alguien se sintió afectado por los señalamientos públicos de Marco Antonio, y pretenden silenciarlo”.
El organismo ha reivindicado en varias ocasiones la lucha de Marco Antonio Suástegui y demás comuneros del Cecop, porque logró “descarrilar la construcción de la hidroeléctrica y frenaron la voracidad desmedida de algunos empresarios gravilleros”.
Antes, entre 2014 y 2015, Suástegui estuvo detenido en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit; y en la prisión estatal de La Unión. Salió del penal el 21 de agosto de 2015, después de un año y dos meses, cuando la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia ordenó su libertad. Desde entonces, mostró un fuerte deterioro en su condición física.
Entre otras actividades, el 1 de mayo integrantes del Cecop protestaron afuera del penal de Las Cruces y en el 23 aniversario de la CRAC-PC en Ayutla de los libres. El 15 de octubre, una expresión disidente de la institución de seguridad y justicia comunitaria, con ellos el ex preso político Arturo Campos Herrera, se manifestó contra la asistencia del asesor del gobernador, César Flores Maldonado, en el acto, a quien responsabilizaron de la represión del Cecop, y del encierro de sus compañeros.
En los bienes comunales de Cacahuatepec, continúan las asambleas dominicales.
De acuerdo con las declaraciones públicas de Suástegui, los enfrentamientos del 7 de enero tienen un antecedente en dos ataques a la policía comunitaria en La Concepción, el 8 de marzo de 2017, cuando la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) intentó quedarse en comunidades de los bienes comunales, y fracasó, por el ataque de esa organización a siete integrantes de una familia el 9 de junio del mismo año.
Añadió que de enero a julio del año pasado regresó gente armada de la UPOEG, con un ex militar al frente, apodado El Chistorete, del que a partir de sus investigaciones, descubrieron que tenía la intención de asesinar a Marco Antonio Suástegui.
Para el 31 de diciembre del año pasado, indicó que estaban detenidos en la comandancia de la policía comunitaria en La Concepción, Lucio Méndez, Antonio Morales y El Chistorete, quien habría confesado que recibió instrucciones de Flores Maldonado.
El 7 de enero de 2018, después del enfrentamiento en la madrugada, Suástegui indicó que después de las 10 de la mañana llegó el coordinador de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado, y preguntó por el militar detenido, a quien después sacaron policías del estado y lo llevaron para señalar a integrantes del Cecop y de la comunitaria que serían llevados a prisión.
Texto: Lourdes Chávez
