A estas alturas no se puede evaluar el desempeño de los funcionarios responsables de la aplicación de las medidas, tampoco del uso y montos de los recursos aprobados, “mucho menos de los resultados”, aseguran en conferencia de prensa
Chilpancingo, Guerrero, 24 de junio de 2020. A tres años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, activistas que conformaron la Alianza Feminista en 2016, denunciaron que son insuficientes las acciones y responsabilidades del gobierno estatal, municipios y otros organismos para atender las 21 medidas establecidas en el mecanismo de emergencia.
Señalaron que a estas alturas no se puede evaluar el desempeño de los funcionarios responsables de la implementación de las medidas, tampoco del uso y montos de los recursos aprobados, “mucho menos de los resultados y de su impacto”.
Por lo tanto, estimaron “recomendable hacer efectivo el mecanismo de sanción a los responsables, que han actuado violentando el orden jurídico, como lo establece la propia declaratoria”.
En una conferencia de prensa hecha a través de una plataforma digital, la promovente Marina Reyna Aguilar recordó que aún no están listos los diagnósticos estatal y municipales de los diferentes tipos violencias, que es la base para la implementación de políticas públicas y que se encargó desde el principio a la UNAM.
La feminista María Luisa Garfias Marín advirtió que a tres años de la alerta del 22 de junio, la violencia feminicida se agudiza cuando los servidores públicos no son capaces de atender, con sensibilidad y profesionalismo, a las víctimas.
Indicó que en su informe de la alerta, de 2019, el estado reportó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) más 11 mil capacitaciones a servidores públicos de las áreas de justicia, salud y educación, pero no detalla impactos, resultados, ni mecanismo de evaluación.
Consideró que tal vez a las autoridades no les interesa contratar personal calificado en las capacitaciones, o tal vez obliga a ir a trabajadores a los talleres, para cumplir indicadores y no para desarrollar capacidades.
La exdiputada del PRD, Yuridia Melchor Sánchez, de Mujeres de Tlapa, habló por la Asociación Mujeres de Tlapa AC, sobre el municipio alertado en la Montaña.
Advirtió que en los informes de la alerta, de 2018 y 2019, las acciones en Tlapa son distintas en cada administración que sale y entra. Criticó que el gobierno pasado informaba sobre cursos de tejido y cortinas de papel picado, para fortalecer la economía de las mujeres, e incluía obra, como recuperación de espacios públicos para justificar una perspectiva de género.
Asimismo, indicó que anunciaron la instalación de la unidad jurídica integral, que no tuvo seguimiento en la actual administración. Lamentó que el personal del Ayuntamiento que participa en el inicio de las capacitaciones, no es el mismo que las concluye.
Desde Chilapa, municipio alertado después del primer decreto, Isabel Dircio Chautla, de la organización Zihuame Xotlametzin, señaló que el estado dice en uno de sus informes que fortaleció las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicanas (Cami), como parte de los módulos de atención inmediata para las mujeres en riesgo.
Aclaró que el estado tal vez apoyo a las Cami de Ometepec y San Luis Acatlán, pero no a las Chilapa, donde ella participa, ni a la de Acatepec. Cuando la Cami de Chilapa fue convocada a capacitaciones del estado sólo había espacio para dos integrantes, y estimó que desde un escritorio los facilitadores adivinaron sus necesidades de capacitación, porque nunca las consultaron, ni conoció un diagnóstico.
“Nos inquieta, porque las Camis estaban antes de la AVG. Las construimos con lo que podemos. Cada Cami hace sus propias gestiones para poder dar acompañamiento, incluso en el Ministerio Público, donde los funcionarios regañan a las víctimas y luego ellas ya no quieren hablar”.
Reyna Aguilar confirmó que en las agencias del Ministerio Público, las capacitaciones tampoco se reflejan en una mejor atención a las víctimas.
De Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Olimpia Sánchez López, cuestionó que en los informes de la Alerta por Violencia de Género sólo se dé cuenta de la atención directa a 11 hombres generadores de violencia, porque no resuelve el fenómeno de violencia feminicida.
Recordó que una medida del mecanismo, es tener un programa para hombres generadores de violencia, tomando como referencia el modelo de la Conavim, con centros especializados para la erradicación de conductas violentas. “No basta decir que se hicieron tales o cuales cursos, si no revisan el impacto”.
Estado sin visión de gobernanza: Gómez Saavedra
La académica, exsecretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra, recordó que antes de la solicitud de Alerta, en 2016, organizaciones feministas plantearon al gobierno actual, la instalación de una mesa interinstitucional de trabajo para el diseño de policías de atención para las mujeres violentadas.
Entonces, insistieron en que los sistemas estatal, municipales y regionales para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las Mujeres, que señala la Ley Estatal 553 de Acceso a una Vida libre de Violencia para las mujeres, funcionaran por la necesidad de coordinación de los tres órdenes de gobierno.
“Ante la negación en una mesa de negociación nos vemos en la necesidad de hacer la AVG, que representa una oportunidad para los estados y municipios de revisar la política pública de la violencia, y para generar gobernanza, donde se tome en cuenta al sector social para el diseño y la elaboración de estas políticas”.
Lamentó que aun con la declaratoria no se tomó en cuenta a las organizaciones. “ Se le fue de las manos la visión de gobernanza al circunscribirse a la acción de gobierno”.
Una referencia, dijo, es que solicitó por escrito la implementación de cinco módulos de atención a la violencia de género en áreas de mayor incidencia de violencia en Acapulco, que no se contemplaron en los proyectos de financiamiento del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
Olimpia Jaimes aclaró que en escenarios de conflicto, la violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra, para aterrorizar y desestabilizar sociedades y, además, tiene consecuencias que pueden sentirse de generación en generación, por el trauma, el estigma, la pobreza, los problemas de salud a largo plazo y los embarazos no deseados.
Con la AVG declarada el 22 de junio de 2017, añadió que se reconoció la existencia de una violación grave de derechos humanos, por lo tanto, las organizaciones exigen la aplicación de los principios de no regresión y progresividad de los derechos humanos, y porque la Conavim lanza sus convocatorias para que las entidades federativas puedan acceden a los subsidios destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios.
Llamaron al gobernador a que en el ultimo año de su gestión rectifique por una política real y efectiva para la atención, prevención y erradicación de las violencias hacia las mujeres, y a los ayuntamientos a que activen los sistemas con la sociedad civil, para a ejecutar acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia de género, pues solo Acapulco sesiona regularmente por insistencias de las organizaciones sociales.
Piden levantar la alerta sin cumplir, denuncia Garfias
María Luisa Garfias denunció que en el informe de la AVG de 2019, publicado en la página de Zona Violeta del gobierno estatal, el estado pidió a la Conavim que levante la alerta por violencia feminicida. Estimó que eso implica un reconocimiento de que no puede resolver el problema, y que en tres años no hay avances sustanciales debido a la simulación de los servidores públicos y la falta interés.
Reyna Aguilar añadió que lejos de que se levante la alerta, van a vigilar al estado porque el problema persiste y se incrementa.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archico
