El Sur / Ciudad de México, 30 de octubre de 2020. Hace unas semanas y después de no haber concedido una sola entrevista desde 1994, Mario Aburto contó a través de una llamada telefónica que había estado llorando porque habían pasado 26 años del crimen del que fue acusado y era inocente.
“Soy inocente. Estuve llorando porque los hombres también lloran y tenemos sentimientos y yo soy inocente”, dijo a esta reportera, aún desde un teléfono en el penal de Huimanguillo, Tabasco, donde cumplía una condena por el asesinato del entonces candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio.
Después de ocho meses fue sentenciado a 42 años en prisión y recluido, primero, en el penal de Almoloya de Juárez y desde el 2012 en el penal número 6 de Tabasco.
Durante la entrevista Aburto reiteró “yo no fui” en varias ocasiones y es la misma versión que ha mantenido desde 1994, cuando fue detenido en Lomas Taurinas, Tijuana, por haberle disparado en dos ocasiones a Colosio, una en la cabeza y otra en el abdomen.
Mario colgó y dijo que esperaba que el nuevo gobierno analizara su caso. En una respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Gobernación confirmó que nunca analizaron el caso a pesar de que el Presidente dio instrucciones de evaluar esta posibilidad.
Este 26 de octubre el caso Colosio volvió a la luz: Milenio encontró en la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) un documento que revela que ese día Aburto presentó una demanda contra el aún secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, luego de que éste ordenara su traslado del penal de Huimanguillo, Tabasco, en donde estaba encarcelado desde hace ocho años.
El 21 de octubre por orden de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana se desincorporó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 6, Sureste, ubicado en Huimanguillo, del Sistema Penitenciario Federal argumentando que formaba parte del Plan Nacional de Desarrollo que intenta modernizar y organizar las instalaciones con base en los derechos humanos.
A pesar de estos argumentos, mediante la demanda de amparo 947/2020 presentada ante el Juzgado Quinto De Distrito en el estado de Tabasco, la defensa de Mario Aburto Martínez destacó la orden fue realizada fuera de procedimiento y que afectaba “indirectamente la libertad personal”.
Y es que según la defensa de Aburto la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial y no por orden del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.
El amparo detalla que los reos trasladados, incluido Aburto Martínez, podrían ser víctimas de incomunicación por parte de las autoridades responsables y solicitaron que se les permitiera usar teléfono o cualquier otro medio de comunicación los antes posible para comunicarse con sus familiares y abogados defensores.
En entrevista con Milenio, Rubén Aburto, padre de Mario Aburto confirmó que están incomunicados con su hijo y que apenas esta semana una trabajadora social les hizo una llamada a su casa en Los Ángeles, California, para informarles que su hijo sería trasladado a un penal en Guanajuato.
Texto: Redacción / Foto: Archivo
