Tryno Maldonado.
Marichuy, la candidatura imposible
Imposible. Nos lo dicen todos los días a quienes somos auxiliares de Marichuy y el Concejo Indígena de Gobierno en todo el país. Es imposible que una mujer indígena aparezca en las boletas electorales de 2018 como candidata a la presidencia. Algunos, incluso, tiran al piso o nos devuelven con insultos el folleto informativo que les ofrecemos.
Es imposible sumar cerca de un millón de firmas que exige el INE para registrar a la vocera Marichuy, nos repiten. Es imposible llevar a cabo la recolección de firmas necesarias mediante una app defectuosa desarrollada por encargo del INE a la empresa que en 2009 había sido sancionada por el entonces IFE por incumplimiento de contrato en servicios y desarrollo de software.
Es imposible que, por ejemplo, en las marginadas regiones chinantecas o chontales, tan alejadas de cualquier señal de telefonía e internet, puedan acceder para este propósito a los llamados teléfonos inteligentes de gama media, que no cuestan menos de 5 mil pesos cada uno. Es imposible que sus concejalas se organicen con redes de apoyo citadinas y de estudiantes dispuestas a viajar durante horas en la sierra para ayudarlas con el levantamiento de firmas. Es imposible que haya más de 3 mil auxiliares de éstos sin recibir un solo peso. Es imposible, repiten. Y, sin embargo, está ocurriendo.
Es imposible que jóvenes de todo el país que jamás han mostrado interés por partido político alguno –despectivamente llamados millennials por sus mayores— se organicen, tomen la propuesta del CNI como suya, realicen infografías sobre la aplicación del INE, que tejan redes de acompañamiento en las ciudades y en las comunidades, que diseñen carteles, folletos informativos, abran redes sociales, pinten murales, que organicen conciertos, foros, talleres, casitas de Marichuy para difundir la palabra del CNI y que caminen con esas nuevas redes y otras para sumarse a la propuesta del CIG. Pero sucede.
Es imposible que la propuesta del Concejo Indígena de Gobierno, la palabra y los dolores de nuestros pueblos indígenas lleguen a todo el país por el racismo y el bloqueo que los grandes medios ejercen sobre estos temas. Es imposible que una red de medios libres y los tercos compas zapatistas, con sus recursos limitados, hagan circular en redes sociales los videos, audios e imágenes de la gran fiesta que está siendo el recorrido de las concejalas por el territorio nacional. No obstante, está pasando.
Es imposible que revistas y periódicos críticos del zapatismo dediquen columnas, artículos y sus portadas a Marichuy y a las mujeres concejalas que la acompañan en la caravana. Pero esos artículos y esas portadas ahí están y comienzan a viralizarse, a dar la vuelta al mundo y a generar asombro.
Es imposible tejer redes de organización en torno al CNI en estados del sureste del país que han sido el laboratorio de la contrainsurgencia del Estado. Es imposible que Oaxaca, por ejemplo, con una población indígena mayoritaria –aunque tan lastimada por el corporativismo y el paramilitarismo desde hace décadas– decida dejar atrás las diferencias y se sume con concejales y concejalas en regiones estratégicas para resistir a los megaproyectos de muerte del capital –como el Istmo y la Chinantla. Es imposible que la llamada sociedad civil se siente con ellos y ellas a dialogar, a organizarse, y que se acompañen del brazo en un solo camino. Y, sin embargo, está sucediendo. Tlacolula se organizó para asentar un acta de territorio libre de minería al oponerse a 11 concesiones mineras a la vez, y otra para impedir la instalación del cuartel de la 28 Zona Militar.
Es imposible que la lucha contra el despojo de los pueblos indígenas interpele a la población mestiza del bajío, centro y norte del país. Y, sin embargo, Zacatecas, un estado con muy poca presencia indígena, se ha posicionado rápidamente como la entidad con el porcentaje más alto de firmas recabadas a nivel nacional a favor de Marichuy. Lo que demuestra que la propuesta del CNI y el EZLN es una propuesta abierta e incluyente. Una propuesta que ha llamado a un amplio sector de la población cansado no sólo de los despojos, injusticias contra los pueblos originarios, sino también de las injusticias, despojos, desapariciones forzadas, feminicidios, corrupción y abusos cotidianos que el capitalismo y sus personeros –los partidos políticos y los narcos– llevan a cabo desde hace décadas en las ciudades, en las colonias y en los barrios.
Es imposible exigir justicia al Estado para los pueblos indígenas cuando apenas existe poco más de una docena abogados que hablan lenguas originarias. Las cárceles están llenas de los casos de atropello más obscenos. En medio de eso, el ejemplo de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González –mujeres hñähñú sentenciadas injustamente a 21 años de prisión por el Estado y luego exculpadas– sentó el precedente para luchar hasta que la dignidad se haga costumbre.
Imposible.
Y, sin embargo, todo esto está ocurriendo en México justo ahora.
