Emite una recomendación contra 16 autoridades. Se violaron los derechos a la verdad, la vida, el acceso a la justicia, a la reparación integral del daño y a la salud de más de 600 víctimas. Al menos 70 de los imputados fueron torturados. Luis Raúl González Pérez denuncia la “cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de gobierno”
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2018. En el caso Ayotzinapa, diversas autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en muchas ocasiones, pues ante el caso de las desapariciones en cuatro años no se investigó la omisión o tolerancia de servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, y, además, existe “una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”, determinó este miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD).
El organismo presentó la recomendación 15VG/2018, que aborda las violaciones a los derechos a la verdad, la vida, el acceso a la justicia, a la reparación integral del daño y la salud, y que fueron cometidas contra más de 600 víctimas del caso; también acusó vículos entre funcionarios públicos y criminales, los cuales propiciaron y permitieron que fuera posible la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La verdad que encontró la CNDH sobre los hechos ocurridos en Iguala es que el crimen cooptó a autoridades federales, estatales y municipales, indicó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez. Existe también “la convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos (y) la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de gobierno”, dijo.
Los jóvenes desaparecidos y los jugadores del equipo Los Avispones de Chilpancingo, sus familiares y los estudiantes de la Normal Rural “fueron víctimas de violencia institucional, que atenta contra sus derechos humanos, debido a las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables de garantizar su acceso a la verdad y la justicia”.
González Pérez criticó la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) al considerar que el “poco profesionalismo” de la dependencia derivó en que se subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales, y por ignorar material encontrado en una bolsa hallada en el río San Juan, pues en ésta había tres porciones petrosas, 53 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos “que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN” para determinar si se trataba de los normalistas desaparecidos.
Gónzalez Pérez advitió que las ineficiencias de la actuación de la PGR han generado, entre otras irregularidades, que no haya elementos claros para señalar que en el basurero de Cocula se habrían incinerado los cuerpos de 19 personas, y no se puede afirmar que se trata de algunos normalistas. Con esto “se ha violentado el derecho a la verdad de la víctimas, sus familiares y la sociedad”.
La verdad, señaló, “es una víctima más del caso Iguala”, pues las autoridades “difundieron declaraciones sesgadas que confundió y generó incertidumbre en torno al caso. Sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados”.
Tras reiterar que un crimen de las dimensiones de Iguala “sólo puede ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de los tres niveles de gobierno”, advirtió que el contenido de la recomendación “no reprsenta un punto final para las indagatorias ministeriales y penales realizadas por la PGR, sino que son una base para llegar a la verdad y la justicia. Corresponderá a las nuevas autoridades (al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador) continuar las investigaciones penales del caso, para lo cual, la presente recomendación constituye el punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer”.
El caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH
Al presentar la recomendación sobre estos crímenes que dejaron seis personas asesinadas, 42 lesionados y 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada, González Pérez dijo que “en Iguala diversas autoridades tanto a nivel federal como local y municipal, sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada para actuar, con ello se hubiese evitado un desastre como el que se presentó”.
Se refirió especialmente a la actuación “despegada a derecho” de la PGR, que se “desarrolló al margen de la ley” y fue omisa en diversos puntos. “Llama la atención que las acciones penales contra los presuntos responsables no se hayan formulao por el delito de desaparición forzada”.
El documento se presentó en el Club de Periodistas de México, consta de cientos de miles de hojas y la CNDH hace 128 recomendaciones dirigidas a 16 autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, quien concluye su administración este viernes.
Ëste, dijo González Pérez, es “un caso abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, así como el momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad”.
El ombusdman indicó que es el caso “más ominoso y complejo en la historia de la CNDH. Social y políticamente marcó un antes y un después. México es un país adolorido, en donde la justicia más que ser un derecho es una cuestión que se debe pedir y a la que difícilmente se puede acceder”.
Violencia estructural e institucional
En la recomendación, la CNDH explica que la crónica e histórica “violencia estructural” que han enfrentado los habitantes del estado de Guerrero propició el surgimiento de tensión social, criminalidad y confrontación, lo que contribuyó a la ocurrencia de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Entre las autoridades a las que se dirige la recomendación se encuentran la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de Guerrero, y el ayuntamiento de Iguala, Guerrero.
El documento también se dirige a la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Función Pública, el Secretario de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al gobierno de Guerrero y al ayuntamiento de Cocula.
Los hechos, dice la investigación dejaron un mínimo de 685 personas afectadas directa o indirectamente, mismas que la comisión pidió que sean reconocidas por la CEAV dentro del registro nacional de víctimas. La CNDH indica que las víctimas “sufrieron violencia institucional por parte de las autoridades federales y estatales de Guerrero investigadoras y procuradoras de justicia, por la falta de información, la carencia de diligencias adecuadas y la revelación de información del caso a la opinión pública”.
Otro derecho violado fue el de la salud, por negligencia médica y omisión de atención, sufrida por las víctimas lesionadas en los ataques contra los camiones donde viajaban los estudiantes y los jugadores de Los Avispones de Chilpancingo, algunos de los cuales no recibieron el trato requerido acorde a sus necesidades de forma oportuna y adecuada.
Las recomendaciones
La CNDH pidió al presidente girar instrucciones a las dependencias federales para que den cumplimiento a lo recomendado, y que brinde garantías de no repetición de hechos similares, y que ante el inminente cambio de gobierno, se incluya “la recomendación como asunto altamente prioritario”.
Al secretario de la Defensa Nacional recomendó colaborar ampliamente con el organismo “para investigar a elementos militares que en ejercicio de sus funciones tuvieron conocimiento de la probable existencia de diversos delitos, y no presentaron las denuncias penales correspondientes”.
La comisión señaló que la Secretaría de Marina “debe instruir a sus trabajadores en el uso de cámaras fotográficas y de video”, así como grabaciones de audio en los operativos que realizan, y que se les brinden cursos en materia de derechos humanos.
A la Secretaría de la Función Pública, la CNDH pidió continuar con la investigación de los servidores públicos de la PGR que intervinieron en la investigación del caso Ayotzinapa, y capacitar a sus funcionarios”. A la Secretaría de Educación Pública, solicitó la realización de un diagnóstico integral de todas las Escuelas Normales Rurales “para determinar sus necesidades de infraestructura, presupuestales y académicas, y que se designe un presupuesto programado progresivo para la Normal de Ayotzinapa”.
A la PGR le pidió que, ante la próxima creación de la Fiscalía General, “instruya que se incluya la recomendación en sus actas de entrega-recepción como un asunto prioritario, y que colaboren ampliamente en la investigación ministerial del caso”. También le solicitó “investigar los hechos de tráfico ilícito de estupefacientes al interior de la Normal de Ayotzinapa, en la época previa al 26 y 27 de septiembre de 2014”, y aclarar el motivo por el que no se investigó el quinto autobús implicado en la desaparición de los estudiantes”.
Recomendó a la PGR “continuar con las diligencias de búsqueda de los normalistas desaparecidos, capacitar a su personal en materia de derechos humanos e investigar a los agentes del Ministerio Público y peritos que practicaron deficientes diligencias y recolección de indicios en el caso”.
Al comisionado nacional de seguridad pidió “iniciar procedimiento administrativo contra los funcionarios encargados de la ‘Estación Iguala’ y la policía federal en Guerrero”, e investigar a los uniformados relacionados con los hechos o con integrantes del crimen organizado.
La CNDH exhortó al IMSS e ISSSTE a “investigar al personal médico que omitió dar atención médica oportuna a las víctimas que acudieron a atenderse en dichas dependencias, luego del ataque”.
Al gobernador de Guerrero solicitó que “deberá llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el estado, impulsar el desarrollo de un memorial en honor a los normalistas desaparecidos y emitir una disculpa pública por las violaciones a derechos ocurridas”.
A los ayuntamientos de Iguala y Cocula, pidió que “fortalezcan su control policiaco, capaciten al personal en materia de derechos humanos y colaboren en las investigaciones que continúan en curso por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Cuartoscuro
