Destacan que los crímenes son un problema muy grave y de acuerdo con cifras oficiales, en 2022 hubo 3 mil 775 asesinatos de mujeres y niñas, de los cuales sólo 968 se investigaron como feminicidio
Chilpancingo, Guerrero, 22 de febrero de 2023. En Guerrero no se hacen las debidas diligencias con perspectiva de género en las muertes violentas de mujeres, para que se tipifiquen como feminicidios; la mayoría se clasifican como suicidios, homicidios dolosos e imprudenciales, afirmaron feministas y activistas. Señalan que es urgente que las fiscalías del país apliquen los protocolos para investigar los casos con perspectiva de género, porque al carecer de los parámetros los primeros respondientes contaminan las escenas del crimen y pierden evidencias.
Este martes se realizó en el hotel Holiday Inn, en Chilpancingo, el foro Sentencia Mariana Lima, Parámetro Nacional para Juzgar con Perspectiva de Género, organizado por integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Persona, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres
La directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, recordó la sentencia de 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que ordenó reabrir la investigación de lo que se calificó como suicidio de Mariana Lima Buendía, para que fuera reclasificado como feminicidio, y que obliga a partir de su caso, “investigar toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género”.
Sostuvo que dicha sentencia desarrolló criterios para la investigación en caso de muertes violentas, que en el contexto del país es un problema muy grave y que ha aumentado de acuerdo con cifras oficiales, pues argumentó que en 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 3 mil 775 asesinatos de mujeres y niñas, de los cuales sólo 968 se investigaron como feminicidio.
De Guerrero, apuntó que el año pasado se registraron 128 mujeres asesinadas, de las que solo 13 se investigaron como feminicidio, y 115 como homicidio doloso. Cuestionó si en los estados “no hay feminicidios o realmente no se puede acreditar las razones de género porque siguen sin entenderse o no se tienen los protocolos adecuados”.
Afirmó que en el país asusta el Covid, pero no la gran cantidad de mujeres asesinadas. Aseveró que el feminicidio no es un hecho aislado sino es resultado de un patrón de violencia institucional, que aumenta más con la impunidad que la arropa.
“La perspectiva de género no es otra cosa que entender los contextos de discriminación contra las mujeres para poderlos desactivar y poder actuar”, dijo.
Sostuvo que hay una falta de debida diligencia, es decir, planes metodológicos de investigación para formular líneas de investigación que lleven al esclarecimiento de las muertes violentas, y sostuvo que Observatorio siguen encontrando fallas en las etapas del proceso penal desde la evaluación adecuada para determinar si están ante un feminicidio.
La activista feminista y madre de Mariana Lima, Irinea Buendía Cortés, platicó el caso de su hija asesinada en 2010, y detalló la corrupción, simulación e impunidad que enfrentó de las autoridades locales de Chimalhuacán, en el Estado de México, y que a pesar de que ya pasaron 12 años y ocho meses del crimen, aún espera una sentencia condenatoria contra Julio César Hernández Ballinas, quien era esposo de Mariana y policía judicial.
Sostuvo que desde su experiencia los policías que son los primeros respondientes si no tienen perspectiva de género lo único que hacen es contaminar la escena del crimen y perder evidencia que “jamás vamos a poder recuperar, porque entre más pasa el tiempo más se aleja la verdad”.
Destacó que con la sentencia de la SCJN el 25 de marzo del 2015 a favor de reabrir el caso de Mariana Lima se ganó “que toda muerte violenta de mujeres se tiene que investigar con perspectiva de género y debida diligencia, en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República, de todas las edades, incluidos los suicidios y los accidentes”.
Agregó que también se obtuvo que se pueda sancionar a los servidores públicos que incurren en omisiones o negligencias, falencias e irregularidades que obstruyan la investigación y el acceso a la justicia, así como la reparación del daño causado por las autoridades, modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en cuanto a la perspectiva de género y a la administración de justicia.
Hay revictimización por parte de las autoridades
Una vez que concluyeron las ponencias, varias activistas feministas contaron sus casos o su perspectiva del problema en Guerrero, entre ellas, la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitignio, sostuvo que en la entidad en muchos procesos de feminicidios hay revictimización porque las autoridades se burlan y no les creen a las víctimas o los familiares, que no hay sensibilidad ni humanismo de las autoridades.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena
