En el Primer encuentro de articulación de los distintos sectores sociales para fortalecer el movimiento cívico popular, un grupo propone unir la lucha social al proyecto del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. La propuesta es rechazada y se declaran apartidistas.
Texto: Alina Navarrete Fernández
Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Chilpancingo, Guerrero. En el Primer encuentro de articulación de los distintos sectores sociales para fortalecer el movimiento cívico popular, representante de organizaciones coincidieron en que las autoridades no tienen interés en resolver los crímenes de Estado y criminalizan a las víctimas de desaparición forzada.
El encuentro es la continuación del foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social en el país, para formar un Frente Popular para el rescate del país integrado por organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos de trabajadores en el estado; se trata de una iniciativa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, a la que se unieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, las Preparatorias Populares de la Costa Grande, la sección 69 del Sindicato de Telefonistas y otros colectivos y organizaciones.
La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la capital, y fue presidida por la dirigente del sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas; la representante de las preparatorias populares de la Costa Grande, Juana Guzmán Reyna; el integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Odón Rodríguez Mendoza; de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera; y de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega, así como la representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino.
Si bien el objetivo del encuentro era acordar la fecha del Congreso Estatal de organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos, primero se abrió una ronda de participaciones en las que intervinieron la activista Roberta Campos Adame y el integrante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jacob Nájera Hernández, así como Arturo Campos, Norma Mesino, Melitón Ortega, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y otros representantes.
Las posturas fueron encontradas debido a que mientras unos se enfocaron en informar el contexto de represión, criminalización, violencia e impunidad en Guerrero, otros llegaron a proponer que la lucha social se uniera al proyecto de “bienestar social” que propone el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que el tema político se agotó durante las sesiones del foro dedicadas a ello.
En su intervención, Melitón Ortega informó que la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó distintas actividades que comenzaron en abril pasado a 43 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se trata de jornadas que tienen el objetivo de que la investigación se mantenga y “por ningún motivo” se cierre el caso; señaló que es necesario que a nivel internacional se sepa que la lucha por la presentación con vida de los jóvenes sigue vigente y que próximamente los padres y madres se reunirán con el secretario de Gobernación, en ese encuentro en el que esperan que las autoridades informen de la relación de los ataques en Iguala con criminales de Guerrero Unidos radicados en Chicago, Estados Unidos.
Norma Mesino, a cinco años del asesinato de su hermana Rocío, también integrante de la OCSS, y a ocho del de su hermano Miguel Ángel, señaló que “no hay interés de las autoridades” en resolver los casos, además de que la impunidad se ha vuelto general y ya no sólo afecta a los sectores organizados.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo cargo de ambos crímenes sin que fueran resueltos, y que en el caso de la matanza de Aguas Blancas, el Estado optó por dividir a los familiares de las víctimas entregándoles casas y otros apoyos económicos; “las viudas que se mantuvieron firmes ya fallecieron, y otras están enfermas” pero esto no significa que su lucha haya terminado, pues el 4 de junio próximo protestarán en la Ciudad de México.
Siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, señalan
Arturo Campos dijo que las autoridades le siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, como ocurrió con los integrantes y promotores de la CRAC-PC y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), siguen presos Gonzalo Molina González, Samuel Ramírez Gálvez y Marco Antonio Suástegui Muñoz, entre otros.
Contó que a pesar de que fue liberado, aún tiene una averiguación previa en su contra por lo que, si las autoridades así lo deciden podría volver a la cárcel, porque “fabrican delitos”, pero sólo con el movimiento social se logrará la libertad de los presos políticos.
En algún punto de la discusión hubo una polémica por la frase Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, palabras del maestro y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, pues algunos de los asistentes consideraron que el también egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa hizo las dos primeras cosas, pero el ex presidente Carlos Salinas de Gortari “también es pueblo”.
Fue entonces que algunos asistentes coincidieron en que es hora de la que la lucha social se una a Andrés Manuel López Obrador, debido a las coincidencias con su proyecto, pero la propuesta fue rechazada.
Denuncia Roberta Campos la irrupción de militares a su casa
Roberta Campos recordó que organizaciones como la CRAC-PC surgieron no de un interés personal o político, sino para acabar con la inseguridad y proteger a sus familias, por ello es grave el divisionismo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y deben parar estas prácticas.
Denunció que militares ingresaron a su casa en la capital porque recibieron un supuesto reporte de un robo de vehículo, y encañonaron a su familia, incluso a niños, por eso “vivo con miedo de llegar y que falte alguien de mi familia”, y es necesario que la lucha social se mantenga firme con sus principios apartidistas.
Chávez Adame dijo que la CETEG planteó en el foro, el paro laboral de 72 horas al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), durante el cual destrozaron la biblioteca y oficinas del Congreso del estado, “están en otra dinámica” y por ello hay órdenes de aprehensión contra sus integrantes, sin embargo, “tenemos que hacer un concentrado de las demandas populares y propuestas” de todas las organizaciones, siendo los ejes centrales la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todas las víctimas de desaparición, solución a los asesinatos y la libertad de los presos políticos.
Reconoció que hace falta un proceso de concientización, porque las organizaciones abandonan la lucha cuando sus demandas particulares no se resuelven, mientras que los problemas internos deben solucionarse de acuerdo con los principios correspondientes y es necesario “defender” el proyecto original de la CRAC-PC, “que no pensó en las elecciones, pensó en la seguridad”.
Al final se acordó que el Congreso estatal se llevará a cabo el próximo 2 de junio en la Normal Rural de Ayotzinapa, una comisión acudirá a dialogar con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón para iniciar los preparativos; además, el 18 de mayo acudirán a la sierra para conmemorar el natalicio de Lucio Cabañas y el 7 de junio a Ayutla para conmemorar la masacre de El Charco.
(En la imagen: Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales durante su primer encuentro de articulación para fortalecer la lucha social, ayer en el auditorio de la UPN en Chilpancingo. Foto: Jesús Eduardo Guerrero)
