En asamblea de este domingo en Cacahuatepec, pide el vocero del Cecop al delegado Pablo Amílcar Sandoval que sean considerados para recibir los beneficios. Solicita a la alcaldesa Adela Román instalar 10 comedores comunitarios itinerantes en la zona
Acapulco, Guerrero, 8 de junio de 2020. El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, denunció que los comuneros que se oponen a la presa fueron excluidos de las listas de beneficiarios de los programas federales por el comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Isaac Valeriano García.
Pidió al delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que los incluya y a la alcaldesa Adela Román Ocampo que instale 10 comedores comunitarios itinerantes para atender a las comunidades.
“El Cecop denuncia al presidente del Comisariado de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec por haber eliminado a los comuneros opositores de las listas de beneficiarios de los programas federales. El mismo declaró que eliminó a quienes no votaron por él en la elección de comisariado”, señaló.
Este domingo, el Cecop tuvo una asamblea en el poblado de Cacahuatepec y después, en conferencia de prensa, Suástegui Muñoz indicó que en esa zona hay una crisis alimentaria porque el año pasado se perdió la cosecha de maíz: “no llovió y la semilla que dieron no sirvió y el fertilizante no llegó”.
El vocero sostuvo que muchos campesinos fueron expulsados de los programas del gobierno federal como el del fertilizante gratuito, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, créditos a la palabra, tandas del Bienestar y de adultos mayores.
“Son apoyos a los que el pueblo tiene derecho y nos han excluido de una manera muy irregular”, denunció.
Dijo que los comuneros excluidos que se tienen registrados son 800, pero la cifra puede ser de hasta 2 mil. “Pedimos que todos los integrantes del Cecop queden registrados en las listas de beneficiarios de los programas del gobierno federal, porque fueron excluidos ilegalmente por el comisariado”.
Los 800 integrantes se que tienen registrados son del Cecop, lo que consideró un acto de “revanchismo” porque, señaló, el presidente del comisariado les había advertido que a quienes no votaron por él no recibirían los beneficios.
El problema, agregó Marco Antonio Suástegui, es que los comuneros deben comprobar que tienen al menos tres hectáreas de tierra y que la cultivan, “y es aquí donde el comisariado hace su negocio y les cobra desde 500 hasta 5 mil pesos. Es ahí donde el campesino dice no tengo ese dinero, de dónde lo voy a dar”.
Indicó que otra irregularidad es que el comisariado “vende documentos sin rellenar, donde nada más va estampada su firma y su sello y en una máquina de escribir o computadora los rellenan y ya les dan Sembrando Vida. Esa es la tranza que está haciendo el comisariado y no vamos a permitir que se siga excluyendo a los compañeros”.
El comisariado de los Bienes comunales de Cacahuatepec está integrado por Isaac Valeriano García como presidente; Francisco Morales Pino como secretario; Rogelio García Rodríguez como tesorero y Domingo Ventura Elacio como Consejo de Vigilancia.
El vocero del Cecop insistió en que los Bienes Comunales han sido marginados de los programas federales.
Explicó que del programa de ProAgro, de los siete mil beneficiarios que hay en los Bienes Comunales cada uno debe pagar 30 pesos al comisariado: “imagínate cuánto se está llevando a la bolsa cuando no debe cobrar ni un cinco, y al que no paga los 30 pesos lo da de baja, eso no debe ser”.
Indicó que muchas personas mayores de 65 años están fuera del programa de Pensión para Adultos Mayores, lo que es una irregularidad porque en zonas indígenas se considera como beneficiarios a todas las personas mayores de 65 años.
Informó que los abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, ya están en contacto con los responsables de los programas federales para incluir a los integrantes del Cecop.
Otras de las acusaciones contra el comisariado es que vende los certificados de derecho de posesión en 300 pesos: además de la venta de hectáreas comunales al Ejido Huajín; cobro por paso de servidumbre por la ampliación de la carretera, compra de tierras en San Pedro Las Playas por 2 millones de pesos y que permitió el paso de cable de Telcel sin convocar a ninguna asamblea.
Suástegui Muñoz dijo que van a entregar un listado de los comuneros que no reciben los programas y se prevé tener una reunión con el delegado federal para informarle directamente del problema.
Abundó que en los Bienes Comunales de Cacahuatepec hay caciques que reciben los programas de adultos mayores, ProAgro, Semilla Mejorada, apoyo del campo, apoyo de ganadería, “como siete u ocho apoyos y están sentados en sus casas bebiendo cerveza y no siembran ni un centímetro cuadrado de tierra, eso es lo que nos da más coraje porque la gente que de verdad siembra no está empadronada”.
Durante la asamblea, los comuneros invitaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural que visiten los Bienes Comunales de Cacahuatepec “para que sean testigos de las múltiples tranzas, irregularidades y agresiones que se cometen por parte de las autoridades agrarias locales y se convenzan de que las estructuras priistas siguen ahí, al acecho, para actuar en los próximos comicios”.
El consejo de Vigilancia convocó a asamblea el 11 de enero para abordar estos problemas, pero no se ha llevado a cabo. Entre sus demandas, el Cecop solicitó que se castiguen los actos de corrupción del comisariado.
Comedores
En la conferencia, Suástegui Muñoz también criticó que la cocina comunitaria instalada por el gobierno municipal en Cacahuatepec sólo es para los vecinos de esa comunidad, mientras que el resto de los poblados no reciben alimentos; “es una mentada de madre lo que están haciendo y con eso los gobiernos federal, estatal y municipal está diciendo que tienen bien cubierta la crisis alimentaria”.
Criticó que en Cacahuatepec, donde hay unos 400 habitantes, se instaló la cocina comunitaria y en las comunidades más grandes, como Huamuchitos y Campanario, donde hay mas de mil habitantes, no pusieron ninguna.
Solicitó una audiencia con la alcaldesa Adela Román para hablar sobre las cocinas comunitarias porque, dijo, ese programa sólo atiende un pueblo y hay más personas en pobreza.
Pidió que se instalen cocinas itinerantes: “yo entiendo que no puede poner un comedor en cada uno de los 47 pueblos”, pero sí puede instalarlos semanalmente o cada día en un pueblo diferente y que operen 10 comedores itinerantes “para que todos los pueblos tengan acceso a la alimentación”.
Los muertos llegan
Otra de las denuncias que hizo Suástegui Muñoz es que a personas que salieron de las comunidades hace muchos años y que presumiblemente han fallecido por Covid-19, las han llevado a sepultar a los panteones de los Bienes Comunales y hasta se hacen velaciones de 24 horas, lo que podría ocasionar un brote en las comunidades porque no se ha llevado información sobre los riesgos de la enfermedad, “la gente no sabe qué es un cubrebocas, no lo usan”.
“Están llegando muchos muertos a Bienes Comunales, gente que fallece en otros estados, que se fue de aquí hace muchos años, en Acapulco o en otras ciudades, los están trayendo a enterrar aquí a Bienes Comunales de Cacahuatepec y no se están tomando las medidas necesarias, tal parece que al gobierno y la comunidad indígena de Cacahuatepec no les interesa”.
“Nos hemos dado cuenta que han llegado muertos por el Covid, abren el féretro y todavía los velan toda la noche y los entierran al siguiente día, eso no se vale. Hasta ahorita no ha habido ningún contagiado, pero si seguimos permitiendo que traigan muertos nos van a contagiar”, señaló.
Texto: Redacción / Foto: El Sur
