El procurador de Aguirre está acusado de nexos con el crimen y la ex presidenta del TSJ por la desaparición de videos. También el secretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez tiene orden de captura por vínculos con la delincuencia organizada. Dan formal prisión a Abarca y a su esposa por relación con Guerreros Unidos. La Cámara de Diputados aprueba sin votos en contra que la desaparición forzada sea delito de lesa humanidad sin prescripción y que los militares acusados sean procesados en juzgados civiles
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2022. Un juez federal ordenó la aprehensión de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero, durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, por diversos delitos relacionados con su presunta implicación con el grupo criminal Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas del ex procurador general de justicia Iñaky Blanco Cabrera y del ex secretario de Seguridad Pública del Estado Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
También ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente.
El juzgador también libró nuevas órdenes de aprehensión contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
Estas órdenes de aprehensión son parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Del total de dichas aprehensiones, sólo han sido cumplimentadas siete desde que fueron giradas por el juez.
Se trata de las del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como la de Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de dicho municipio, a quienes ya les dictaron la formal prisión.
También ya fueron procesados por el mismo asunto el general brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y sus subordinados, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa.
Pago del narco
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatales tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gilberto López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, afirma que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares a Blanco y Vázquez.
Este pago al jefe de Seguridad Pública se hacía llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
“El secretario de Seguridad Pública, teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez y el fiscal Iñaki Blanco Cabrera, dado que estaban en la nómina de Guerreros Unidos, el encargado de entregarle al teniente era Felipe Flores, se mandaban 50 mil dólares mensuales y a Iñaki le entregaba Gabriel, alias El Pelón, también se le mandaban 50 mil dólares mensuales”, declaró el testigo protegido.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
También declaró que el ex subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, recibía cada mes 250 mil pesos y sus agentes 20 mil pesos.
Otro de los gastos que devengaba el grupo criminal, según este testigo colaborador, eran 2 mil dólares para mantener en la nómina de la corporación estatal a cada agente que reprobara los exámenes de control de confianza.
Sin pruebas
En el caso de la ex presidenta del TSJG y los dos técnicos en sistemas, la imputación se basa en la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
La importancia de estos registros visuales para la indagatoria es que habrían grabado el momento en que los policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas, la noche en que fueron desaparecidos.
El TSJG dijo en aquel entonces que los videos habían sido entregados el 24 de julio de 2015 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Los responsables supuestamente fueron precisamente Solís Jiménez y Uribe Iturbe, por instrucciones de la presidenta del tribunal.
Sin embargo, desde que en ese año intervino en las investigaciones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo en uno de sus informes que había la presunción de que esos videos incluso habían sido destruidos.
Para la FGR, dicha pérdida o destrucción de evidencia contribuyó a la desaparición de los normalistas.
Dictan formal prisión a Abarca y a su esposa por vínculos con Guerreros Unidos
Un juez federal dictó un nuevo auto de formal prisión al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, señalado como el responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Enrique Beltrán Santés, juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, inició el juicio a la pareja por el delito de delincuencia organizada, mientras que a Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala, le dictó la formal prisión por delincuencia organizada y desaparición forzada.
De acuerdo con fuentes judiciales, el impartidor de justicia consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los indicios suficientes para abrirles un proceso por su presunta relación con el referido grupo delictivo y, en el caso del ex mando policiaco, por su probable responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.
Para Abarca, este es el quinto proceso que tiene en curso, ya que desde 2014, cuando fue detenido, le han iniciado juicios también por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Los cuatro juicios previos ya han sido cerrados en su instrucción y en todos ellos el ex alcalde ya sólo se encuentra en espera de que le dicten sentencia.
Apenas el pasado viernes, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas absolvió a Abarca, a Flores Velázquez y otros 18 agentes de la Policía Municipal del secuestro de los 43 normalistas.
Ese era en el único juicio que los relacionaba con los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Abarca y Pineda Villa fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México. El ex edil se encuentra preso desde entonces en el Penal del Altiplano y su esposa en el Penal Femenil Federal de Morelos.
El ex jefe de la Policía de Iguala, Felipe Flores, fue detenido el 21 de octubre de 2016 en Iguala, y desde entonces está internado en el Altiplano.
Se presentará denuncia penal contra el juez que absolvió a acusados por Ayotzinapa: Mejía
El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, reiteró que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura y una deununcia penal contra el juez primero de distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, por la sentencia absolutoria del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario mencionó que el juez Samuel Ventura Ramos, ha dictado 120 sentencias absolutorias a personas relacionadas con el Caso Ayotzinapa.
“Por esta situación se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura e incluso una denuncia penal. Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimientales, cuestiones procesales, temas de debido proceso que en nuestra opinión ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa, por lo cual se va a proceder en consecuencia”, comentó Mejía Berdeja.
Ricardo Mejía Berdeja explicó que el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas por el delito de homicidio calificado en contra de sujetos que intervinieron en el homicidio en grado de tentativa del estudiante normalista que se encuentra en estado vegetativo desde el 26 de septiembre de 2014.
El subsecretario aclaró que a pesar de las sentencias absolutorias dictadas por el juez, las personas se mantendrán en reclusión debido a que tienen procesos por otros delitos.
“No obstante ello, al tener otros delitos estos procesados, los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas pendientes de resolverse, estas personas no egresarán de la reclusión penitenciaria en que se encuentran, pero sí señalar que no es ni la primera vez que este juez comete este tipo de sentencias absolutorias”, externó Ricardo Mejía Berdeja.
De igual forma, el presidente López Obrador recordó que cuando tomó posesión de la Presidencia realizó el compromiso de resolver lo sucedido con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Pero de esos 100 (compromisos), los dos que me faltaban, uno era, es que todavía no concluimos lo de esclarecer el asunto de Ayotzinapa y ya se está avanzando contra viento y marea”, comentó López Obrador.
Añadió que debido a la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, “está bastante claro” lo sucedido con los estudiantes.
Diputados aprueban que militares acusados de desaparición forzada lleguen a juzgados civiles
La Cámara de Diputados aprobó reformas para que el delito de desaparición forzada de personas sea considerado un delito de lesa humanidad, con lo que no podrá prescribir.
También se estableció que los militares que cometan este delito sean juzgados por la justicia civil y no en el fuero militar.
Con 470 votos a favor y una abstención, se aprobaron modificaciones a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Código de Justicia Militar y a la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
El proyecto de decreto se turnó al Senado para su revisión.
En el artículo 13 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se precisó que el delito de desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad, en términos del Estatuto de Roma.
La redacción original se modificó, porque también se incluía como delito de lesa humanidad la desaparición de personas cometidas por particulares, y se agregó la referencia al Estatuto de Roma.
“Tenemos que recordar que un crimen de lesa humanidad es lo ocurrido en Tlatlaya, un crimen de lesa humanidad es lo ocurrido en Ayotzinapa”, mencionó la diputada del PRD, Elizabeth Pérez para dimensionar los casos que han ocurrido en México.
La reforma también menciona que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas, cuando hayan tenido conocimiento de que los subordinados, bajo su autoridad y control, lo estaban cometiendo o se proponían hacerlo, o conscientemente hayan ignorado información que lo indicase claramente.
Además, se impone una pena de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización, a quienes no entreguen a las autoridades a menores de edad nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada.
El mismo caso para quien sustraiga o se apropie de niñas o niños cuyos padres o tutores hayan sufrido de desaparición forzada, y que además oculte, destruya o falsifique documentos que prueben la identidad de los menores.
En el Código de Justicia Militar se establece que la investigación, persecución, procesamiento y sanción de conductas relacionadas con el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sólo será competencia de las autoridades federales o estatales del orden civil, “aun cuando dichas conductas sean realizadas por un militar en contra de otro militar”.
La impulsora de la propuesta, Karla Almazán Burgos, indicó que México da un paso importante en favor de las víctimas de desaparición forzada y sus familias.
“Durante décadas, México fue un Estado represor que recurría a la desaparición forzada de personas que le resultaban incómodas por sus posturas políticas y su activismo disidente al régimen”, expuso.
Texto: Agencia Reforma y Juan Luis Altamirano Uruñuela / Foto: CuartoOscuro
