Chilpancingo, Guerrero, a 15 de marzo de 2025.- Enviaron 97 organizaciones nacionales y extranjeras una carta a Greg Smith, presidente de Equinox Gold, en la que le expresan su preocupación “por la escalada de tensiones, amenazas de violencia y persecución legal hacia los miembros del ejido de Carrizalillo y sus familias”.
En el documento denominado: Amenazas en contra del Ejido de Carrizalillo y llamamiento a negociaciones respetuosas, las agrupaciones reprochan, también, al directivo de la minera extranjera las condiciones ambientales en que pretende dejar las tierras ejidales que son ocupadas para la explotación de oro.
“Además de la pérdida de tierras cultivables, la comunidad ha denunciado la pérdida irreparable de más de una docena de fuentes de agua, y la contaminación de otras, así como el correspondiente aumento de los impactos a la salud desde que se instaló la mina en 2007”, refiere en el escrito que fue promovido por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
Los ejidatarios han anunciado que el 1 de abril ocuparán sus tierras, debido a que el 31 de marzo expira el convenio de ocupación por parte de Equinox Gold, sin que aún hayan llegado a un acuerdo para la firma de un nuevo convenio.
En el escrito que las organizaciones enviaron al presidente de la minera le recuerdan que los convenios de ocupación territorial y de cooperación social con la comunidad, “son un requisito legal para que la mina funcione, así también son importantes herramientas de las que dispone la comunidad para compensar los efectos de las pérdidas y daños causados por la mina”.
Indican que se sabe que Equinox Gold busca firmar acuerdos a largo plazo con un valor drásticamente reducido para el ejido de Carrizalillo en comparación con los acuerdos actuales, presumiblemente para compensar las pérdidas en Los Filos y justificar nuevas inversiones.
Refieren que el ultimátum que les ha dado la empresa a los dueños de las tierras, está acompañado de una campaña mediática en contra del ejido y en particular en contra de los integrantes de la mesa agraria, lo que está dando lugar “a una situación de alta tensión que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los pobladores en Carrizalillo”.
Exponen que la reciente ruptura de las negociaciones y la negativa de la empresa hasta el momento a responder a las peticiones de la comunidad para que se reajuste las condiciones para continuar negociando “están dando lugar a una escalada de amenazas y criminalización contra Carrizalillo”.
Al respecto denuncian que más de una docena de líderes comunitarios, familiares y un asesor de la comunidad han recibido amenazas de muerte desde finales de febrero.
También, que el ultimátum de la empresa ha sido recogido regularmente en los medios locales, incluso para señalar a representantes de la comunidad de manera personal como responsables de la amenaza de cierre de la mina, “exponiéndoles a ellos y a sus familias al riesgo de la violencia”.
Denuncian que la radiodifusora La Filosita, que opera la minera dentro del proyecto Los Filos, ha difundido spots en las que se acusa a los representantes de Carrizalillo de obstaculizar los esfuerzos por alcanzar un nuevo acuerdo, en detrimento de los trabajadores y los niños de la comunidad.
Además, recuerdan que dos altos funcionarios de Equinox Gold: André Souza de Amorín, gerente general, y Armando Fausto Ortega, vicepresidente, hicieron una visita sorpresa a Carrizalillo el 1 de marzo “reiterando la amenaza de que si se negaba a firmar un acuerdo final con la empresa ese día, la mina cerraría”.
Mencionan que ejidatarios denuncian a Equinox Gold y a su gerente de responsabilidad social de Los Filos, Hugo Vergara, “por ser el que dirige la campaña de desprestigio en contra del ejido y de forma reiterada ha manifestado su desprecio en contra de la representación del ejido”.
Denuncian que las amenazas de muerte y la campaña de estigmatización dirigida a integrantes específicos y a la comunidad de Carrizalillo “representan un acto de violencia psicológica que la empresa instrumenta, y la empresa no puede ser omisa de que las amenazas de muerte que están concatenadas con la actuación de sus operadores pueden desembocar en graves actos de violencia física”.
Indican que no es menor azuzar una confrontación intercomunitaria a través de la campaña de des-prestigio y que la empresa no tome en cuenta el contexto de violencia sistémica extrema que se enfrenta en el centro de Guerrero, y obvie o no comprenda que el ejido de Carri-zalillo ya ha enfrentado el des-plazamiento forzado de la mitad de su comunidad en 2015 “y más de 60 asesinatos en los últimos 15 años”.
“Somos testigos de que el ejido de Carrizalillo no se opone a las negociaciones y han buscado con usted un reinicio de las conversaciones pero que con respeto, sea independiente de otras dos comunidades que viven a una distancia considerablemente mayor de la mina y que no han sufrido impactos comparables de sus operaciones, y que también sea independiente de los funcionarios del estado de Guerrero, a quienes han denunciado por presionarles indebidamente en la mesa que en vez de ser de negociación han denunciado ha sido de imposición”, indican.
Proponen que la empresa retire inmediatamente su ultimátum hacia la comunidad y hacer todo lo que esté en su mano para poner fin a cualquier implicación de su personal en amenazas u otros comportamientos “que puedan contribuir a provocaciones y amenazas de violencia”.
Además, instaron a la empresa a que “responda de forma constructiva y respetuosa a las peticiones de Carrizalillo de reanudar las negociaciones sobre los acuerdos de ocupación territorial y de cooperación social”.
Concluyen que si, por el contrario, la empresa decide suspender o cerrar la mina, debe entablar conversaciones con la comunidad para determinar los planes de cierre adecuados teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad.
La misiva fue enviada con copia para Ross Beaty, jefe de la Junta Directiva de Equinox Gold; Cameron McKay, embajador de Canadá; Sylvie Bedard, directora general en Centroamérica y el Caribe; Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
Entre algunos de los representantes de organizaciones que firman, están los de Rema, Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes, Centro de Investigación y Capacitación Rural.
Además, Fundación Bajío Sahuaro, Cooperación Comunitaria, Latín American Studies Project, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Frente Popular en Defensa del Soconusco, Pastoral Social, Iglesia Anglicana de México, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.
También, Canadian Network on Corporate Accountability, que representa a 30 organizaciones canadienses.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
