24 enero,2023 9:29 am

Otárola persuadió a Boluarte de no dimitir tras las primeras muertes en las protestas

El primer ministro peruano le argumentó que sería procesada si lo hacía. Los dos funcionarios, junto con dos ministros del Interior –el actual y el anterior– y el de Defensa, están siendo investigados por un presunto delito de genocidio y homicidio calificado. El gobierno de Perú envía protestas diplomáticas a Bolivia y Colombia

Madrid, España, 24 de enero de 2023. El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, persuadió a la presidenta, Dina Boluarte, de no dimitir tras las primeras muertes que se produjeron durante las protestas a favor del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, según ha podido saber el diario La República.

Otárola habría convencido a Boluarte de no renunciar con el argumento de que sería procesada por la muerte de estas personas si lo hacía y de que lograrían el apoyo tanto de la bancada en el Congreso de la derecha y de las Fuerzas Armadas si se mantenía en el cargo.

La renuncia de Boluarte es uno de los reclamos de los miles de personas que desde diciembre del año pasado vienen manifestándose en todo el país por la detención de Castillo y exigiendo elecciones anticipadas. Desde entonces más de una treintena de personas ha fallecido durante la represión de las movilizaciones.

A pesar de todo, Boluarte ha vuelto a recalcar recientemente que se mantendrá en el cargo hasta la celebración de nuevas elecciones, previstas para 2024. “El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”, dijo la semana pasada.

Otárola, ha declarado ayer ante la Fiscalía en una investigación por la muerte de casi 50 muertos de manifestantes en la reciente ola de violencia desatada tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

Otárola y la nueva presidenta, Dina Boluarte, y los ministros del Interior, Víctor Rojas –reemplazado luego por Vicente Romero–, y Defensa, Jorge Chávez, están siendo investigados por un presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Además, se investiga a Pedro Ángulo en calidad de expresidente del Consejo de Ministros y a César Cervantes en calidad de exministro del Interior, según informa la emisora peruana RPP.

La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Por otro lado, el presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, ha pedido ayer a la presidenta Dina Boluarte que las Fuerzas Armadas vigilen las sedes judiciales del país en el marco de las protestas, que se han saldado con 14 ataques y siete incendios contra sus edificios.

“He decidido dirigirme mediante oficio a la señora presidenta de la República para solicitarle que las Fuerzas Armadas custodien los locales judiciales y espero que la Presidencia de la República nos brinde su apoyo”, ha indicado Arévalo en rueda de prensa.

Por otro lado, el gobierno peruano ha remitido una nota diplomática de protesta a Bolivia por las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, en las que expresaba su respaldo a la ola de protestas que sacude el país.

Arce afirmó que “en Perú tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente” durante un acto de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Para Perú estas declaraciones suponen que Arce “persiste en una injerencia inaceptable en asuntos que sólo competen a los peruanos”, según el Ministerio de Asuntos Exteriores peruano a través de Twitter.

Además, el Ministerio de Exteriores de Perú ha remitido ayer una nota diplomática de protesta a Colombia por las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, criticando la operación de las fuerzas de seguridad peruanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima.

Según la carta remitida por la diplomacia peruana, Petro habría llevado a cabo un “nuevo acto de injerencia” en temas de política interna, una conducta que ha calificado de “no consistente con las normas del Derecho Internacional”.

Texto: Europa Press