Chilpancingo, Guerrero, a 26 de abril de 2025.- El gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) desdeñaron ayer a los representantes de colectivos de víctimas de desapariciones.
Este viernes tendrían la segunda reunión con el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, pero ambos dejaron plantados a los familiares de víctimas y sólo mandaron a sus representantes.
La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, informó que, además, los funcionarios que estuvieron presentes, entre ellos el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Alejandro García Solorio desviaron el objetivo de la reunión que sería para la aportación de opiniones para la Ley de Desaparición, sin embargo fue para la revisión de expedientes.
Entrevistada al salir de la FGE donde se realizó la reunión entre las 10 de la mañana y las 12 del día, Rosales Sierra, dijo: “la verdad no me gustó nada la reunión. Nosotros veníamos pensando en que esta reunión con la Fiscalía sería para aportar ideas en la armonización de la ley local con la nacional pero se desvió el objetivo”.
Dijo que concretamente pensaban que se tratarían los temas de investigación de los casos y la reparación de daños a los familiares de las víctimas cuando se encuentra a su desaparecido, para ser incorporados en la nueva ley.
Pero añadió que el tiempo de la reunión se utilizó para la revisión de carpetas de investigación “y esto nos desespera porque se pierde el objetivo, puesto que si la agenda sería aportar opiniones para la ley, esa debió ser la agenda, pero esta fue una reunión muy corta y se utilizó para que algunos familiares de víctimas trataran el asunto del avance de sus carpetas”.
Rosales Sierra opinó que esto es una pérdida de tiempo porque en los hechos no hay ningún avance en cuanto a las investigaciones e integración de las carpetas de investigación.
Informó que de hecho desde la reunión pasada no vio que las autoridades le dieran importancia al involucramiento de la FGE en la elaboración de la iniciativa de ley.
La primera reunión se realizó el 8 de abril pasado con representantes de nueve colectivos de familiares de víctimas de desapariciones con el Fiscal General del Estado (FGE), Zipacná Torres Ojeda y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
Entre los acuerdos, el fiscal se comprometió a realizar reuniones semanales con grupos de representantes, así como una mensual con los de todos los colectivos de la entidad. La primera de estas reuniones fue la de ayer pero el fiscal ya no asistió y tampoco el subsecretario Rodríguez Cisneros.
Rosales Sierra dijo que el interés de la mayoría de los colectivos es que se avance en la elaboración de la ley, “pero si no está el fiscal no se puede avanzar”, reprochó.
Derivado del fracaso de la reunión de ayer informó que van a pedir que sea el Congreso local quien convoque a estas reuniones y se invite al fiscal para que participe en la armonización de la ley.
“Para nosotros es importante la presencia del Fiscal por el asunto de la elaboración de la Ley, a fin de que se obligue a las autoridades a reparar el daño.
Contó que ya tuvieron una experiencia con un caso de Chilapa de que cuando demandaron la reparación de daños hubo mucho riesgo para los familiares de las víctimas “y ya no queremos eso, pedimos que esté en la Ley la reparación del daño y que la FGE forme parte”.
Informó que ayer solamente estuvo el titular de la CEBP, Alejandro García Solorio, la directora de Investigaciones de la FGE Guadalupe Méndez, así como ministerios públicos.
“Ya sabemos que siempre se comprometen en continuar con las reuniones pero al final mandan a sus representantes”, denunció Rosales Sierra.
En la reunión de ayer estuvieron representantes de los colectivos Familiares en Búsqueda María Herrera, Memoria Verdad y Justicia y el Centro Morelos.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
