Eugenio Fernández Vázquez.
Reconozcámoslo: fracasamos
La bajeza de los políticos nos rebasó, y es hora de reconocerlo. Es hora de que muchos de quienes desde la sociedad civil luchamos por un mundo más justo y más sostenible aceptemos que fallamos, que no sabemos lidiar con gobiernos tan profundamente cínicos como los que padecemos. Sólo aceptando la realidad y repensando nuestra forma de trabajo, podremos avanzar hacia nuestros objetivos, que hoy están más lejos que nunca.
Para muestra del cinismo de nuestros gobernantes y de lo fútiles que ha sido la labor de gran parte de la sociedad civil, basten dos botones. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha hecho un enorme esfuerzo para lograr que los gobiernos del sureste mexicano se comprometan a frenar la deforestación y a restaurar los ecosistemas que se han perdido. Apenas este 14 de noviembre anunció con orgullo que el gobierno de Chiapas se comprometió a restaurar 170 mil hectáreas de tierras deforestadas o degradadas para 2020 y 350 mil hectáreas antes de 2030.
El problema es que, según los datos que acaba de hacer públicos la plataforma de monitoreo de deforestación Global Forest Watch, Chiapas perdió 170 mil hectáreas de bosques y selvas solamente entre 2013 y 2016, y la tasa de deforestación no ha hecho más que aumentar desde que Manuel Velasco llegó al poder. No sólo eso: entre 2015 y 2016, la tasa de deforestación en el estado se duplicó, para llegar a las 65 mil hectáreas devastadas. Así las cosas, ¿qué tan creíble es el compromiso que el gobierno chiapaneco asumió con UICN? Viendo las cifras, queda la impresión de que, por bien intencionado y duro que haya sido el trabajo de esta organización civil, para el gobierno chiapaneco no es más que una forma de lavarse la cara y de mentirle a la sociedad.
Lo mismo pasa en otras regiones. Durante varios años, decenas de actores regionales, nacionales e internacionales trabajaron, presionaron, cabildearon para arrancar a los gobiernos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo el Acuerdo por la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), que se anunció con bombo y platillo el año pasado, después de muchos años en los que esos actores desplegaron una impresionante imaginación política y una gran capacidad de convocatoria. En el acuerdo, el gobierno de Campeche se comprometió a “lograr cero deforestación neta en el año 2030, con un paso interino de reducir 80 por ciento de la deforestación bruta para el año 2020”.
En contraste con lo prometido en el ASPY, según los datos que presentó el Global Forest Watch, en Campeche la superficie deforestada no disminuyó entre 2015 y 2016 sino al contrario, aumentó 36 por ciento y llegó a casi 55 mil hectáreas perdidas. Esto no es un accidente. Un muy sólido cuerpo de estudios sobre la deforestación en Campeche muestra que es consecuencia de la expansión ganadera y agrícola, pero al secretario de Desarrollo Rural, Armando Toledo Jamit, eso le parece signo de progreso. “Yo creo en la teoría de la conspiración”, dijo en febrero de este año, meses después de firmado el ASPY. “Hay todo un proyecto para que Campeche no crezca (…) Los ambientalistas han sido los peores enemigos de Campeche”, remató. Si el gobernador del estado, Alejandro Moreno, lo mantiene en su puesto, ¿cómo puede pensarse que honrará sus compromisos con la sociedad civil? Todo indica, más bien, que el compromiso fue para Moreno una forma de conseguir el respaldo de organizaciones internacionales con mucho prestigio, y de aparentar que hacía algo para conservar la biodiversidad, cuando en realidad da rienda suelta e impulsa a quienes buscan acabar con ella (y, como se vio, decir esto no es una exageración).
UICN y varias de las organizaciones que se involucraron en el ASPY son muy poderosas, de alcance global y bolsillos hondos. Quienes trabajan con ellas son gente talentosísima, con un profundo compromiso con la sustentabilidad y con el desarrollo del país y del mundo, que tiene oficio y sabe lo que hace. Ambas han centrado su trabajo en los últimos años en la construcción de acuerdos con los gobiernos locales y federales. A juzgar por lo que ha pasado en este tiempo, ambas fracasaron. Y si ellas fracasaron, ¿qué les queda a organizaciones con menos recursos, con menos poder, sin respaldo internacional?
Les queda descartar la estrategia de construir acuerdos con los gobiernos, que ha mostrado ser inútil. Pero más allá de eso, no están claras las opciones. Aunque las organizaciones que han enfrentado directamente a los gobiernos han conseguido algunos triunfos –por ejemplo, que los transgénicos en la península de Yucatán estén, al menos de momento, detenidos–, sus victorias son casi siempre muy endebles.
La salida a este dilema no es evidente. Lo único que sabemos es que tratar algo y fracasar no es malo, lo malo es reincidir en una fórmula derrotada. Urge parar, reflexionar y dejar de lavarle la cara a los cínicos que ocupan casi todos los puestos de poder en México. Urge construir nuevos caminos.
