Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A 27 años de la masacre del Vado de Aguas Blancas, donde fueron asesinados 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que persiste la impunidad “y las prácticas no han cesado, por el contrario, se han perfeccionado, muestra de ello es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014”.
Mediante un comunicado sostiene que la de Aguas Blancas fue una masacre producto de un operativo contrainsurgente “a gran escala”, para el que se dispuso todo el aparato de Estado, antes, durante y después del crimen, y que, por ello, entre el caso Aguas Blancas y Ayotzinapa “persiste el mismo patrón criminal de Estado”.
La agrupación guerrillera que hizo su aparición en el Vado de Aguas Blancas en el primer aniversario de la masacre, consideró que hoy, la gobernadora Evelin Salgado Pineda, y la “4T” en Guerrero, “tienen la oportunidad histórica de detener la política de terror que desangra al pueblo guerrerense y llevar ante la justicia a los criminales de Estado tanto del pasado como del presente”.
Propuso que en el caso de Aguas Blancas, la justicia pasa por reabrir el caso y enjuiciar y castigar a los responsables de este crimen de lesa humanidad.
Recordó que ese crimen de Estado fue cometido bajo el mandato del gobierno encabezado por Rubén Figueroa Alcocer y a nivel federal por Ernesto Zedillo Ponce de León.
Insistió que el crimen fue planificado con premeditación y ejecutado directamente desde las altas esferas de la estructura militar con la participación de las fuerzas policiacas de Guerrero y funcionarios del gobierno estatal; “en su cometido se puso en marcha toda la maquinaria y estructura de Estado en los tres órdenes de gobierno”.
Consideró que las motivaciones de la masacre fueron esencialmente políticas, en tanto que las víctimas tenían militancia política en la OCSS y su demanda fundamental por la que se movilizaron ese 28 de junio, fue la exigencia de presentación con vida de uno de sus compañeros, desaparecido en el municipio de Atoyac de Álvarez, Gilberto Romero Vázquez, en cuya responsabilidad figura la entonces presidenta municipal de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos.
“En Aguas Blancas, lo que sucedió no fue un simple acto de indisciplina de la Policía Motorizada, o un operativo rutinario que se salió de control, tampoco una imprudente agresión, mucho menos un enfrentamiento, se trató de una masacre producto de un operativo contrainsurgente a gran escala, para el que se dispuso todo el aparato de Estado, antes, durante y después del crimen”.
En su comunicado, el EPR refiere que el 28 de junio de 1995 “fue lo más visible de toda la estela de crímenes de Estado que hay en torno a esta fecha; las víctimas se enumeran por cientos y hoy ascienden a miles”.
Añade que estos métodos y prácticas no han cesado, por el contrario, se han perfeccionado, “muestra de ello es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014” y agrega que en Aguas Blancas y Ayotzinapa “persiste el mismo patrón criminal de Estado, los mismos métodos de terror y perversidad sin límites ejecutados sobre población y territorio bien definidos, estrategia y táctica contrainsurgente que se ha aplicado y desarrolla hasta la fecha contra el pueblo inerme”.
Explica que en 1995 “se decapitaba y desaparecía la cabeza de las víctimas, militantes de diversas organizaciones campesinas y populares, entre las que destacaba la OCSS”, en tanto que en el 2014 en Iguala “se desolló vivo a un estudiante de Ayotzinapa, hechos que no son aislados, ni fortuitos, son parte de la misma estrategia y táctica, como también lo son los grupos paramilitares que hoy esparcen la muerte y el terror en nombre de múltiples siglas delincuenciales y del narcotráfico”.
Expresa que hoy como ayer, en Guerrero, “los más aberrantes crímenes contra el pueblo se planifican y ejecutan desde las estructuras castrenses”.
Insiste que la masacre de los 17 campesinos en el Vado de Aguas Blancas “es un crimen de lesa humanidad”, y que como tal no prescribe hasta que se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales.
Para el grupo armado la responsabilidad pasa por toda la cadena de mando de las fuerzas policíacas y militares, por los funcionarios de las estructuras gubernamentales de todos los niveles de gobierno en funciones en esa fecha, y por los que hasta ahora les garantizan impunidad.
Pero añade que a la fecha la impunidad persiste, “sin importar las siglas partidistas y personeros que sexenio tras sexenio se relevan en el Ejecutivo estatal y federal; los responsables desde las estructuras del Estado continúan bajo la protección transexenal del Estado mexicano”.
Reprocha que en el cometido de los crímenes de Estado y de lesa humanidad, la justicia “no se reduce a actos protocolarios de perdón y disculpas públicas desde las instituciones perpetradoras, donde se pone en el mismo nivel y naturaleza a víctimas y victimarios con la perversa intención de redimir, purificar y rendir honores al victimario, en este caso el Ejército mexicano, y con ello perpetuar la impunidad”.
Dice que no basta con el reconocimiento del cometido de estos crímenes desde el Estado, ni tampoco con conocer la verdad para “romper con un pasado doloroso”; el pueblo jamás se reconciliará con sus verdugos, exige inexorablemente justicia, ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los responsables.
“Mientras los criminales de Estado de la masacre de Aguas Blancas y los demás crímenes de lesa humanidad permanezcan en la impunidad, las víctimas seguirán en el sueño de los justos”.
