Ciudad de México, 9 de febrero de 2018. Una mexicana respaldada por 69 organizaciones presentó ayer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar que el salario mínimo viola los derechos establecidos en los artículos 1 y 123 de la Constitución.
La queja señala al Estado mexicano, en particular a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), por fijar el salario por debajo de la línea de pobreza.
“Esperamos que suban los salarios, se garanticen los derechos y se repare está violación de los derechos humanos”, explicó Alberto Serdán, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, red de organizaciones que apoya a la quejosa.
“Esperamos que nuestro caso sea lo suficientemente sólido para emitir una recomendación, celebrar audiencias y pedir al Estado mexicano medidas concretas para reparar las violaciones”.
Ganando el salario mínimo, la mujer que presentó la queja ocupaba la mayor parte de sus recursos para trasladarse desde Ecatepec, Estado de México, hasta su trabajo en la Ciudad de México, por lo que sus ingresos eran insuficientes para garantizar su subsistencia.
En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la revisión del amparo presentado por la mujer, el cual cuestionaba la constitucionalidad de un salario mínimo inferior al precio de la canasta básica.
Aunque negó el amparo, la SCJN reconoció que el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias y que la Conasami debe contemplar la línea de pobreza al determinar el monto.
Tras agotar los recursos judiciales en México, la mujer acudió ante la CIDH para presionar al Estado mexicano a elevar el salario mínimo, en beneficio de 11 millones de trabajadores, según estimaciones de Acción Ciudadana.
La red de organizaciones también presentará un informe sombra ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, como parte de su revisión anual a México.
En él explicarán que el salario es 11 pesos menor al precio de la canasta básica, lo que implica que un trabajador no tiene ni para comer.
Aunque desde 2016 el salario mínimo fue desindexado, la Conasami lo fijó en 88 pesos, por debajo de la línea de pobreza de 99 pesos, desatendiendo lo recomendado por la SCJN y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Texto: Diana Baptista / Agencia Reforma
