Margarita Warnholtz
Recordemos que en noviembre de 2017 la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz realizó una visita oficial a México, y en junio de 2018 presentó el informe sobre la misma en el que, entre otros puntos, afirmó que debían realizarse con los pueblos indígenas procedimientos de consulta y consentimiento de acuerdo con los estándares internacionales.
En algún momento comenté en este espacio que no era casualidad que la invitación oficial del gobierno mexicano a la relatora se hubiera dado hasta finales de 2017 (cuando desde 2013 había sido solicitada por diversos dirigentes indígenas) porque de esa manera correspondería al siguiente gobierno cumplir con las recomendaciones que hiciera Tauli-Corpuz. Y así fue, ahora le toca a AMLO dar seguimiento al asunto en cuestión.
Cuando inició el gobierno de López Obrador y particularmente cuando se presentó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 muchos pensamos que no solamente se acatarían las recomendaciones de la relatora, sino que en general, se cumpliría con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; sin embargo, ahora parece ser que las violaciones a estos derechos van a continuar, específicamente en lo relativo a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
Esto lo hizo notar la propia relatora al enviar hace unas dos semanas a AMLO una carta que incluye una nota técnica sobre la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. En el documento, manifiesta su preocupación “acerca de proyectos de inversión anunciados por su gobierno que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas y en particular, la intención de realizar consultas ciudadanas para recabar la opinión de la población nacional en general sobre la ejecución o no de esos proyectos”, y afirma que “falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
En la nota técnica explica claramente cómo deben ser las consultas a los pueblos indígenas y la importancia de éstas y concluye que: “Los procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no representan las medidas de salvaguarda de derechos de los pueblos indígenas indicadas en los estándares internacionales…”.
Si bien Tauli-Corpuz no menciona casos específicos, sabemos que los casos más preocupantes y más sonados en este momento son el del Tren maya y el de la termoeléctrica de Huexca, Morelos. Ambos fueron llevados a consultas ciudadanas, el segundo de éstos a pesar del manifiesto rechazo a la obra por parte de las comunidades indígenas afectadas y del cruel asesinato del dirigente Samir Flores, uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) que incluye la mencionada termoeléctrica.
Cuando se dio la consulta en Morelos comenté con un amigo que era necesario que alguien le explicara a AMLO que no es lo mismo una consulta ciudadana a una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas; ahora ya se lo explicó directa y detalladamente la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Es momento de que comiencen a hacerse estas consultas en los casos en que corresponda, de acuerdo a los lineamientos internacionales y en cada comunidad que pueda ser afectada, comenzando por las tocadas por el PIM. No hay pretextos ni razones para no cumplir con los convenios internacionales. No hacerlo sería una traición a los pueblos indígenas que confiaron en López Obrador.
