Ciudad de México, 12 de octubre de 2017. Uno de los temas que se discutirán este jueves en la Cámara de Diputados es la desaparición forzada. Los diputados revisarán la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como han exigido organismos internacionales por casos en estados como Guerrero.
Al respecto diputados opinan que lo más importante de la ley, que se da como respuesta desde el legislativo para combatir la crisis de desaparecidos en el país, 30 mil en la última década, según cifras oficiales, que el principal objetivo es disminuir el crimen y evitar que siga ocurriendo de manera cada vez más variada.
La diputada guerrerense por el PRD, Lluvia Flores Sonduk, opinó vía telefónica que “en Guerrero desde los 70, tenemos un sinnúmero de desapariciones que no se les ha dado un seguimiento ni nada a los familiares; se hizo una comisión, no está completamente cubierta la parte jurídica, no está de qué manera exigir y reparar los daños. Tenemos el caso de los 43, que se convirtió en un asunto político, no hay manera de exigir, nuestra legislación tiene muchas lagunas”.
Dijo que es necesario cubrir esos huecos legales y evitar que se sigan repitiendo casos como el de Ayotzinapa, hecho que el pasado 26 de septiembre cumplió tres años. No se sabe el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. “Tenemos que empezar por el canal jurídico y tiene que abrir paso al tema económico, abonar al tema de la desaparición, investigar, resarcir los daños respecto al tema… no se hace una investigación cabal, es lo que se está exigiendo”.
El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, adelantó a varios medios que se abordará la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
María Candelaria Ochoa Ávalos, perteneciente la bancada de Movimiento Ciudadano y a la Comisión Especial de Seguimiento a las Acciones del Estado Mexicano, Atención a Víctimas, así como el Seguimiento de las Recomendaciones Emitidas por la CIDH sobre los hechos ocurridos en Iguala, consideró que lo más importante es que la ley logre que se sancionen a los funcionarios que han participado en casos de desaparición forzada.
Ochoa consideró que con el caso de los 43, cambió el discurso “que nos quisieron vender de que estaban muertos, pero también de que no se sabía bien quien los había desaparecido. Lo que ha cambiado es que hoy hay pruebas de que fueron policías tanto de Huitzuco, como de Iguala, como la policía estatal, el Ejército, involucrados de mayor a menor medida”.
Por ello, la posible aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada obliga al Estado a cumplir con una política real de búsqueda. Es necesaria la creación del instituto de antropología forense, “que sea independiente, entre sus prioridades esté la búsqueda rápida y expedita de quien desaparece, por otro lado, el tema de cómo lograr un registro único de personas desaparecidas; por un lado los busca una institución, por otro, otra, y no hay una buena base de datos certera sobre este tema”.
La diputada recordó que el alto comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales han exigido al Estado atender la crisis en la materia y a los diputados la aprobación de una ley que coadyuve con el tema.
De aprobarse la ley, responderán, dijo, por una parte a las peticiones de colectivos de desaparecidos que piden respuestas sobre sus familiares a las autoridades.
La entrada en vigor de la nueva Ley General de Desaparición Forzada tendría un impacto en el Presupuesto 2018 de más de 400 millones de pesos.
Nota de Vania Pigeonutt/ Foto de Jessica Torres Barrera.
