Estarían involucrados el Centro Estratégico de Operaciones, el C-4 y las BOMUS, documenta. Los videos de vigilancia que estuvieron a resguardo del Ejército y la Gendarmería están fragmentados o no se distinguen, informa.
Chilpancingo, Guerrero, 30 de noviembre de 2018. El Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó que el Centro Estratégico de Operaciones (COE), el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS), organismos de coordinación policiaca y militar en Iguala, pudieron haber operado la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en los ataques y la desaparición forzada de 43 normalistas rurales.
El informe final del plan de trabajo fue dado a conocer este miércoles en su séptima visita oficial a México, este lunes 26 de noviembre, y se basa principalmente en el análisis de testimonios del expediente judicial de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sobre el COE detalla que opera en el estado desde la firma del convenio de colaboración de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría Genera de la República (PGR) para el combate al narcomenudeo, en Iguala funciona como centro de detención, pero se negó a la inspección de los separos durante la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, dos días después de los ataques.
Aunque no lo dice, se puede presumir que el sitio pudo ser usado como cárcel clandestina para ocultar a los estudiantes detenidos-desaparecidos.
La inspección ocular de la PGR a estas instalaciones ocurrió tres años después, en julio de 2017, y sólo se encontró una libreta con el registró ingreso y salida del personal, donde quedó constancia que entre las 6:30 de la tarde y las 7:35 de la noche del 26 de septiembre de 2014 agentes de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería acudieron al COE.
Alrededor de esa hora los estudiantes de la normal de Ayotzinapa habían comenzado las acciones de boteo y toma de autobuses en la carretera federal, frente al restaurante La Palma, y en la caseta de Iguala.
El mecanismo supo que el COE operaba como centro de detención a partir de la declaración de un policía municipal que señaló que militares entregaron ese 26 de septiembre a dos personas en posesión de drogas.
En un acta circunstanciada encontraron que un policía ministerial del estado adscrito al COE negó el acceso del fiscal y del perito a los separos por órdenes del agente del Ministerio Público federal, titular del COE, “quien hasta el momento no ha sido declarado en PGR”.
El Mecanismo recomendó que se profundice sobre la negativa a la inspección durante la búsqueda de los estudiantes, y los representantes de los padres de los estudiantes desaparecidos pidieron que se extienda a los funcionarios de ese organismo la investigación de vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
La Gendarmería y el Ejército alteraron grabaciones del C-4
El mecanismo de la CIDH continuó el seguimiento a la investigación en el C-4, como lo recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes de trabajo.
Este sistema de comunicación interinstitucional monitoreó a los estudiantes desde que salieron de la Normal en Tixtla, durante la retención de camiones en la terminal de autobuses y mientras ocurrían los ataques de policías y delincuentes contra estudiantes y civiles.
En su informe, el Mecanismo señaló indicios de que a través de este sistema de comunicación el supervisor de la Policía Municipal de Iguala, Alejandro Tenescalco pidió apoyo a los municipios de Taxco, Cocula, Tepecoacuilco, Teloloapan y Huitzuco, que no fueron confirmados por las autoridades.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sí documentó en sus investigaciones la presencia de policías de Cocula en una de las escenas del crimen.
En este informe, el Mecanismo indicó que aunque ya declaró la mayor parte del personal que trabajó en esta área la noche del 26 y 27 de septiembre, las autoridades dicen que faltan personas que den “mayor claridad” sobre el papel de la dependencia.
De acuerdo con las diligencias, en el expediente sólo existen 16 papeletas de llamadas al C-4, aunque una operadora del teléfono de emergencias 066 aclaró que ella recibió “muchísimas llamadas” ese día.
Reveló que una funcionaria encargada de Telecomunicaciones señaló que los soldados eran los encargados del monitor de las cámaras de C-4 (muchas no funcionaban), así como del resguardo de las grabaciones, y después de la desaparición de los normalistas, “de los servidores y equipos de cómputo”.
Después, una empleada de la Secretaría de Seguridad Pública adscrita al C-4 en Chilpancingo, afirmó que tras los ataques del 26 y 27 de septiembre agentes de la Gendarmería se hicieron cargo de las instalaciones, en coordinación con el gobierno del estado.
“Mientras entró la Gendarmería salió todo el personal del C-4, estuvimos unos tres días más con ellos capacitándolos para que conocieran el sistema HIWIN o Safety Net Cad y nos mandaron a Chilpancingo, y fue hasta enero de 2015 que regresamos a trabajar al C-4 de Iguala, pero ya al mando el personal de Gendarmería, y yo regresé también”, relata.
Según la misma declaración en mayo de 2016 las fuerzas armadas llegaron al C-4 de Iguala, luego de la capacitación cambiaron al personal policial de la oficina para que los militares borraran o se llevaran la información a otro lado.
El Mecanismo denunció que los materiales de C-4 están fragmentados o no se distinguen las imágenes de videos, pidieron que se investigue al Ejército en el resguardo de esta información, y que se esclarezca quiénes son las autoridades responsables de salvaguardar la información que se generó el 27 de septiembre de 2014.
El C-4 de Iguala comunica a 16 municipios de la zona Norte y nueve de Tierra Caliente. El día de los ataques estaban en el lugar agentes de la Policía Municipal de Iguala, de la Policía Preventiva del Estado, de las direcciones de Protección Civil y Tránsito y dos militares. Se precisa que no había policías ministeriales ni federales, aunque algunos tenían lugares asignados.
Es posible una operación mixta contra estudiantes: CIDH
A partir de las declaraciones de dos policías estatales, dos municipales y un federal, el Mecanismo de la CIDH estableció la posible activación de BOMUS la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Suma a esta hipótesis la última declaración de un jefe del 27 Batallón de Infantería de Iguala, que refirió que “uno de los objetivos de seguimiento a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa era alertar a las Bases de Operaciones ante posibles ataques (ampliación de la declaración del testigo, general brigadier).
Asimismo, señala que el ex secretario de Seguridad Pública del Estado hizo afirmaciones relacionadas a la activación de BOMUS para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
Aclara que de acuerdo con el coordinador operativo de la Policía Estatal en la región Norte de la Secretaria de Seguridad Pública, no consta antecedente de la activación de la una BOMUS el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En las observaciones al proyecto del informe del Mecanismo manifiesta que amplió la solicitud de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la FGE y la Policía Municipal de Iguala.
Según la explicación del estado al Mecanismo, las BOMUS son operaciones coordinadas del Ejército, policías ministeriales, estatales y municipales, a veces con la Policía Federal.
Dado que una operación de esta naturaleza apunta a una coordinación de actividades entre varias dependencias encargadas de la seguridad pública, la CIDH pidió aclarar si se activó o no este mecanismo previo o en la fecha de los ataques en contra de los estudiantes, y determinar los resultados de la operación.
El plan de trabajo del Mecanismo incluía un cronograma de trabajo acordado con el gobierno mexicano sobre las principales líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos de Iguala: determinar si existe responsabilidad o no de policías federales en los hechos, esclarecer el rol del Ejército, establecer qué instancias se encontraban a cargo del C-4, resolver lo correspondiente sobre la existencia o no de responsabilidades de autoridades del estado de Guerrero.
Asimismo, agotar el análisis técnico de la telefonía general, determinar identidad de El Caminante y El Patrón, personajes claves de la investigación, y obtener información sobre el trasiego de droga de Guerrero a Chicago Illinois, a través de una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, entre otros.
La CIDH aclaró que el Estado no cumplió con los tiempos establecidos en el cronograma, y la mayoría de las líneas de investigación siguen pendientes de resolverse, a pesar de que aumentó a 90 el numero de investigación de telefonía celular de la Policía Federal.
Incluso, señaló que no ha habido más detenciones y que falta consignar el caso por desaparición forzada.
El Mecanismo abordó también las alegadas irregularidades en el desarrollo de la investigación, como el rol de la Visitaduría de la PGR en una investigación interna por faltas graves en las diligencias en la escena del crimen del río San Juan en Cocula (se señala siembra de evidencia), y las denuncias de tortura a personas detenidas.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Lenin Ocampo, archivo El Sur
