El presidente del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, adelantó que cuando el poder Legislativo federal inicie la discusión de creación de una Ley de Amnistía para la liberación de presos políticos o de conciencia en el país, el de Guerrero tendrá que hacer lo propio.
Chilpancingo, Guerrero, 13 de noviembre de 2018. El presidente del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, adelantó que cuando el Poder Legislativo federal inicie la discusión de creación de una Ley de Amnistía para la liberación de presos políticos o de conciencia en el país, el de Guerrero tendrá que hacer lo propio para los casos en los que los delitos que se imputen no sean federales.
En declaraciones telefónicas, se le preguntó al diputado de Morena de la propuesta que anunció la senadora Nestora Salgado García en la que se analizan 176 casos de personas con posibilidades de acogerse a una Ley de Amnistía para presos políticos, y que incluye al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui, de lo que dijo que es un tema federal.
La senadora está considerando algunos perfiles de luchadores sociales que podrían ser incluidos, pero dijo que no conoce la propuesta, más lo que se dijo en declaraciones.
“Entiendo que ella la está enfocando precisamente a los luchadores sociales y específicamente en el caso de Guerrero, y así tienen que ser los casos de amnistía”, comentó el presidente del Congreso.
Por otro lado dijo que está la propuesta de amnistía que propuso desde campaña Andrés Manuel López Obrador, en referencia a presos por delitos como narcotráfico, pero que aún no está en la discusión legislativa si no que es un tema aún abierto, y el único que se está concretando es el que plantea Nestora Salgado para luchadores sociales.
Pablo Amílcar Sandoval consideró que el tema de la amnistía se debe abordar en lo federal o en lo estatal, y que lo importante es que se empiece a discutir en cualquiera de los dos escenarios “que es lo que se tiene que hacer para liberarlos, tenemos que hacer una revisión de cuál es su estatus jurídicos de quienes han sido presos de conciencia, a quienes se les ha denominado así para ver inmediatamente su liberación”.
Pero recordó también que en la mayoría de los casos los delitos de los que se acusa a los presos de conciencia son federales, y sobre esos casos apuntó que hay una postura clara de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se revisarán esos casos “para que de inmediato haya liberación”.
Para proponer una ley de amnistía en Guerrero dijo que tendrían que revisar los casos, para conocer si con una acción local se podría conseguir la liberación de los presos, en los casos en los que las acusaciones no sean del ámbito federal :“nosotros como Congreso haríamos lo propio, tendríamos que ser consecuentes con eso”.
Y llamó a que “esta práctica denigrante para el poder público se termine. La persecución desde el poder contra adversarios políticos luchadores sociales es algo que se debe desterrar de nuestro estado y del país”.
Insistió en que aún no está la discusión en el poder Legislativo federal, pero cuando la amnistía para presos políticos se lleve a la agenda, pedirán a los diputados federales de Morena que “se tome en cuenta a Guerrero como uno de los primeros lugares donde hay persecución política”.
De la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores en el tema de que tendría que discutirse la amnistía para los presos por cultivar o vender mariguana, en el contexto de la despenalización del consumo y cultivo, Sandoval Ballesteros dijo que “es evidente que tendría que haber una amnistía en caso de aprobarse la reforma que está presentando la (próxima) ministra Olga Sánchez Cordero”.
Recordó que es la tendencia internacional, despenalizar el consumo y en consecuencia la producción y eso “pone en una situación penal distinta a todos en el país, cambiará el tipo penal y las penas por esta causa”.
Por eso consideró que no se tendría que impulsar una ley de amnistía para liberar a los presos por esos delitos, sino que a partir de la aprobación de las reformas habría consecuencias procesales para todos los detenidos.
Texto: Rosalba Ramírez / Foto: El Sur
