Espera una de las damnificadas de Ingrid y Manuel que ahora sí les construyan bien sus viviendas y dentro del plazo que les han dicho las autoridades, aunque duda que sea así porque está en puerta la etapa más intensa del periodo de lluvias. Señala que al recibir sus casas en el gobierno de Enrique Peña Nieto dejaron de ser damnificados pero la obra mal hecha los colocó en un estado de vulnerabilidad
Chilpancingo, Guerrero, 1 de agosto de 2023. La manzana 1-A del fraccionamiento Nuevo Mirador, una de las tres que fueron desalojadas para su demolición por fallas de origen, para la posterior reconstrucción, tiene en cada edificio una placa conmemorativa del Programa Nuevo Guerrero. Una vivienda más construida por el gobierno federal.
Fue el programa para la reconstrucción estatal en más de 36 municipios afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, con inversión total de 45 mil millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para unas 14 mil acciones, según los informes de la época.
En esa manzana tiene su casa la señora Lorena Frida Martínez Hernández, activista desde el periodo de los damnificados tras la fuerte lluvia del 15 de septiembre de 2013. Fue parte del grupo de 42 familias capitalinas que se quedaron más de un año en el Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), abierto como albergue, pese a que las autoridades estatales y municipales trataron de obligarlas a irse.
Persistieron ahí hasta la asignación de las viviendas, justamente en la manzana 1-A, la primera de la numeración.
En entrevista, la señora Lorena Frida aclaró que entonces había muchos rumores de que los departamentos serían dados a trabajadores del gobierno del estado, y quedarse, era una forma de presión para acceder a la vivienda.
Hoy, es parte de las 10 familias que instalaron viviendas provisionales en áreas verdes, mientras el gobierno del estado se encarga de la demolición de tres manzanas o 212 departamentos, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con recursos del Comisión Nacional de Vivienda, hace la reconstrucción.
Junto a su vivienda provisional, señaló la pila de escombros con la máquina pesada llenando de material de desecho un carro de volteo. “Están recogiendo los escombros, de la manzana 1-B, falta (demoler) la manzana 1-A, después la 2-A, y algunos edificios de tres niveles de la 3-D”, indicó.
De acuerdo con los vecinos, el viernes después de mediodía comenzaron los trabajos de demolición, continuaron el sábado y este lunes.
Distinto a la mayoría de las familias que desalojaron sus viviendas para rentar mientras se realizan los trabajos, aclaró que quienes decidieron quedarse, no tenían dinero para los pagos del depósito, primera renta y mudanza, y no iban a reunirlo en el plazo de un mes que les dieron para dejar los edificios.
Además, quedarse también es una manera de presión, para ver qué avances hay, si se van a apurar a construir. “Que no nos engañen, porque no confiamos en las autoridades”.
Duda que los trabajos comiencen porque el periodo de lluvia más intenso es en agosto, pero cuando lo expusieron con las autoridades federales, les respondieron en que sí van a trabajar porque el compromiso es entregar esta etapa antes de que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Esperemos que ahora sí cumplan, y que las casas que van a construir sean mejores, que ya no estén en malas condiciones como éstas, que estaban muy cuarteadas, se filtraba el agua, teníamos goteras, teníamos que poner cubetas”.
Aseguró que todos los edificios del fraccionamiento tienen daños, y les dijeron que habrá otras etapas de reconstrucción, pero comenzaron con estas manzanas, que son inhabitables.
Antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel que impactaron en el estado, la señora Lorena vivía en un terreno que compró en una barranca junto a la colonia Javier Mina. La mañana del 15 de septiembre su tinaco se llenó de agua, se resbaló y rompió un poste de su casa de madera, que comenzó a irse de lado. Media hora después un bordo se deslizó y cubrió su vivienda.
“Estuvimos en el albergue de la primaria José Martí. Luego nos enviaron a un local que no nos gustaba. Nos llevaron al Indeg (que el gobierno del estado habilitó como albergue), donde estuvimos mucho tiempo, hasta quisieron corrernos de ahí. El alcalde Mario Moreno, declaró en la prensa que se gastaba 25 mil pesos diarios en comida para los damnificados, y era mentira”, dijo.
Añadió que estuvieron rodeados por policías y patrullas que trataban de amedrentarnos, “de hecho, nos llegaron comentarios de que estas casas que iban a hacer aquí, se las iban a dar a trabajadores de gobierno”.
Aclaró que no pudieron sacarlos porque el luchador social, Nicolás Chávez Adame, estuvo asesorándolos. “Desde entonces está con nosotros, porque cualquier decisión la consultamos primero. Confiamos más en Nicolás Chávez que en la gente de gobierno, por decir, en estas personas de Sedatu”.
Cuando recibieron las casas que construyó Sedatu, resultaron muy pequeñas, “en nuestros terrenos teníamos espacio. Aquí no, además de las goteras y las grietas que con los temblores se iban abriendo más. Cada año, estaban más dañadas”.
Casas deshabitadas y vendidas
Indicó que, especialmente los vecinos de la manzana 1-A, de unas 50 familias, eran los que se organizaban para ir a Sedatu y otras oficinas en la Ciudad de México, para insistir en la reparación de las viviendas.
Con este nuevo plan de reconstrucción, dijo que muchos de sus compañeros se fueron a rentar casas de la parte del mismo fraccionamiento, que estaban deshabitadas.
“Hay personas que tienen su casita aquí, y no sueltan allá donde vivían. Otras vendieron y se regresaron a vivir donde estaba, porque sus casas están cuarteadas, porque no hay espacio, porque no hay privacidad, todo se escucha del otro lado de la pared”.
Recordó que cuando llegaron al fraccionamiento, en casas de la parte más alta, los nuevos inquilinos llegaban todos en automóvil particular, “se notaban personas con recursos. Nosotros no decíamos nada porque ya estaban ahí, en la manzana, ocupando el departamento”.
Ya no eran damnificados, tampoco estaban en una zona de alto riesgo, pero la obra del gobierno federal, volvió a colocarlos a sus familias en una situación de vulnerabilidad en la vivienda.
Texto y foto: Lourdes Chávez
