El encuentro “deja un buen ambiente”, dice el abogado Vidulfo Rosales. La información reciente sobre el caso Ayotzinapa “es muy relevante, da cuenta de que se mintió a las familias”, destaca el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre. Afirma que se le dijo al presidente que la impunidad solamente terminará cuando se castigue a los responsables de los gobiernos municipal, estatal y federal que participaron en los crímenes de Iguala
Ciudad de México, 11 de julio de 2020. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron este viernes en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para conocer los avances de la investigación.
“La información que se ha vertido recientemente sobre el caso es muy relevante, da cuenta que se mintió a las familias cuando se les dijo que el paradero de los 43 estudiantes era el basurero de Cocula. Las familias están asimilando esta información, desde luego reconocen la capacidad técnica de la Universidad de Innsbruck y del Equipo Argentino de Antropología Forense”, dijo en rueda de prensa el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, después de la reunión.
También enfatizó que, si bien las noticias de los últimos días significan un esclarecimiento importante del caso Ayotzinapa, para las madres y padres de los 43 jóvenes ausentes durante ya casi seis años también implican sufrimiento.
Por ello decidieron no comparecer ante los medios de comunicación y pidieron mediante sus voceros el máximo respeto por la situación que están atravesando, en particular la que está viviendo ahora la familia del normalista cuya identificación genética fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), esta semana.
“Esta reunión se dio en un momento en que se está haciendo una identificación, la de nuestro compañero Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en que hay órdenes de aprehensiones libradas por la Fiscalía General de la República y detenciones importantes. Esto deja un buen ambiente en la reunión”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los familiares.
De acuerdo con Rosales, en el encuentro con López Obrador madres y padres hicieron hincapié en que las búsquedas y la indagatoria judicial deben continuar hasta conocer el paradero de todos sus hijos, y exigieron que se llegue a detener a los responsable materiales e intelectuales de su desaparición forzada.
“El presidente aseguró que estos son los resultados iniciales de una nueva investigación que se está realizando. Se comprometió a que no va a haber impunidad y que se va a actuar contra todos los responsables”, agregó Rosales, quien destacó que el gobierno federal está dispuesto a indagar y esto genera esperanza en las familias.
Un “punto de inflexión” en el caso Ayotzinapa
No es la primera ocasión en que las madres y padres de los 43 normalistas reciben confirmación de las inconsistencias de la versión oficial presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, nombrada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”.
Las carencias del caso fueron evidenciadas por las propias investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) e integrantes de la ONU-Derechos Humanos en México.
“Pero no se había dado con el paradero de alguna de las víctimas en otro lugar, y en este sentido el hallazgo marca un punto de inflexión”, remarcó Santiago Aguirre.
“Los familiares también insistieron en que se les engañó cuando se dijo que esta era puramente obra de un grupo criminal (Guerreros Unidos) que había corrompido un municipio. Hoy sabemos que este grupo contaba con la colusión en el ámbito estatal de Guerrero, y en el ámbito federal a través de las instituciones de seguridad presentes en Iguala”, agregó.
Faltan los otros actores responsables
En Palacio Nacional, los padres también pidieron al presidente de la República que se termine de deslindar la responsabilidad de esos otros actores que hasta el momento no han sido presentados a juicio.
“Dijeron que cuando se proceda penalmente contra individuos, no instituciones, sino individuos responsables de otras corporaciones estatales y federales, entonces podremos hablar de que se ha roto el pacto de impunidad”, relató Aguirre.
Serían funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, funcionarios de las fuerzas federales que tenían presencia en Iguala, como el Ejército y la Policía Federal, de los cuales existen elementos que confirman que eran parte de la red criminal de Guerreros Unidos.
Los 800 metros que no están “cerca”
En cuanto al área en donde se produjo el hallazgo del fragmento óseo, la Barranca de la Carnicería en el municipio de Cocula, y de la distancia de 800 metros que la separa del basurero de Cocula donde se situó parte de la “verdad histórica”, Aguirre comentó:
“Esas voces que relativizan que a 800 metros se encuentre otro resto, primero desconocen que las circunstancias de tiempo, modo y lugar son esenciales para esclarecer un delito, pero también muestran que no han ido a campo, porque la distancia de los 800 metros es entre un basurero, que además está en una depresión, y un punto diverso en el mismo municipio, este resto fue encontrado porque los familiares lucharon durante cinco años y nueve meses por dar con la verdad”.
“Tratar de minimizar este hallazgo diciendo que está muy cerca, inevitablemente nos conduce a la pregunta: ¿cuánta distancia les parecería suficiente para dejar de defender una versión que no tiene prueba científica y que se obtuvo con tortura?”, cuestionó.
Instancias internacionales, fuente de confianza
Santiago Aguirre mencionó que los avances actuales se han logrado gracias a que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y el fiscal a cargo del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, han trabajado de manera conjunta, pero también porque el gobierno ha permitido que coadyuven en las investigaciones instancias internacionales: el GIEI, el EAAF, la oficina de ONU-Derechos Humanos en México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esta presencia internacional, subrayó, es en donde “se finca la confianza de los padres”.
El fragmento óseo que sirvió para identificar a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre pesa menos de dos gramos y estuvo a punto de ser descartado por los peritos de la FGR, dijo Aguirre.
Fue gracias al compromiso del equipo argentino que se decidió seleccionar esa pieza y enviarla a los laboratorios de la Universidad de Innsbruck, en Viena, para su análisis.
“Como organizaciones de derechos humanos –continuó– queremos reivindicar que todos los restos humanos que hoy nadie atiende, porque son parte del rezago forense en México, deberían tener un proceso parecido y ser tratados con dignidad”.
En la reunión con el presidente que duró casi tres horas, también participaron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Además estuvieron representantes de la CIDH, de la ONU, del EAAF y del GIEI.
La próxima cita entre López Obrador y los familiares de los 43 está programada para el 7 de agosto a las 10 de la mañana, en Palacio Nacional.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Cuartoscuro
