11 agosto,2018 5:43 am

Se siguen autorizando concesiones a mineras, señalan autoridades agrarias tras informe de la ONU

Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En contra de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que considera prioritario proteger territorios y recursos de los pueblos indígenas, los gobiernos de México, y particularmente de Guerrero, son los principales promotores de las empresas mineras extranjeras para que se asienten en territorios indígenas, denunció el presidente del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), Miguel Santiago Lorenzo.
La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz destaca en su informe, publicado el jueves en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es prioritaria la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas.
Al respecto, Santiago Lorenzo denunció vía telefónica que, en contra de esta postura de la ONU, el gobierno federal sigue autorizando concesiones a empresas mineras extranjeras, y que el gobernador, Héctor Astudillo Flores es el principal promotor de éstas.
“Los gobiernos federal y estatal no están respetando esta recomendación de la ONU, por el contrario, están ampliando las solicitudes de concesiones a las empresas mineras extranjeras en las regiones Montaña y Costa Chica”, dijo el representante de más mas de 300 comunidades de ambas regiones.
Se quejó de que las autoridades mexicanas y la de Guerrero hacen caso omiso al rechazo internacional a las empresas extractivas, incluso, dijo que saben que el gobernador Astudillo Flores “es el más interesado en que las empresas mineras inviertan en todo Guerrero, y con ello no están respetando el pronunciamiento de la ONU”.
Recordó que los pueblos indígenas les han dado un revés por la vía legal a las autoridades mexicanas, como en el caso de San Miguel del Progreso, donde tienen dos juicios ganados ante las autoridades federales.
Añadió que, si bien en este caso está suspendido, en el proceso de exploración de la mina Corazón de Tinieblas, la Secretaría de Economía (SE) está autorizando concesiones en otros lugares de la misma Montaña y en todo el estado.
El Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio aglutina a más de 300 comunidades indígenas me’phaa y na savi de Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Marquelia, Azoyú, San Luís Acatlán, Metlatónoc, Malinaltepec, Hiliatenco, Tlacoapa y Atlamajalcingo del Monte.
A este Consejo pertenece la comunidad de San Miguel del Progreso (Júuba Wajiín, en me’phaa), municipio de Malinaltepec, que en julio del año pasado ganó un segundo amparo contra la ley minera, que obliga a la SE a cancelar la Declaratoria de Libertad de Terrenos que permite otorgar concesiones mineras en ese territorio, donde la federación había autorizado una concesión para explotar las minas Reducción Norte Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, a la minera peruana de capital británico Hochschild Mining.
Por otro lado, el presidente del CRAADT, anunció que esta agrupación respaldará las acciones que determina la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) contra las reformas al artículo 14 de la Constitución del estado en materia de derechos y cultura indígena, “porque no nos beneficia en nada, por el contrario, nos están quitando los derechos que ya habíamos ganado”.
Informó que a las comunidades de la región de la Montaña les preocupan esas reformas, “porque siempre hemos elegido a nuestras autoridades por usos y costumbres, y eso se debe de respetar”.
Informó que no es posible que ahora venga el gobierno y les diga que eso no tiene validez, “si nosotros somos pueblos originarios que siempre hemos estado aquí, no somos arribistas en la Montaña”.