Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres
Chilpancingo, Guerrero, 13 de septiembre de 2018. En alianza con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), organizaciones sociales rechazaron el proyecto hidroeléctrico La Parota, porque consideraron que si se permite su construcción en Acapulco, el siguiente tema de los gobiernos serán las mineras en La Montaña.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, de la Organización para los Pueblos Indígenas y Campesinos (OPIC), del Frente Popular de Tlapa, del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de La Montaña (Frecodeg) y del Colectivo El Grito, expresaron su respaldo al Cecop y exigieron a las autoridades estatales que cese el hostigamiento y persecución de sus integrantes.
Señalaron que 19 integrantes del Cecop están presos en la cárcel de Las Cruces, entre ellos el vocero Marco Antonio Suástegui.
La esposa de Suástegui Muñoz, María Pérez Hernández, detalló que hay 50 órdenes de aprehensión relacionadas con el movimiento que rechaza la presa, y que se comenzaron a ejecutar la semana pasada.
Denunció que el hostigamiento contra su esposo y el movimiento lleva ya 15 años, y que los opositores a la presa no pueden salir a trabajar porque las policías ministerial y estatal están al acecho en las comunidades.
Consideró que lo más urgente es que las policías ministerial y estatal se retiren de los Bienes Comunales.
El consejero de la CRAC, Arturo Campos Herrera, exigió la libertad del promotor Gonzalo Molina, preso en Chilpancingo, y de los integrantes del Cecop que conformaron una Policía Comunitaria en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, pero señaló que lo que interesa al gobierno es desactivar a la organización para construir el mega proyecto hidroeléctrico.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que “últimamente los han ido a sacar violentamente de sus domicilios particulares, tal como lo hicieron el pasado 29 de agosto con el compañero Clemente Cabrera Benítez, a quien sacaron de su casa sujetos que se identificaron como policías ministeriales, golpeando de manera violenta a familiares de nuestro compañero, insultándolos y amenazándolos de muerte, llevándose al compañero Clemente al penal de Las Cruces en Acapulco, lo mismo que hicieron con el compañero Tomás Cruz Valeriano el pasado 4 de septiembre”.
El 7 de enero, policías estatales, ministeriales y federales irrumpieron en la comunidad de La Concepción para desarmar a la Policía Comunitaria y detuvieron a 38 personas, todos opositores a La Parota. También hubo 11 muertos, cinco de ellos policías comunitarios.
Ratificaron que los delitos contra sus compañeros son fabricados por el gobierno del estado; “quiere atemorizar a nuestros compañeros, quiere acorralarlos para que cedan a sus pretensiones egoístas y capitalistas, quiere arrodillarlos, pero ellos se mantienen de pie y por eso los encarcelan”.
Del FDP, Ubaldo Segura Pantoja, explicó que las organizaciones, en una reunión el 10 de septiembre en Unión de las Peras, de Malinaltepec, reflexionaron que el costo político de la represión del Cecop es la presa La Parota, detenida hasta ahora por la oposición de los pueblos que defienden sus recursos naturales.
“No los podemos dejar solos porque luego viene la arremetida en La Montaña para la explotación minera. Es un acuerdo tomado en la región Montaña de no permitir el acceso a las transnacionales”, indicó.
En otro tema, el integrante del Frecodeg, Abel Bruno Arriaga, informó que otro de los acuerdo de la reunión de La Unión de las Peras, fue exigir a los nuevos diputados que asuman la propuesta de reformas sobre derechos indígenas y afroamericanos, que construyeron las organizaciones sociales con la CRAC, para armonizar la Ley 701.
Recordó que en la pasada legislatura, 20 diputados de izquierda asumieron como propia la propuesta que llevaron a comisiones, pero al final la hicieron a un lado y votaron la iniciativa del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Abel Arriaga dijo que les preocupa que con las reformas del Ejecutivo se haya borrado la figura de Policía Comunitaria de la Constitución, porque en la región de influencia de la CRAC se reactivó la presencia militar, y estimó que se puede recrudecer la represión a las organizaciones sociales.
Del proyecto de la iniciativa popular, destacó la propuesta de la consulta a los pueblos originarios y el derecho a elegir a sus autoridades en asambleas, como se hizo en el último proceso electoral en Ayutla de los Libres, y reservar curules en el Congreso para la representación de las comunidades indígenas.
En la conferencia, que se citó a las 9 de la mañana, Abel Arriaga informó también que a las 11 de la mañana tendrían una cita con los diputados locales de Morena en el Congreso, “esperemos que no se vayan a echar para atrás”.
Por su parte, Israel Jiménez Martínez, de la OPIC, hizo un pronunciamiento por la presentación de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, a pocos días de que se cumplan años de su desaparición forzada en Iguala.
Asimismo, exigió justicia a tres del asesinato del activista Antonio Vivar, en las elecciones de 2015. Denunció que el caso sigue en la impunidad.
Concluyeron con un llamado al gobernador para que saque las manos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y justicia para los integrantes del Cecop asesinados el 7 de enero: “no se cederá ni un centímetro de la tierra que les pertenece, jamás se las entregarán a esas empresas transnacionales que sólo vienen a saquearnos de lo que es nuestro y que nadie tiene derecho a quitarnos, esas empresas que en contubernio con los actuales gobiernos federal y estatal sólo se interesan por llevar nuestras riquezas naturales a su país y dejarnos más empobrecidos”.
