Tampoco se han logrado los nombramientos pendientes, entre ellos el del titular de la ASE, que realiza una de las principales tareas del Legislativo, que es la vigilancia del manejo de los recursos públicos
Chilpancingo, Guerrero, 20 de abril de 2022. A siete meses y medio del inicio de la actual legislatura, los diputados locales no han logrado realizar reformas a la legislación local que contravienen normas federales de salud y de garantía de los derechos de las mujeres; tampoco los nombramientos pendientes, entre ellos el del titular del órgano técnico que realiza una de las principales tareas del Legislativo, que es la fiscalización de recursos.
La 63 legislatura, al igual que la 62, no ha logrado avanzar en la atención de las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio comparado, dictada a la entidad desde el 5 de junio de 2020, después de que Guerrero no demostró avances en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes.
Entre las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), está la de una importante reforma que no ha prosperado en el poder Legislativo, a pesar de que tanto en la pasada, como en la actual legislatura, diputados de Morena han presentado iniciativas al respecto.
Se trata de la reforma al artículo 159 del Código Penal del Estado, en el que se debe eliminar la fracción primera, para que quede armonizado con la Ley General de Salud, Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, con lo que se eliminaría la condicionante de presentar una denuncia penal para poder acceder a la interrupción del embarazo, producto de una violación.
Por el contrario, en lugar de cumplir con la reforma planteada por la Conavim, la Comisión de Justicia del Congreso local, con un procedimiento aparentemente irregular, aprobó por “mayoría de votos” un proyecto de “cronograma de actividades para enriquecer la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal en materia de aborto”, con lo que buscan abrir el tema al debate de las partes, que están a favor y en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo.
Los nombramientos pendientes
Tampoco han logrado acuerdos para realizar los nombramientos pendientes, uno de los cuales tendría que ser una prioridad, ya que se trata del titular de la de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que es el órgano técnico del Congreso local que se encarga de realizar los procesos de fiscalización financiera, que es una de las tareas más importantes del Legislativo.
Desde el pasado 20 de julio, concluyó el periodo al frente de esta dependencia del ex auditor Alfonso Damián Peralta, y el procedimiento de selección y designación del nuevo titular no ha concluido.
La designación del titular de la ASE es facultad única del pleno del poder Legislativo, pero no lo ha hecho, y cuando haya un titular que haya rendido protesta ante el pleno, éste puede hacer las designaciones de los auditores especiales del Sector Gobierno, Sector Ayunta-mientos, Órganos Autónomos y Entidades Paraestatales y Paramu-nicipales, y Evaluación del Desem-peño.
Sin embargo, al frente de la ASE está una encargada de despacho, Natividad Pérez Guinto, cuyo nombramiento no ha pasado por el pleno del Congreso. Ella ha emitido nombramientos de los titulares de las auditorías especiales y una decena de cargos dentro de la ASE.
Otros nombramientos pendientes son los de los titulares de los órganos internos de control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y de una comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (Itaigro), en este espacio debe ser designada una mujer.
Los procedimientos para estas designaciones se iniciaron en la pasada legislatura, sin embargo, éstos no se concluyeron, a pesar de que se realizaron las entrevistas a los aspirantes, y supuestamente había dictámenes para cada uno de los casos y que estos quedaron a resguardo de la Mesa Directiva, pero en siete meses y medio ninguno se ha aprobado.
Tampoco se conocieron estos documentos, ni los nombres de las propuestas.
Otros nombramientos pendientes, que no logró realizar la 62 legislatura y la actual tampoco ha hecho nada para retomarlos, son los de un consejero de la Judicatura del Poder Judicial y otro del Consejo de Políticas Públicas.
Otra iniciativa, que la pasada legislatura dejó en la congeladora, pero que se presentó nuevamente en a inicios de esta 63, fue la de Ley de Declaración Especial de Ausencia para Desaparecidos, la cual no se ha dictaminado por parte de la Comisión de Justicia. Ambas presentadas por el morenista Carlos Cruz López.
Con la misma suerte corrió la propuesta de ley de consulta, en la que se plantea consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos para crear una reglamentación o protocolo para futuras consultas, que no se aprobó en la pasada legislatura ni se ha aprobado en esta. Esto, a pesar de que hay tres propuestas en el mismo sentido, una presentada por la petista Leticia Mosso Hernández; otra de la fracción perredista y una tercera, del diputado Bernardo Ortega Jiménez.
Otra que quedó en la congeladora de la pasada legislatura fue la de matrimonios igualitarios.
Texto: Rosalba Ramírez García
