Margarita Warnholtz
En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Oaxaca el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024. (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/423227/Programa-Nacional-de-los-Pueblos-Indigenas-2018-2024.pdf).
En él plantea que “el gobierno de México, en el proceso de la Cuarta Transformación Nacional, reconoce a los Pueblos Indígenas y Afromexicano como sujetos de derecho público”. Este tema, que se mencionó desde la campaña y se incluye en la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), es fundamental para establecer una nueva relación con estos pueblos e implica llevar a cabo una reforma constitucional. Entre los puntos principales del programa en cuestión está el de elaborar la iniciativa de dicha reforma, así como iniciativas de una ley general de derechos de los pueblos indígenas y de una ley para la consulta previa, libre e informada.
Lo anterior no sólo es necesario sino urgente, para que de verdad comience esa nueva relación con los pueblos dentro de un marco legal adecuado. Además, se requiere particularmente la ley para la consulta, de manera que ésta se pueda llevar a cabo correctamente cada vez que se requiera. Sin embargo, se necesita tiempo para redactar las iniciativas de ley y más tiempo para que se analicen en el Congreso y finalmente se aprueben. Mientras tanto, urge iniciar la consulta previa, libre e informada sobre el tren maya y sobre los diversos proyectos que se han anunciado para el Istmo de Tehuantepec. Aunque no haya todavía una ley específica, es mandato constitucional que se realice dicha consulta y, a no ser que paren las obras hasta que esté aprobada la ley, deberá hacerse con los protocolos que existen actualmente para que no se viole la Constitución.
El documento también establece la creación de un programa para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Hasta ahora ha sido el Estado el que viola estos derechos, tanto con el desarrollo de diversos proyectos como con las concesiones mineras; si se dejan de violar y se respeta el derecho a la consulta, será poco lo que deba hacer este programa, aunque en otro punto se afirma que se revisará, a petición de las comunidades, las concesiones o permisos otorgados en territorios indígenas sin consulta.
El programa en cuestión enfatiza en la libre determinación de los pueblos y afirma que se establecerán mecanismos para la transferencia directa de recursos a los municipios, consejos regionales y comunidades. También es un punto relevante, sobre todo para evitar los tan nombrados (y comunes) moches, siempre y cuando se refiera a los municipios indígenas con autoridades elegidas por sistema normativo propio, pues de otra manera nada garantiza que si se entregan a autoridades municipales lleguen a su destino. En esos casos deberían otorgarse siempre directamente a las comunidades.
Otro tema a destacar es el apoyo que dice el programa se otorgará a las radios indígenas, tanto en el sentido de aumentar las concesiones a radios comunitarias como en el de fortalecer las radios del INPI. La radio es una forma de comunicación vital para las comunidades indígenas y en el sexenio pasado se abandonó completamente a las emisoras de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se cerraron múltiples emisoras independientes.
El programa es amplio e incluye cantidad de puntos sobre obras, servicios, apoyos al campo, fortalecimiento de las lenguas indígenas, difusión de la cultura y los derechos, investigación, etc. Aquí solamente destaco algunos puntos que considero más relevantes. Ahora, lo importante es que se cumpla y que se trabaje verdaderamente, como dice el documento, en conjunto con y consultando siempre a los pueblos indígenas y afromexicanos.
