Oswaldo López Arellanos, juez Primero de Distrito en Materia Civil, concedió una suspensión provisional que dejó sin efecto la orden de permitir el acceso irrestricto a ese estadio a los poseedores de palcos y plateas que los compraron por 99 años
Ciudad de México, 10 de junio de 2026. Un juez suspendió la orden de permitir el acceso irrestricto a dueños de palcos de Estadio de la Ciudad de México, con lo que deberán someterse a las reglas de FIFA.
Dicha orden fue dictada el pasado 12 de mayo por la también jueza federal Concepción Martín Argumosa, mediante un auto de medidas cautelares aparentemente irregular, por la forma en que fue tramitada la demanda de los dueños de los palcos.
Oswaldo López Arellanos, juez Primero de Distrito en Materia Civil, concedió ayer una suspensión provisional en el amparo promovido por Ollamani SAB, la filial de Grupo Televisa que controla el Estadio Azteca.
“Con la concesión de la suspensión se permite que se continúen con los preparativos, desarrollo y finalización de todos y cada uno de los eventos que deban realizarse en el Estadio Banorte, en relación con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, pues la directiva de ese estadio se comprometió con la normatividad que en su momento expidió la FIFA”, explicó el juez.
“De negarse la suspensión, se permitiría que no se cumplieran las normas de organización de la FIFA para un evento de talla internacional. En suma, el otorgamiento de la suspensión se encuentra orientada a evitar que se entorpezca el desarrollo normal, organización y ejecución de la Copa Mundial 2026, reglas que fueron fijadas desde hace tiempo, por lo que modificar algunos aspectos pudiera comprometer su correcta puesta en marcha”.
Ollamani tiene que pagar una garantía de un millón de pesos para que la suspensión siga surtiendo efectos. La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas puede impugnar mediante queja ante un tribunal colegiado, que tendrá 48 horas para resolver.
Sin embargo, el juez López resolverá el 15 de junio si concede a Ollamani una suspensión definitiva, que, para fines prácticos, obligaría a los dueños de palcos que los compraron por 99 años a someterse a las reglas de la FIFA durante el resto del Mundial, por el tiempo que tomaría la revisión por parte de un tribunal colegiado.
El 12 de mayo, la jueza Martín –veterana de varias décadas en el Poder Judicial– otorgó a la Asociación medidas cautelares para exentarlos por completo de obligaciones impuestas por la FIFA, como contar con un boleto para cada partido, no introducir alimentos o bebidas, pagar cuotas extraordinarias o paquetes de hospitalidad, y no prestar los palcos a terceros.
La Asociación presentó su demanda directamente ante Martín, jueza Séptima de Distrito en Materia Civil, en vez de presentarla ante la Oficialía de Partes Común para turnarla de manera aleatoria entre los catorce juzgados de la especialidad.
Pero la jueza consideró que, por la “urgencia” del caso, ella debía resolver las medidas cautelares de inmediato, y solo después enviar el caso a la Oficialía de Partes.
Impiden la entrada al Azteca a los dueños de palcos que buscaban ingresar alimentos
Propietarios de palcos del Estadio CDMX intentaron ingresar bebidas y alimentos previo al Mundial, pero no se les permitió la entrada.
Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación de Palcohabientes, y el abogado Balfre Morales, acudieron a la puerta 1 del Estadio con la intención de que les dieran acceso junto con los dueños de palcos, pero nadie los atendió de primera instancia.
Minutos después se acercaron cuatro personas a la puerta para informarles que sus medidas cautelares ya no estaban vigentes.
“No se las va a permitir el acceso ya que sus medidas no están vigentes por lo que no están surtiendo efectos jurídicos, y no podemos permitirles el acceso porque el Estadio se rige por la reglamentación de FIFA desde el 13 de mayo”, le dijo un supuesto representante que no se identificó a Ruano.
“Porque ley se rigen, por las leyes de México o la FIFA?”, le respondió el vicepresidente, y el grupo que estaba al interior le repitió la misma información.
Con esto, la Asociación señaló que a ellos no los habían notificado, y que se iban a dirigir a los juzgados para seguir peleando por sus derechos.
Incluso analizan ya presentar una denuncia de daños perjuicios.
“Procederemos a las medidas que la ley establece”, sentenció el abogado.
Víctor Fuentes y Diego Martínez / Agencia Reforma
