4 junio,2022 4:58 am

Sucumben los gobiernos ante el crimen organizado al no confrontarlo: Abel Barrera

 

 

Parece “como si hubiera un pacto entre las autoridades y estos grupos para que se mantengan en ciertos lugares, siempre y cuando no avancen más allá del control territorial que ya tienen”, dice el director de Tlachinollan

 

 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 4 de junio de 2022. Los gobiernos federal y estatal han sucumbido ante los grupos de civiles armados que instalan retenes en las carreteras de Guerrero y a los que no desarma ni repliega para no generar una mayor confrontación social, declaró ayer el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández.

Dijo que se ve “como si hubiera un pacto entre las autoridades y estos grupos para que se mantengan en ciertos lugares, siempre y cuando no avancen más allá del control territorial que ya tienen” y agregó que eso es grave “porque quiere decir que no hay una estrategia para desmantelar a corto plazo a esos grupos que, en la mayoría de los casos son parte del crimen organizado”.

Añadió que ante la gravedad del problema, las autoridades de los tres órdenes de gobierno que confluyen en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que se reúnen todos los días debieran de intervenir porque son ellos los que saben dónde están los focos rojos.

Luego de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, minimizó el retén de personas armadas que instalaron un retén en la carretera de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, en el llamado Triángulo Durado de Sinaloa, en donde un grupo de reporteros que cubrían su gira fueron retenidos, Barrera Hernández se refirió a los filtros y retenes que se instalan en Guerrero.

Opinó que esto es parte de la descomposición social que se vive en el país; “lo que preocupa es que las fuerzas de seguridad del Estado se han replegado y no están atendiendo los focos rojos donde priva la inseguridad en varias regiones”, criticó.

Recriminó que los cuerpos de seguridad, en todo caso, se hayan reforzado para concentrar su acción contra el movimiento social; “contra las organizaciones que ejercen la protesta y hacen público su malestar por no ser atendidos, como pasó recientemente con los familiares de desaparecidos en Acapulco y en el Valle del Ocotito”.

El defensor de derechos humanos denunció que la Guardia Nacional y el Ejército ahora están más concentrados con todo su equpo antimotines para replegar a la población que protesta y contener cualquier acción que ponga supuestamente en riesgo la libre circulación de personas y automóviles, sobre todo en la autopista del sol.

Añadió que, mientras tanto, hay grupos de civiles armados que se hacen llamar policías comunitarias o ciudadanas que son las que tienen el control territorial.

Dijo que lo grave es que quienes asumen ese control en el territorio son parte del crimen organizado.

Incluso añadió que en las zonas rurales son estos grupos los que les dicen a los campesinos dónde pueden sembrar o donde les dan permiso, “y esto no por parte de la autoridad, sino por parte de los grupos de civiles armados”.

Frente a este problema, denunció que el gobierno federal ha sucumbido ante estos grupos de civiles armados “para no  generar una mayor confrontación social, por parte de estos grupos que tienen el control territorial, como que existe una estrategia de permitir que estas personas se mantengan en esos lugares a reserva de que no les generen más conflicto”.

Dijo que esto indica que “como que hay un pacto entre las fuerzas policiales y los grupos de la delincuencia organizada para que se mantengan en ciertos lugares, siempre y cuando no vayan más allá del control territorial que ya tienen”.

Opinó que esto es grave porque quiere decir que no hay una estrategia para desmantelar en corto plazo al crimen organizado.

En su opinión el grave problema debiera tratarse en la Mesa de seguridad que sesiona todos los días.

Añadió que estas instancias tienen que investigar porque el problema no solamente son los retenes, sino que en estos  hay detenciones ilegales, desaparición de personas, asesinatos, ejecuciones.

El defensor de derechos humanos agregó que no es posible que haya este tipo de grupos para dirimir conflictos por la vía de las armas y de la violencia, y al mismo tiempo para hacer demostraciones de fuerza y de control como una guerra declarada.

 

 

 

 

 

Texto: Zacarías Cervantes/Foto: Archivo