10 mayo,2021 8:16 am

Tras críticas de López Obrador ajusta la ASF a la baja el costo de la cancelación del NAIM

 

Ciudad de México, 10 de mayo de 2021. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) bajó a 113 mil 327.7 millones de pesos el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tras hacer una revisión a una primera auditoría que había cifrado este costo en 331 mil 996.5 millones de pesos.

Esta revisión se llevó a cabo luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara su desacuerdo con el dictamen de auditoría emitido en febrero, ya que era superior en 232 por ciento a los 100 mil millones de pesos que su administración estimó como costo por la cancelación.

En el nuevo documento, que no constituye una nueva auditoría ni sustituye a la emitida en febrero pasado como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF no contabilizó como costos las deudas contraídas a través de instrumentos financieros, ni los compromisos a futuro que deberá enfrentar el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por litigios en curso.

Los 113 mil 327.7 millones de pesos establecidos como costo de cancelación del proyecto del NAIM, refirió la ASF, están conformados por 93 mil 204 millones de pesos correspondientes a la “inversión ejercida en la construcción del proyecto y terminación anticipada de los contratos”, más 33 mil 885.3 millones de pesos por costos asociados a la “liquidación, recompra, prepago, gastos de operación, pérdidas en cambios y otros”, así como mil 244.8 millones de pesos de intereses por pagar no devengados.

Al total de esos tres conceptos, que ascienden a 128 mil 334.1 millones de pesos, la ASF descontó 15 mil 006.4 millones de pesos de ingresos financieros obtenidos de las inversiones de los recursos captados.

“Se determina el ‘costo del esquema de financiamiento, construcción y terminación anticipada de contratos del NAICM al 31 de diciembre de 2019’ en 113 mil 327.7 millones de pesos, monto al que en lo sucesivo nos referiremos como el ‘costo de la inversión en el NAICM’”, indicó.

Esta revisión, que estuvo a cargo del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, no incluyó como costos 91 mil 682.2 millones de pesos que corresponden a la liquidación de certificados CBFE (Fibra E) y 66 mil 520.2 millones de pesos de la colocación y recompra de bonos Mexcat.

Estos movimientos financieros, argumentó la ASF, se hicieron con los propios recursos que estaban disponibles en los fideicomisos que al cancelarse el proyecto se convirtieron en excedentes, por lo que en el caso de las recompras significa que se devolvió su inversión a los inversores y sólo se tuvo como costo lo correspondiente a intereses, comisiones y rendimientos.

“En conclusión, no puede considerarse como un ‘Costo’ la devolución o reembolso que se realiza a los inversionistas que adquirieron estos instrumentos financieros con las DISPONIBILIDADES que se convierten en EXCEDENTES a partir de la decisión de cancelar el proyecto; en consecuencia, no puede generarse un ‘Costo’ respecto a un recurso que no se erogó y que finalmente se devolvió o reembolsó a quienes invirtieron en este proyecto, por lo que lo único que constituye un “Costo” son los intereses, rendimiento objetivo y comisiones que se hayan pagado con motivo de estas inversiones”, indicó.

En la Auditoría presentada en febrero pasado sí están incluidos como costo los esquemas de financiamiento, además se contemplaron 168 mil 455.8 millones de pesos como costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación (la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso).

Que el presidente no presione ni intimide a jueces y magistrados, pide la Barra de Abogados

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la división de Poderes y la independencia de los jueces y magistrados que dan trámite a los amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios y Telefonía Celular (Panaut).

En un pronunciamiento, condenó los ataques contra la labor de Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, quien ya otorgó suspensiones a particulares contra la obligación de brindar datos al padrón.

“La Barra Mexicana de Abogados reitera su rechazo a cualquier medida de presión e intimidación que puede interferir la voz judicial de cualquier juzgador y de manera especial del titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomunicaciones”, expuso la BMA en un pronunciamiento firmado por su presidenta Claudia de Buen Unna.

De acuerdo con la agrupación de abogados, la obligatoriedad del registro del número de una línea telefónica móvil en el Panaut, y su cancelación en caso contrario, son inconsistentes con el artículo sexto de la Constitución, que considera que el Estado debe garantizar el derecho de los servicios de telecomunicaciones, los cuales deberán ser prestados de manera libre y sin injerencias arbitrarias.

“Para el registro al Panaut se requiere proporcionar datos biométricos, es decir, datos personales y únicos del usuario, lo cual implica una medida excesiva y desproporcionada en contra del artículo 16 de la Constitución, ello solamente ocurre en países con regímenes cuestionables en materia de Derechos Humanos”, estableció.

“La finalidad del Panaut consistente en colaborar con las autoridades en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos es contrario al principio de la presunción de inocencia en términos del artículo 20 de la Constitución”.

Ante esto, la BMA consideró que que existen los elementos suficientes para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) promueva una controversia constitucional contra el padrón.

El juez Gómez Fierro otorgó suspensiones provisionales y una definitiva contra la obligación de registrar una línea telefónica en el padrón móvil, iniciativa propuesta por el Gobierno federal y recientemente aprobada en el Congreso.

Además, ha brindado suspensiones a empresas y ciudadanos afectados por distintas iniciativas energéticas de la llamada Cuarta Transformación.

El pasado 21 de abril, el presidente López Obrador arremetió contra el juzgador y aseguró que está al servicio de las “minorías rapaces”.

Texto: Agencia Reforma