Acuerdan PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural juntar firmas para presentar la acción de inconstitucionalidad para que funcionarios públicos no hablen de la consulta del 10 de abril
Ciudad de México, 19 de marzo de 2022. Los grupos de oposición en el Senado presentarán acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que avala a servidores públicos la difusión de la consulta de revocación de mandato.
Con ello, los senadores también acordaron, como en Cámara de Diputados, juntar las firmas para presentar la acción de inconstitucionalidad, la cual requiere un tercio de firmas de los integrantes de la Cámara.
De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural, el decreto que hace una “interpretación” a la prohibición de difusión señala que no se considerará propaganda gubernamental las expresiones de funcionarios públicos.
Ello incluye a legisladores, gobernadores y demás servidores públicos, incluido el Presidente de la República, por lo que el decreto les permite promover la revocación de mandato, lo que está prohibido en la Constitución, advirtieron.
Señalaron que la reforma hecha a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Federal de Revocación de Mandato resulta en un fraude a la Constitución, con la finalidad de dejar sin materia los procesos judiciales derivados de las violaciones cometidas por los partidarios de Morena.
Los senadores de oposición advierten que, además de todo, el texto aprobado está mal hecho. Advirtieron que se incurre en un importante error en la lectura de las mismas leyes que busca interpretar.
Derivado de la reforma en materia de violencia política de género, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, el orden de los incisos del numeral 1 del artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue modificado para adicionar un nuevo inciso b.
Este inciso b) señala como infracciones a la Ley el “menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
“Esto no fue advertido por los iniciantes de la propuesta quienes, debido a la premura por modificar el texto y avalar una interpretación a modo, la elaboraron sobre el texto no reformado. Producto de este error es que el decreto en su artículo primero sobre la interpretación a la figura de propaganda gubernamental cita erróneamente el inciso b (violencia política de género) en vez del inciso c, que habla sobre propaganda gubernamental”.
Además, en el segundo artículo del decreto sobre la interpretación del principio de imparcialidad se indica de manera errónea el inciso c) sobre propaganda, en vez del inciso d) referente al principio de imparcialidad.
“Las oposiciones en el Senado señalaron este yerro. Sin embargo, en la cerrazón del oficialismo fueron ignoradas durante el debate. Por ello, por medio del presente comunicado queremos señalar que esto no es un error menor; no se trata de una confusión que pueda ser sujeta a cambios a posteriori, tampoco sería posible resolverlo con una fe de erratas o una aclaración.
Agregaron que no solo hay errores que no son reconocidos, sino que existe la intención de rebasar su alcance a través de un régimen transitorio con supuestas consecuencias jurídicas, entre ellas el deber de las y los legisladores, del INE y de las dependencias del Gobierno de emitir nuevas reglas.
“Es por ello que, las y los senadores del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural interpondrán la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presentarán la denuncia correspondiente ante el Órgano Interno de Control del Senado, por la ausencia de excusarse de conocer y votar un asunto del cual esperan derivar un beneficio personal en el procedimiento sancionador, al cual están sujetos por hacer propaganda gubernamental en el periodo prohibido por la Constitución”, se menciona.
La presentación de la acción de inconstitucionalidad requiere al menos 47 de los 128 senadores. El grupo de Oposición cuenta con 54 legisladores que firmarán el proyecto cuando se presente.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que su fracción firmará dos controversias.
Una contra la reforma a la Ley de Medios de Impugnación que cancela derechos de minorías política, y la que pretende darle manga ancha al Presidente para el uso de propaganda, de cara a la revocación de mandato.
“Como lo dije en tribuna, las acciones que empujan desde Palacio Nacional, por un lado buscan callar a las minorías y por otro darle todo el aparato de difusión al Gobierno para ocultar sus nulos resultados”, expuso.
Texto: Claudia Salazar / Agencia Reforma
