Alerta el Centro de derechos humanos de una precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión. Recalcan la relevancia del informe que el GIEI próximamente presentará
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2022. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que la renuncia del fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, evidencia una injerencia en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en 2014.
“La renuncia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR en la labor independiente que esta Unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”, alertó en un comunicado la organización.
“Ante la abundancia de información y posibilidad de que exista confusión, recalcamos la relevancia del balance que efectuará el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) próximamente, que como instancia internacional se encuentra en la posición más adecuada para fungir como fiel de la balanza”.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), también observó una intromisión al trabajo de Gómez Trejo, quien renunció a la UEILCA después de tres años y tres meses en el cargo.
“Mi reconocimiento, respeto y respaldo a Omar Gómez Trejo, quien representó de los poquísimos espacios de investigación independiente a DH. Las injerencias a su trabajo violan el derecho de los 43 y sus familias, y a la sociedad, a la verdad y a la justicia”, tuiteó la comisionada.
En su comunicado, el Centro Prodh sostuvo que la revelación de vínculos entre Guerreros Unidos e integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, es de primera relevancia y confirma la necesidad de que esa unidad militar rinda cuentas.
“También muestra los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres y la madres tenían absoluta razón al pedir que se investigara al Ejército”, expuso.
Un informe sin testar de la Comisión para la Verdad revela que, días después del asesinato de los 43, criminales junto a funcionarios de los tres niveles de Gobierno y del Ejército, operaron para desenterrar los cuerpos de los jóvenes en Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería.
Texto: Agencia Reforma
