DE NORTE A SUR
Silber Meza
La violencia sexual en el Ejército mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional es indignante, y tiene que detenerse. La investigación realizada por Zorayda Gallegos con una beca del prestigioso Pulitzer Center, editada por Ignacio Rodríguez Reyna y publicada esta semana en El Sur, Fábrica de Periodismo y El Universal, nos ha dado una muestra de lo que sucede en los cuarteles de forma sistemática y, desgraciadamente, impune en la mayoría de las ocasiones.
Después de leer las tres partes del reportaje, la reacción que más me ha asombrado es la de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que en vez de condenar lo que allí sucede, brevemente dijo tras una pregunta directa en la conferencia mañanera: “Sí, tiene su protocolo (para atender los casos en) la Sedena, y están haciendo buen trabajo”.
Sheinbaum, como su antecesor Andrés Manuel López Obrador, ha afianzado buena parte de su gobierno en las fuerzas armadas, y ha decidido no incomodar a sus generales y almirantes; muy por el contrario, les ha entregado grandes concesiones presupuestarias y de infraestructura: aeropuertos, trenes, aduanas y grandes centros turísticos, entre muchos otros.
El trabajo periodístico mencionado nos muestra que en los últimos 12 años la Fiscalía Militar ha abierto 525 investigaciones por violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual, sin embargo, únicamente en tres de cada 100 casos las víctimas obtienen justicia. La impunidad es aún peor cuando se trata de altos mandos, ya que ninguno de las decenas de generales acusados ha sido sentenciado.
La periodista Gallegos revisó 50 investigaciones del Órgano Interno de Control del Ejército, una veintena de expedientes judiciales, entrevistas con militares agredidas y las denuncias presentadas ante la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS), entre otros documentos.
Uno de los casos que se desarrolla en el extenso reportaje es el de Eustorgio Villalba Cortés, general Brigadier Diplomado de Estado Mayor acusado de violar a tres subordinadas militares, asi como de abusar y hostigar a dos más mientras era comandante general de la Octava Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas.
Villalba Cortés es un militar de alto rango, con mucho poder y relaciones, tantas que –se documenta investigación– en mayo de 2021 el propio secretario de la Defensa Nacional de entonces, Luis Cresencio Sandoval, agendó una cita con Arturo Zaldívar, en ese momento presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que intercediera en favor del militar acusado.
Lo que buscaba Cresencio era que el caso de Villalba abandonara el fuero civil para que se regresara al ámbito militar, pero esto no sucedió. Cuando la reportera consultó a Zaldívar sobre el encuentro, el exministro afirmó que nunca se había tratado ese tema.
“SE SOLICITE AL C. PDTE. DE LA SCJN que se admita el recurso de revisión y se resuelva que los hechos son de la competencia del fuero militar, en razón de que este tipo de conductas sí afectan la disciplina militar”, se lee en la agenda del exsecretario de la Defensa obtenida a través del hackeo del grupo Guacamaya, una filtración que fue confirmada por el entonces presidente López Obrador.
La única explicación entendible para mí con la información que se tiene es que Cresencio buscaba llevar el caso a una zona donde cuenta con más capacidad de acción, ya que en el ámbito civil sus posibilidades de influir son menores.
La agenda de esa ocasión, por cierto, involucraba otros temas que no desarrollaré en esta columna, pero que es importante mencionar, como aquella declaración del titular de la Secretaría de Marina de que parecía que el enemigo estaba en el Poder Judicial, o una indemnización que exigía a la Sedena el ejido Mulegé, localizado en Baja California Sur, entre otros.
El caso de Villalba en específico nos deja muy claro que, aunque en la Sedena se han creado manuales y protocolos para disminuir la violencia sexual contra mujeres al interior de la institución, ésta no se detiene y, al contrario, cuando se trata de generales de alto rango y poder se busca beneficiarles, así se le tenga que pedir el favor al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
